El exfiscal de Sustancias Controladas Joadel Bravo Becerra cuestionó el desarrollo de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Arica (Chile) por el caso de la madera boliviana presuntamente contaminada con cocaína y advirtió que el proceso ya está generando graves perjuicios económicos y reputacionales para empresarios y exportadores, pese a que aún no existen imputaciones formales.
Bravo, quien trabajó durante diez años en el Ministerio Público de Bolivia, reveló que asumió la defensa de un empresario chileno radicado en Bolivi,a cuya carga fue retenida en el puerto de Arica después de haber superado los controles aduaneros y fitosanitarios tanto en Bolivia como en Chile.
Según explicó, el contenedor permaneció retenido desde octubre del año pasado, mientras el propietario no ha sido citado, imputado ni convocado a declarar por la Fiscalía chilena.
"Le indican que solamente es una persona de interés dentro de la investigación, pero hasta ahora no ha tenido ninguna participación efectiva en el proceso, pese a haber contratado abogados en Chile", sostuvo.
El jurista afirmó que la situación llevó al empresario a la quiebra debido a la paralización de sus operaciones comerciales y al daño causado a su reputación.
"Ha tenido que soportar ser señalado como un posible narcotraficante. En el ámbito comercial eso es devastador para una persona que no ha sido declarada culpable de ningún delito", manifestó.
Bravo señaló que el caso guarda similitudes con la investigación desarrollada en Brasil por un supuesto cargamento de madera contaminada con droga, aunque destacó diferencias en la forma en que actuaron las autoridades de ambos países.
Recordó que las autoridades brasileñas anunciaron inicialmente una de las mayores operaciones antidroga de su historia; sin embargo, tras los análisis de laboratorio concluyeron en pocas semanas que la sustancia encontrada no correspondía a cocaína, lo que permitió liberar los camiones retenidos.
"Brasil actuó rápidamente. Los laboratorios descartaron la presencia de droga y los vehículos fueron liberados. Eso no está ocurriendo en Chile", afirmó.
El exfiscal explicó que la legislación chilena permite mantener una investigación bajo reserva durante un plazo de hasta seis meses, con posibilidad de ampliación, lo que —según dijo— limita la participación de los afectados y dificulta el ejercicio pleno del derecho a la defensa.
En ese contexto, sostuvo que los empresarios bolivianos involucrados han manifestado públicamente su disposición de colaborar con la investigación e incluso solicitar una contrapericia independiente, aunque hasta el momento no han podido impulsar actos investigativos dentro del proceso.
Bravo también aseguró que existen certificaciones técnicas emitidas por organismos europeos que ponen en duda la principal hipótesis planteada por los investigadores chilenos.
"Hemos encontrado certificaciones europeas que establecen que es prácticamente imposible que la droga haya sido introducida en el interior de la madera como sostiene la investigación chilena", afirmó.
Las declaraciones del exfiscal se producen en medio de una creciente controversia por el denominado caso de las "narcomaderas", que ha generado cuestionamientos de empresarios, autoridades bolivianas y representantes del sector forestal, quienes consideran que la investigación ha provocado un fuerte deterioro de la imagen internacional de la industria maderera y amenaza las exportaciones nacionales, mientras la Fiscalía de Arica mantiene abiertas las diligencias.