El MAS dice que esa operación financiera no contó con la aprobación del Legislativo y por este caso promueve un juicio contra la expresidenta Áñez y otros funcionarios

14 de julio de 2021, 9:33 AM
14 de julio de 2021, 9:33 AM

El exministro de Economía, José Luis Parada, señaló la noche del martes que el desembolso de $us 327 millones que logró el gobierno transitorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) no requería una autorización específica del Legislativo porque tenía el aval de la Constitución y de la Ley Financial, presupuestada por el último gobierno de Evo Morales.

“Hemos trabajado con el presupuesto que ellos han dejado”, afirmó la exautoridad en una entrevista que concedió a la Red Uno en la que expresó su postura respecto al juicio de responsabilidades que impulsa el Movimiento Al Socialismo (MAS) contra la expresidenta Jeanine Áñez y varios funcionarios de su gobierno, precisamente por esa operación.

En este caso, el MAS planteó una acusación ante la Fiscalía por incumplimiento de deberes formales porque denunció que ese desembolso debía contar con una autorización de la Asamblea Legislativa.

Parada, quien ya declaró en este proceso ante la Fiscalía, precisó que la Ley Financial (Presupuesto) de 2019 tenía una asignación de $us 1.500 millones sin una fuente de financiación y autorizó al Ejecutivo a contratar, hasta ese monto, una “deuda pública para el apoyo presupuestario” a través de donaciones, préstamos y otras operaciones financieras.

Ante la emergencia global provocada por la pandemia de coronavirus, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó, en enero de 2020, un respaldo financiero, a través de la adquisición de Derechos Especial de Giro (DEG), para 83 países, siguiendo los canales regulares que aplica la entidad multilateral en el mercado de valores.

El exministro explicó que en el caso de Bolivia, el gobierno de Áñez emitió la declaración de emergencia sanitaria el 17 de marzo sobre la base de los artículos 18 y 35 de la Constitución que establece el derecho al acceso a la salud y la obligación del Estado para solventarla.

“Eso está en la Constitución y estaba allí desde antes que se conozca que la pandemia de coronavirus iba a llegar a Bolivia”, afirmó Parada, quien aseguró que ese fundamento se empleó para buscar recursos en los mercados internacionales de valores y de ese modo acceder a $us 327 millones “que representan el 22% de lo que se autorizó”.

“No hemos violando ningún artículo con la contratación de los recursos porque si es para la salud, es una prioridad financiera para el Estado”, remarcó el exministro poco después de recordar que al tiempo que el Legislativo, en ese tiempo con el poder de los dos tercios, aprobó dos leyes que exigían la asignación de recursos para atender la emergencia

Citó los bonos que pagó el gobierno de transición así como el apoyo financiero para la atención de los enfermos de Covid-19, cuya recuperación debería ser solventada por el Estado.

Pero el Ministerio Público, a través del Tribunal Supremo de Justicia, ya solicitó al Legislativo la autorización para procesar, en un juicio de responsabilidades por este caso, a la expresidenta Jeanine Áñez quien está detenida desde marzo, pero por un juicio ordinario llamado “golpe de Estado”.

Por el caso FMI, la Fiscalía también promovió un proceso ordinario. Por este caso, el exviceministro de Tesoro y Crédito Público Carlos Schlink fue detenido. Según el secretario de la Fiscalía, Edwin Quispe, el crédito “habría afectado a la economía del país”.

“La pandemia es muy seria y se requiere un gran acuerdo nacional y con los juicios no nos van a llevar a nada bueno. El problema es mucho más complejo”, afirmó Parada al tiempo de abogar por la liberación de Schlink.