El Comité de Defensa del Productor (Codepro), junto a pequeños y medianos productores agropecuarios de Santa Cruz, expresó este martes su respaldo a la vigencia de la Ley 1720 y rechazó los pedidos de abrogación impulsados por sectores que cuestionan la norma por supuestos riesgos sobre la propiedad de la tierra.
En un pronunciamiento público difundido desde Montero, la organización sostuvo que la ley representa una herramienta para mejorar el acceso al financiamiento formal de miles de productores que actualmente no pueden obtener créditos bancarios pese a contar con tierras tituladas y productivas.
“Actualmente, miles de productores no pueden acceder a créditos bancarios porque sus tierras, aunque están legalmente tituladas y son productivas, no pueden ser utilizadas como garantía”, señala el documento.
Según Codepro, esta situación obliga a muchas familias rurales a recurrir a préstamos informales con tasas de interés elevadas, lo que deriva en endeudamiento, pérdidas económicas e incluso la venta de tierras en escenarios adversos como sequías, inundaciones o crisis productivas.
La organización afirmó que la Ley 1720 permitirá a los pequeños agricultores acceder de manera voluntaria al sistema financiero formal para invertir en maquinaria, sistemas de riego, tecnología, semillas y fertilizantes, con el objetivo de fortalecer la producción y la seguridad alimentaria del país.
El pronunciamiento también busca responder a las críticas y temores generados en torno a la normativa. CODEPRO aseguró que la ley “no obliga” a hipotecar ni vender tierras y remarcó que la norma no afecta propiedades comunitarias, indígenas o colectivas.
“Solo aplica a propiedades privadas tituladas individualmente y mantiene el control y fiscalización del Estado mediante el INRA”, sostuvo la organización, que además aseguró que la legislación respeta la Constitución Política del Estado y la Función Económica Social.
La Ley 1720 ha generado debate en distintos sectores sociales y políticos desde su aprobación, debido a cuestionamientos sobre posibles efectos en la tenencia de la tierra y el acceso a garantías para créditos productivos. Mientras organizaciones campesinas e indígenas han expresado preocupación y pedido su revisión, sectores agroproductivos defienden la norma argumentando que facilitará el acceso al financiamiento rural.
En ese contexto, Codepro pidió a las autoridades nacionales fortalecer los procesos de socialización de la ley y exhortó a quienes impulsan su abrogación a reflexionar sobre las consecuencias que tendría para pequeños agricultores que necesitan capital para producir.
“Abrogar esta ley significaría retroceder y quitar una oportunidad legítima de crecimiento económico”, advirtió la organización.
Asimismo, el sector propuso la creación de un comité técnico multisectorial integrado por representantes del Gobierno, productores, entidades financieras y especialistas agrarios para elaborar reglamentaciones claras y garantizar una aplicación “responsable y consensuada” de la norma.