Entre mayo y junio, el kilo de pollo se vendió hasta en Bs 10 en mercados de Santa Cruz. Iber Gutiérrez, productor avícola, explicó que la caída respondió a la sobreoferta generada por los bloqueos en los 53 días de conflicto. En ese tiempo, las granjas cruceñas no pudieron enviar su producción al occidente y el producto quedó concentrado en el mercado local, mientras en La Paz y otras ciudades los precios subieron por la escasez.
“Estábamos vendiendo por debajo de nuestros costos de producción”, afirmó Gutiérrez. Superados los bloqueos, el sector enfrenta ahora la falta de diésel para movilizar alimento balanceado, trasladar aves y sostener la logística de las granjas.
El productor advirtió que, si el abastecimiento no mejora, muchas unidades reducirán o suspenderán la carga de pollitos bebé y la producción nacional podría caer hasta en un 40%. El efecto no será inmediato, pero una menor carga de aves reducirá la oferta y volverá a presionar los precios para el consumidor.
La crisis también alcanza al arroz. La productora Ana Isabel Ortiz afirmó que la imposibilidad de cosechar a tiempo y el sobrecosto de comprar diésel en el mercado negro empujaron al sector a una “agonía financiera y operativa”. Ortiz estimó pérdidas superiores a los $us 40 millones y aseguró que unas 20.000 familias terminarán la campaña endeudadas y sin capital suficiente para volver a sembrar.
Según Ortiz, la falta de recursos para la próxima campaña puede reducir la superficie cultivada y afectar la oferta futura.
La caña de azúcar atraviesa una situación similar. Ruddy Rodríguez, presidente de la Unión de Cañeros de Unagro, aseguró que la zafra opera apenas entre el 15% y el 20% de su capacidad por falta de combustible. Recordó que el Gobierno comprometió unos 70 millones de litros de diésel para la campaña, pero señaló que el suministro aún no llega con regularidad.
Rodríguez advirtió que cada jornada de retraso compromete la producción de azúcar, los 260 millones de litros de etanol previstos para 2026 y los contratos de exportación. El perjuicio puede traducirse en menos divisas y más importaciones de gasolina si disminuye el biocombustible.
El alcalde de Cuatro Cañadas, Johan Bergen, afirmó en una entrevista con el programa ¡Qué Semana! de EL DEBER Radio, que la falta de diésel es el problema más urgente en esa zona productiva. “Nos afecta en la gestión municipal, pero también a los productores, que no pueden llegar con regularidad a sus propiedades”, señaló.
En Cochabamba, el presidente de la Cámara Agropecuaria departamental, Rolando Morales, señaló que la escasez de diésel retrasó la campaña agrícola de invierno y afecta la siembra de hortalizas. Cada semana perdida, explicó, reduce las posibilidades de cumplir plazos.
“No hay diésel más caro que el que no existe”, resumió Morales. Según el dirigente, el sobreprecio se traslada a la cosecha, el transporte y la comercialización, aunque detener la maquinaria puede generar más pérdida.
Desde YPFB, su presidente, Sebastián Daroca, aseguró que el abastecimiento se normalizará gradualmente a medida que se restablezcan los ciclos de transporte y distribución, alterados durante los bloqueos, y concluyan los controles de calidad previos al despacho. Los productores no discuten que el combustible ingrese al país. Según el presidente de Confeagro, Klaus Frerking, el problema es que no llega a tiempo al campo.
“La vaca no espera para ser ordeñada, el pollo no deja de comer y la caña no puede quedarse en el campo”, afirmó Frerking. Para el sector, cada día sin diésel implica menor producción, menos exportaciones, caída de divisas y un riesgo alimentario.
El experto Carlos Delius sostuvo a EL DEBER que la crisis no se resolverá con decretos ni con una ampliación temporal de la subvención. El Gobierno de Rodrigo Paz aplicó desde diciembre de 2025 un nuevo régimen de subvención a los carburantes y decidió mantenerlo durante seis meses más. Sin embargo, el mecanismo continúa dependiendo de la disponibilidad de dólares para importar gasolina y diésel, en un contexto marcado por la escasez de divisas.
Para Delius, extender el esquema equivale a “patear el tarro” durante otros seis meses, porque no resuelve el problema estructural de financiamiento ni garantiza las divisas para sostener las compras externas.
El especialista planteó un acuerdo político para institucionalizar YPFB, redefinir su papel y modificar aspectos de la Constitución que, en su criterio, frenan la inversión extranjera. También planteó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a financiamiento y recomponer las reservas necesarias.
Según Delius, las nuevas leyes de hidrocarburos e inversiones tendrán efectos limitados si no están acompañadas por cambios constitucionales, garantías para los inversionistas y mecanismos internacionales de resolución de controversias en un escenario de seguridad jurídica
Delius sostiene que las reformas solo darán resultados con consenso político, financiamiento externo con un programa del FMI y más inversión.