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El proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado (PGE-2021) consolidado contempla un crédito de hasta Bs 500 millones para capital de operación a las empresas públicas del nivel central del Estado. La decisión es observada por economistas que objetan la inyección de capital a empresas, cuya eficiencia y rentabilidad genera recelo.

El artículo 16 autoriza al Banco Central de Bolivia (BCB) otorgar un crédito extraordinario de hasta Bs 500 millones, a favor del Tesoro General de la Nación para constituir un fideicomiso destinado a la otorgación de créditos de capital de operación a las empresas públicas.

En los anexos se aclara que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas suscribirá un contrato de fideicomiso con los recursos mencionados, a ser administrado por el Banco de Desarrollo Productivo (BDP-S.A.M.) en calidad de fiduciario. Las condiciones para la constitución y administración del fideicomiso, así como las condiciones para la otorgación de los créditos serán establecidas en un decreto supremo y la protocolización de los contratos de constitución, administración, adendas, préstamos de dinero o mutuo y extinción del fideicomiso, estará exenta del pago de aranceles.

Las empresas públicas representan en el presupuesto consolidado de recursos el 31,6% de los cuales sólo administran para sus gastos de operaciones e inversión el 28,5%. Los órganos del Estado generan el 53,3% del total de los recursos del Gobierno, de los cuales destina un 36,7% a sus principales obligaciones como educación, salud, Policía, Fuerzas Armadas, políticas sociales como los bonos, incrementos salariales, subvenciones y otros que realiza a escala nacional.

No ven prudencia económica

Para el economista Wálter Morales, se debe tener debida consideración en el financiamiento a iniciativas estatales sin viabilidad para no volver a caer en la situación actual que tiene empantanadas las finanzas públicas de forma estructural.

A su juicio, no es económico ni legalmente recomendable continuar destinando recursos a empresas públicas, sin una evaluación integral e independiente con expertos, sin conflicto de interés, que validen la performance y las perspectivas, y se conformen esquemas de control y gobierno corporativo sólidos.

José Alberti, expresidente del Colegio de Economistas de Santa Cuz, ve con preocupación que se esté obligando al BCB a entregar nuevamente créditos extraordinarios, sin ninguna garantía de retorno, a las empresas públicas totalmente inviables, corruptas, ineficientes y que han servido para botín político.

“El costo de oportunidad de suministrar dinero a las firmas públicas para pagar sueldos y salarios (capital operativo) va en detrimento de canalizar esos recursos para financiar a cientos de mypes que pueden generar más producción y empleo sostenible”, dijo Alberti.

Deduce una mayor concentración y manejo de recursos económicos desde nivel central profundizando el centralismo en detrimento de gobernaciones, municipios y universidades públicas.

José Gabriel Espinoza, economista, cree que la inyección de capital de operación a las empresas estatales genera una carga muy fuerte al BCB y pone en riesgo la estabilidad macroeconómica. “El financiamiento interno es bastante alto -más de Bs 40.000 millones-, significa que el sector privado va a competir de manera asimétrica con el Gobierno por los escasos recursos que se tiene hoy día en la economía. Aparte, el BCB tendrá que cargar con el sostenimiento de las empresas públicas”, expuso, al inferir que ve en el PGE una serie de medidas ‘parche’ y una falta de plan de acción para la recuperación de la economía en 2021.

El exministro de Economía, Branko Marinkovic, aduce que la mayoría de las empresas públicas son deficitarias y que el actual régimen está volviendo al estatismo y despilfarro cuando se pagaban $us 3.500 millones en salarios.
El titular del BCB, Edwin Rojas, citado en ABI, proyecta un crecimiento económico del 4,8% en 2021.

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