La Cumbre Nacional Minera debía ingresar este jueves en su segunda jornada de debates. Pero eso nunca ocurrió. El encuentro, convocado por el Gobierno para discutir una nueva política minera y avanzar hacia una nueva ley del sector, ni siquiera logró instalarse bajo el formato originalmente previsto. Las diferencias entre organizaciones cooperativistas obligaron al Ministerio de Minería a reemplazar la reunión plenaria por encuentros sectoriales, dejando al descubierto un problema que, según dos especialistas consultados por EL DEBER, era previsible.
Para el experto en minería Héctor Córdova, el primer error fue metodológico. El Gobierno pretendía reunir alrededor de 800 participantes distribuidos en apenas cuatro mesas de trabajo, es decir, cerca de 200 personas por mesa. En esas condiciones, sostiene, era prácticamente imposible construir consensos sobre uno de los sectores más complejos de la economía boliviana.
Córdova considera además que la convocatoria fue incompleta. A su juicio, una reforma minera no puede limitarse a reunir cooperativas, empresas privadas y operadores estatales. También debían participar gobernaciones, municipios, universidades, comunidades indígenas y campesinas, además de organizaciones de la sociedad civil, porque la minería tiene impactos económicos, sociales y ambientales que trascienden a los propios productores.
Pero el cambio de metodología solo expuso un problema más profundo. El economista Dante Pino sostiene que detrás de la disputa entre la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) y la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol) existen intereses económicos de gran magnitud. Recuerda que la minería exporta alrededor de 3.700 millones de dólares al año, por lo que la discusión sobre la representación del sector también implica disputar espacios de poder e influencia sobre una de las principales actividades generadoras de divisas del país.
Las cifras ayudan a entender la magnitud del conflicto. Según Pino, las cooperativas producen el 58% de la producción minera nacional, pero aportan apenas el 0,2% de la recaudación tributaria del sector. En contraste, las empresas privadas generan el 35% de la producción y pagan el 98% de los impuestos, mientras que la minería estatal participa con el 6% de la producción y contribuye con el 1,5% de los tributos.
Para Córdova, ese crecimiento del sector cooperativo también explica buena parte de las tensiones actuales. Afirma que las cooperativas han incrementado de manera sostenida su peso dentro de la minería boliviana y que, desde hace varios años, han logrado imponer parte de su agenda gracias a la flexibilidad mostrada por distintos gobiernos frente a sus demandas.
En ese contexto, ambos especialistas coinciden en que la discusión sobre una nueva Ley Minera difícilmente podrá avanzar si antes no se resuelven las diferencias internas del propio sector. El objetivo del Gobierno era abrir un espacio de diálogo para revisar el régimen tributario, la estructura institucional y el futuro de la actividad minera. Sin embargo, la cumbre terminó evidenciando que los desacuerdos políticos, económicos y corporativos comenzaron mucho antes del inicio de las deliberaciones.
Más que el fracaso de un evento, la fallida instalación de la Cumbre Nacional Minera expuso la enorme dificultad que enfrenta el Estado para construir consensos en torno al principal sector exportador de Bolivia. La discusión ya no pasa únicamente por una nueva ley, sino por definir quiénes tendrán mayor influencia en un negocio que mueve miles de millones de dólares al año y cuyo peso económico crece al mismo ritmo que aumentan sus tensiones internas.
A continuación, las declaraciones de Héctor Córdova: