El agro vuelve al antiguo sistema de entrega de diésel mientras definen normativa

Un nuevo reglamento y un nuevo estudio de consumo definirán los volúmenes de diésel que próximamente recibirá el agro nacional para continuar con la producción de alimentos y para que no se debilite la seguridad alimentaria del país.

Tras reclamos constantes, un tractorazo y un bloqueo de tres días, agricultores movilizados firmaron con el Gobierno un acta de siete puntos en la que se reconoce que la venta de combustible para la producción de caña, soya y granos continuará enmarcándose en el Decreto 2243 (de 2015), que permite a los surtidores vender a los productores registrados de 121 a 1.200 litros de diésel por transacción, sin ponerle un límite a la cantidad mensual de compras.

“Se exigió y consiguió que la actividad agroproductiva siga trabajando bajo el Decreto 2243, que se va a reglamentar de manera más específica con la participación de estos sectores”, informó Fanor Fernández, titular de la Federación de Productores Cañeros del Norte Integrado de Santa Cruz, una de las agrupaciones movilizadas.

“Se les explicó que la actividad en el campo no se puede programar en función a la oferta de combustible”, indicó el dirigente.

Esta concesión es crucial, ya que el Decreto 4910 aprobado en abril de este año ratificaba que los surtidores podían vender a los productores registrados en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC) entre 121 y 1.200 litros de diésel por compra, pero limitaba la cantidad acumulada a un máximo de 5.000 litros por mes.

Los 5.000 litros son considerados insuficientes por los sectores productivos, que requieren de mayores cantidades del combustible para no reducir sus operaciones.

Las empresas forestales, por ejemplo, reportaron que necesitan entre 1.000 y 1.500 litros de combustible por día para mantener su maquinaria en funcionamiento. Volúmenes mayores solo los pueden adquirir de las estaciones de servicio y no de las plantas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que sí pueden vender desde 5.000 hasta 19.999 litros por mes, pero que no están cerca del área de trabajo de muchos de los sectores productivos.

El acuerdo entre el Gobierno y los productores contempla también un estudio técnico para determinar el consumo de combustible por hectárea para los sectores agrícolas que se abastecen en el marco del Decreto Supremo 2243, es decir, productores registrados de caña, soya y granos.

“Lo que se ha establecido es el uso de combustible por hectárea. Con los decretos 4910 y 4911 decían 80 litros por hectárea, cosa que es insuficiente. Técnicamente, el uso de combustible es de más o menos 150 litros por hectárea”, consideró Fernández.

Jaime Hernández, gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), informó que junto a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) pidieron un periodo de al menos 90 días de socialización del nuevo marco legal, para que los productores, principalmente pequeños, puedan tramitar su tarjeta de control, con la que podrán comprar mayores cantidades de combustible en los surtidores.

En ese tiempo, se deberá subsanar en la reglamentación “las observaciones y sugerencias realizadas para que estas normativas no afecten la actividad productiva, porque entendemos que la producción de alimentos debe ser una prioridad nacional”, agregó.

José Luis Farah, presidente de la CAO, detalló que para acceder a la tarjeta de registro los productores deben presentar cédula de identidad, título de propiedad, registro en el Régimen Agropecuario Unificado (de Impuestos Nacionales) y un croquis de propiedad.

Eliazer Arellano, titular del Grupo Norte de la Asociación de Productores Soyeros, consideró que los registros para la obtención de autorizaciones son costosas y “una pérdida de tiempo”. “Ellos ganan de estar sentados y tienen todo el tiempo del mundo, mientras que los pequeños productores no tenemos tiempo”, afirmó.

Sobre este punto, el acta de acuerdo menciona que el Gobierno conformará brigadas móviles para registro de los productores en áreas que serán coordinadas con esos mismos sectores.

Arellano desconfía, asimismo, de que el registro de las propiedades y maquinarias tenga como objetivo “sacar más impuestos” al sector.

Otro aspecto a tomar en cuenta es que el nuevo marco regulatorio de control en la comercialización de combustibles define la venta de hasta 120 litros al mes a productores sin tarjeta de control.

“Con 120 litros, estos dos decretos (4910 y 4911) no te permiten sembrar más de 10 o 20 hectáreas,”, calculó Arellano.

Ante esta situación, los productores sin tarjeta, principalmente pequeños, se dan modos para acceder al insumo. “Antes comprábamos uno, dos o tres barriles sin problema. Ahora, compramos con nuestro carnet, con el de la esposa, del sobrino, de otros parientes. Así estamos trabajando”, dijo Arellano, quien reconoció que otros productores dan coimas para que les vendan más, lo que es cada vez menos frecuente, ya que en los surtidores “tienen miedo de que los pillen o cierren”.

Otra preocupación, esta vez expresada por Anapo, es que las autorizaciones de compra de combustible emitidas por la DGSC serán mensuales, lo que no es acorde a la actividad productiva, cuyo consumo de diésel no es lineal sino que depende de los periodos de siembra o cosecha.

“Por eso, hemos pedido que estas autorizaciones de compra continúen siendo emitidas hasta 120 días, para que los productores puedan disponer del combustible en función a su necesidad de producción”, explicó Hernández.

La vigencia del registro en Sustancias Controladas, asimismo, se recortó de tres años a uno, “lo que implica mayores tramites y burocracia para la adquisición de combustible, porque también se deben hacer registros en la ANH y en YPFB, expresó el ejecutivo.

Farah lamentó que la nueva normativa de control en la venta de diésel y gasolina no se haya socializado con todos los sectores antes de su aprobación, lo que representa un riesgo para la continuidad de la producción de alimentos para el país.

El sector agropecuario no solo abastece el mercado interno, sino que es uno de los principales generadores de divisas para la economía, aseveró Fernández. “Estamos esperando que el Gobierno, a través de la ANH o YPFB o el Ministerio de Desarrollo Rural, nos convoque para las mesas de trabajo” del nuevo reglamento del Decreto 2243, apuntó.

Esto sucede mientras hay una polémica por el abastecimiento en el mercado interno. YPFB insiste en que hay cantidades más que suficientes de diésel, en tanto que sectores productivos reportan escasez o falta del combustible en distintos puntos del país.

Según Fernández, la lluvia redujo la demanda de diésel, ya que frenó la zafra y la siembra de caña, actividades que se retomarán en los próximos días, tras el cese de las precipitaciones pluviales.

“Como ha llovido mucho, hay diésel aquí en el norte, porque no podemos hacer nada. Apenas salga el sol, todos vuelven a trabajar y va a escasear, porque no hay dólares para comprar”, dijo Arellano.