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El Colegio de Economistas de Santa Cruz observa que las asignaciones de recursos que contempla el Presupuesto General del Estado 2022 (PGE) para municipios y gobernaciones están por debajo de sus gastos, lo que provocará déficit en los gobiernos subnacionales.

En este sentido, reparan en la alta concentración de los ingresos en el Gobierno central, porque más del 85% de los ingresos del Estado están concentrados en los órganos centrales y las empresas públicas, dejando un margen del 4,2% para los Gobiernos Autónomos Departamentales (0,8%) y Municipales (3,4%). 

“Los órganos centrales y las empresas públicas tendrán balances superavitarios; contrariamente, las demás instituciones públicas tendrán gastos fiscales por encima de sus recursos (deficitarios). El déficit en los Gobiernos Autónomos Departamentales será de Bs 5.868 millones (cuatro veces más que los ingresos a percibir), y en los Gobiernos Autónomos Municipales será de Bs 8.406 millones (dos veces más que los ingresos a percibir)”, explican desde el ente colegiado.

Asimismo, la entidad objeta algunos ítems que incluye el proyecto de Ley 004 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2022. Insinúan que se utilizan supuestos irreales sobre el contexto internacional, reparan en la alta concentración de los ingresos en el estado central de gobierno, el ilusorio superávit fiscal de las empresas públicas y el aumento en el financiamiento interno para apoyar la continuidad de la reconstrucción de la economía.  

La organización colegiada advierte que se utilizan supuestos irreales sobre el contexto internacional, dado que el PGE 2022 subestima en un 24% el precio del petróleo ($us/Bbl). Infieren que el West Texas Intermediate (WTI) pronostica un precio de 66,42 $us/Bbl (a comparación de 50,47 $us/Bbl del PGE 2022) y del Brent de 70,05 $us/Bbl.

Por lo tanto, deducen que el subsidio al combustible (diésel y gasolina) podría incrementarse de manera sustancial en detrimento de la planificación de los recursos económicos en el PGE.

Advierten alta susceptibilidad de la proyección de los ingresos fiscales al crecimiento económico, pues acotan que se podría estar sobreestimando la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, ya que organismos internacionales (Cepal, FMI y BM) señalan que el crecimiento económico de Bolivia en 2022 fluctuará entre el 3,5 y el 4%, un 1,1% por debajo del proyectado en el PGE 2022 (5,1%). “El mismo se trasladaría a menores niveles de ingresos fiscales ampliando el déficit fiscal del 9,7% (como porcentaje del PIB)”, mencionan.

Hacen notar, además, el ilusorio superávit fiscal de las empresas públicas, porque entre 2012 y 2019 acumulaban pérdidas de Bs 29.313 millones. Indican que solo en 2020 hubo un superávit global, explicado por las restricciones y confinamiento producto de la pandemia Covid-19 (paralizaciones de las actividades económicas y ejecuciones de la inversión pública).

En el repaso y análisis del PGE 2022, también observan el incremento en 27,5% del financiamiento interno para apoyar la continuidad de la reconstrucción de la economía, llegando a representar un cuarto de todo el ingreso presupuestado del PGE 2022. 

“Esto podría desplazar recursos financieros de la economía boliviana hacia la ejecución pública, en detrimento de la inversión privada, dada la escasez relativa que generaría en los recursos financieros. Seguimos siendo el país sudamericano con mayor inversión pública (respecto al PIB) y con la menor inversión privada, a esto se le suma, la ineficiencia del gasto público donde ocupamos el tercer lugar en la región después de Argentina y El Salvador (BID, 2021)”, anotan desde el Colegio de Economistas.

Ayer, la presidenta de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores, Eva Humérez (MAS), informó de que el proyecto de Ley 004 del PGE 2022 fue aprobado por unanimidad en esa instancia legislativa.

La sesión contó con la participación del viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, quien aclaró y despejó dudas sobre el contenido del proyecto que fue aprobado sin ninguna modificación. Según dijo, la norma destina la mayor cantidad de recursos económicos para atender temas de salud, educación y, principalmente, para la reactivación económica.

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