La Defensoría del Pueblo expresó este 1° de mayo su preocupación por la persistencia de vulneraciones a los derechos laborales y económicos en Bolivia, en un contexto marcado por el incremento de conflictos sociales vinculados a demandas de estabilidad, pago oportuno de salarios y condiciones dignas de trabajo.
A través de un comunicado difundido en el marco del Día Internacional de las y los Trabajadores, la institución señaló que, según su Reporte de Conflictividad del primer trimestre de 2026, las demandas relacionadas con derechos económicos, sociales y laborales se han consolidado como uno de los principales factores de conflictividad en el país. Este escenario, advirtió, refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos estatales de prevención, atención y respuesta.
La Defensoría recordó que la Constitución Política del Estado reconoce el derecho al trabajo digno, estable y libre de violencia o acoso laboral. Sin embargo, a más de 15 años de su vigencia, Bolivia aún no cuenta con una ley específica que regule y sancione el acoso laboral, lo que —según la entidad— limita el acceso de las víctimas a mecanismos efectivos de protección y reparación.
“El vacío normativo genera escenarios de indefensión que afectan la dignidad, la estabilidad emocional y la seguridad laboral de trabajadoras y trabajadores”, señala el pronunciamiento.
Si bien el Ministerio de Trabajo ha emitido disposiciones administrativas para atender denuncias de acoso laboral, la Defensoría considera que estas medidas no han logrado consolidar un marco integral que garantice el cese inmediato de estas conductas, su sanción y la reparación a las víctimas.
En ese contexto, la institución exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Órgano Ejecutivo a impulsar y aprobar una normativa específica contra el acoso laboral, en línea con los principios constitucionales y estándares internacionales de derechos humanos.
Asimismo, instó a entidades públicas y privadas a fortalecer políticas de prevención, atención y sanción frente a toda forma de violencia, discriminación y acoso en el ámbito laboral, asegurando procedimientos accesibles, transparentes y oportunos.
“La protección del derecho al trabajo digno es un pilar esencial de los derechos humanos y una condición fundamental para una sociedad justa”, remarca el documento.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso de velar por los derechos de las y los trabajadores, promoviendo condiciones laborales seguras y libres de violencia, en el entendido de que el respeto pleno de los derechos humanos es la base de una democracia sólida.