Fassil: Unidad de Investigaciones Financieras sostiene que sus informes no se constituyen en prueba
Un comunicado desacredita las denuncias de un asambleísta opositor . Los informes de la UIF se remiten a la Fiscalía y/ o a las autoridades competentes.
Tras conocerse la investigación a 50 empresarios en el marco del caso Banco Fassil, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) explicó que sus “informes de inteligencia financiera y patrimonial, y toda la información relacionada a éstos son confidenciales, no constituyen prueba y su uso es exclusivo del Ministerio Público y de las autoridades competentes”.
“Cuando la UIF identifica una operación que le permite inferir que existen indicios vinculados a los delitos de legitimización de ganancias ilícitas o financiamiento del terrorismo remite un informe de inteligencia financiera y patrimonial al Ministerio Público y/ o a las autoridades competentes”, indica la institución pública en un comunicado.
Este informe “es de carácter indicitario, sirve para orientar la investigación penal y no constituye una denuncia, toda vez que el Ministerio Público podrá disponer el inicio de una investigación”, finalizó la entidad autónoma, que está bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
La UIF realizó esta aclaración para responder al un diputado de Comunidad Ciudadana. El legislador afirmó que esa institución técnica “guarda un silencio cómplice”, porque “no denuncia a los empresarios que se beneficiaron con los créditos vinculados de Fassil”.
El viernes, el diputado Rolando Cuéllar, vicepresidente de la brigada parlamentaria del MAS en Santa Cruz, informó que la UIF identificó a “50 empresarios” que recibieron créditos vinculados del Banco Fassil.
“Nosotros estamos investigando a 80 personas”, remarcó. ““Nosotros, como diputados nacionales, creemos que faltan algunos nombres empresariales. Estamos recabando más información para que formalicemos la demanda penal por terrorismo. Han lavado dinero del Banco Fassil. Estamos investigando los créditos”, sostuvo.
El cuarto banco más grande del país fue intervenido el 26 de abril pasado, a través de la Resolución 539/2023, que determinó la suspensión total de sus operaciones por 30 días calendario, periodo que puede ser prorrogado por una sola vez, hasta que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) “revoque la licencia de funcionamiento” de Fassil.
Desde el principio, las reguladora y el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros insistieron en que la causa de intervención fue la falta de liquidez de Fassil para devolver el dinero de sus ahorristas, pero luego las autoridades comenzaron a sostener que la intervención se debía también a malas prácticas de ese banco.
El viernes, en un comunicado emitido ayer viernes, la autoridad financiera, ratificó que la intervención “fue producto de las malas prácticas de los ejecutivos y directivos”, del banco, “y, sobre todo, de los manejos irregulares de los negocios comerciales y empresariales de los accionistas y directivos de su grupo empresarial, los cuales están fuera del ámbito de competencia de la labor de supervisión de ASFI”.
Cuéllar pidió también investigar al expresidente Evo Morales porque, según él, fue durante su gestión cuando Fassil obtuvo la autorización para poder incrementar su capital y lograr un crecimiento exponencial.
Ahora, “gracias el presidente Lucho (Luis Arce) y David (Choquehuanca) se va descubriendo a esta organización criminal. La UIF y la ASFI entre 2017 y 2019, durante la gestión de Evo Morales, debe responder”, dijo.
El 15 de mayo, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó que en la gestión 2020, durante el gobierno de Jeanine Añez, “y en menos de un año, el Banco Fassil incrementó su capital social en cerca de Bs106 millones con la autorización de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero”.
El ministro detalló que “el 2019, cuando el actual presidente Luis Arce Catacora ocupaba el cargo de Ministro de Economía y Finanzas Públicas, ASFI recibió una solicitud del Banco Fassil, para incrementar su capital en más de Bs 87 millones, sin embargo, la entidad no demostró el origen de estos fondos y en consecuencia, la Autoridad de Supervisión rechazó el registro contable”.
