En Bolivia, el crédito externo a fines de 2021 sumó $us 12.697 millones. La deuda al TGN fue de $us 14.303 millones. Analistas piden equilibrio en gastos del Estado

18 de diciembre de 2022, 4:00 AM
18 de diciembre de 2022, 4:00 AM


Los países en América Latina están extremadamente endeudados tras la pandemia y la única fuente de financiamiento que tienen son los impuestos -que en su mayoría aporta la clase media de las naciones- advirtió el especialista internacional en temas tributarios, Pedro José Arrieta.

El analista planteó que el tema tributario cada vez se pone más complejo porque la principal fuente de recursos de los gobiernos quedó diezmada después de la pandemia, a tiempo de precisar que hoy en día, tanto el crédito con la banca interna como con la externa es compleja y en muchos casos inexistente por las condiciones exigidas para obtener recursos desde el exterior.

En este contexto, Arrieta hizo ver que la única fuente cautiva de captación de recursos que tienen los gobiernos de Latinoamérica son los ciudadanos, entre los cuales están quienes integran la llamada clase media.

“La clase media no tiene salvación de ninguna índole porque estamos aprisionados por el sistema fiscal, porque aparecemos en todos los movimientos que hagamos, clase media hacia abajo digamos, no tiene tanto movimiento, no aparece por la banca, no aparece en el comercio porque se trabaja de manera informal”, subrayó.

Sobre el tema, el economista Mauricio Ríos García, indicó que pensar que los impuestos pueden ser una opción para generar ingresos al Estado es considerar que la región tiene economías altamente formales algo que a su criterio no sucede, especialmente en Bolivia. 

Ríos García remarcó que en el país hay demasiados impuestos y son muy complejos para el grueso de la población, por lo que pensar que su incremento puede ser una ‘billetera’ válida para hacer frente a la deuda es no tener en cuenta que más del 80% de la economía boliviana no tributa.

Para el economista, el recorte del gasto público es una opción más factible, ya que considera que es un error estimular la demanda interna agregada, un segundo paso es que el Gobierno reconozca que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo está agotado, por lo que es urgente volver a la libertad económica con un enfoque de crecimiento a largo plazo.

“En la medida que el país tenga una economía híper-regulada e intervenida, lo cual implica tener un régimen fiscal altamente voraz, la capacidad para generar riqueza de sus empresarios será cada vez menor, la informalidad cada vez mayor, y los grandes capitales seguirán huyendo del país en busca de refugio y donde mejor se los trate y reciba”, remarcó Ríos. 

Germán Molina, analista económico, hizo notar que en Bolivia no es evidente que la única fuente sean los impuestos, además precisó que el país necesita ampliar la base tributaria y no la creación de nuevos impuestos o la elevación de las alícuotas de los impuestos existentes. 

Por ejemplo, los cooperativistas mineros auríferos que tenían que pagar un impuesto del 7,5% la rechazaron y con medidas de presión consiguieron llegar a un acuerdo para pagar solo el 4,8%, observó Molina.

El economista hizo foco en cómo el Gobierno en su afán de conseguir liquidez entró en la espiral de la deuda externa, ya que a partir de 2012 se emitieron los Bonos Soberanos por $us 500 millones, a 10 años plazo y un interés anual del 4,8%. En 2013, se efectuó una segunda emisión de Bonos Soberanos por otros $us 500 millones, a un plazo de 10 años y un interés anual del 5,95%. Una tercera emisión se realizó en 2017 por otros $us 1.000 millones, a 11 años de plazo y un interés anual del 4,5%. 

Para la gestión fiscal del 2021 se aprobó en la ley de Presupuesto General del Estado (PGE) la autorización al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la emisión de bonos soberanos por $us 3.000 millones, que no se concretó, y para 2022 se programó una nueva emisión por un monto de $us 2.000 millones, y solo se logró colocar $us 850 millones a ocho años de plazo y un interés anual del 7,5%, por lo que a criterio de Molina cada vez es más caro endeudarse.

La economista Anna Ivanova, puntualizó que los bancos centrales en la región han actuado sin demora y han mantenido ancladas las expectativas de inflación a largo plazo y considera que hacia adelante, la política monetaria debe mantener su curso y no relajarse prematuramente. Ivanova subrayó que la política fiscal debe centrarse en recomponer el margen de maniobra disponible para la aplicación de políticas económicas, donde sea necesario. Esto exigirá reducir el gasto público, mejorar el diseño de los sistemas tributarios y fortalecer los marcos fiscales para lograr una disciplina sostenida.

La deuda pública en Bolivia

Según el Banco Central de Bolivia (BCB), el crédito externo multilateral y bilateral a fines de 2021 sumó $us 12.697 millones, mientras la deuda adquirida por el Tesoro General de la Nación (TGN) se estableció en $us 14.303 millones.

Desde 2012 de forma consecutiva, los montos de la deuda pública externa siempre se mantuvieron por encima de la nacional, hasta que en la gestión pasada la deuda del TGN con el BCB y las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP), fue mayor en $us 1.600 millones.

René Martínez, analista de la Fundación Jubileo, señaló que el fuerte incremento de la deuda pública interna se da entre 2019 y 2020, cuando pasa de $us 6.452 millones a $us 10.356 millones.

Jaime Dunn, analista financiero, precisó que a consecuencia de la pandemia los países optaron por políticas fiscales y monetarias flexibles, inyectando dinero a la economía y para hacer eso necesariamente las naciones se han endeudado. Para el economista esto era algo previsible, pues hasta los organismos multilaterales flexibilizaron los requisitos para que los países puedan acceder al crédito de forma masiva y esto provocó que la deuda a escala mundial haya crecido en 200%.

El analista considera que para reducir la deuda pública que en la actualidad llega a los $us 33.000 millones y representa un 80% con respecto al PIB, el Gobierno debe reducir el gasto público, ampliar la base tributaria incorporando a los informales y comprender que el modelo de redistribución de los excedentes ya no es el adecuado.