A decir de Christian Aramayo, coordinador del Centro de Desarrollo Humano y Empleabilidad, hay que entender el contexto: Explica que no se está ante una sucesión gubernamental normal, sino ante un conflicto político que explosionó el año pasado y que fue agravado por la pandemia

5 de noviembre de 2020, 9:46 AM
5 de noviembre de 2020, 9:46 AM

Detener por un día el motor económico de Bolivia (Santa Cruz) tiene sus consecuencias. Desde el punto de vista económico, según Christian Aramayo, coordinador del Centro de Desarrollo Humano y Empleabilidad (Cedhe), parar es una decisión extrema. Y es que, no solo implica dejar de percibir ingresos por la caída de la actividad económica, si no que da señales de incertidumbre que se generan por el incumplimiento de contratos tanto a clientes como a proveedores, y la confianza se ve disminuida.

“Si el Producto Interno Bruto (PIB) departamental de Santa Cruz por año está por los Bs 83.500 millones, estamos hablando de que el PIB diario ronda los Bs 229 millones. Es una pérdida horrorosa, aunque más allá de la cifra (que es solo referencial), lo importante es el impacto institucional y las señales que se envían a todos los agentes para invertir y a las familias porque los niveles de incertidumbre se incrementan. En un contexto de desconfianza, toda la sociedad pierde”, explicó el experto.

Para Aramayo la estabilidad jurídica, política y social son importantes porque de ellas depende la decisión de grandes inversiones, pero lo fundamental es la economía de los actores más pequeños: si un pequeño negocio, así sea informal, no tiene en claro expectativas de venta y debe cumplir con sus proveedores, sus probabilidades de seguir adelante se ven disminuidas y puede incluso cerrar por la vulnerabilidad a la que está expuesto. No hay que olvidar que los sectores más afectados en términos de empleo fueron construcción, entretenimiento y alimentos. Los pequeños negocios son los que más sufren y los que la tienen más difícil por el marco normativo tributario. De ahí que la decisión voluntaria de ir al paro es una decisión heroica, señala.

Sin embargo, hay que entender el contexto: no se está ante una sucesión gubernamental normal, sino ante un conflicto político que explosionó el año pasado y que fue agravado por la pandemia en un contexto de desaceleración económica de un modelo económico nacional que no funciona y cuya consecuencia ha sido que los niveles de pobreza en Bolivia prácticamente no hayan bajado desde 2013.

Si bien Santa Cruz es un polo atractivo de inversiones por la cultura hospitalaria, cooperativa, entre otras cosas y sus hábitos de consumo, invertir en Bolivia es un acto de heroísmo, sostiene el especialista, por lo que no es prudente exponer a estos 'héroes nacionales' a mayores niveles de incertidumbre.

En este sentido, Aramayo considera que los paros y bloqueos improvisados de la Unión Juvenil Cruceñista generan daños más importantes porque no son decisiones coordinadas ni siquiera con los sectores, generan más daño porque rompen las expectativas en las cadenas de consumo, producción y distribución; sin mencionar el daño por la imposibilidad de cumplir acuerdos y contratos, ese incumplimiento implica mayor riesgo, y el consecuente encarecimiento de productos que afectan más a las familias más humildes, que son las más impactadas por la coincidencia de crisis.

Santa Cruz continuará creciendo a mayores tasas que el país, aunque eso vaya a significar hacerlo a pesar –y no gracias- a líderes coyunturales y las pugnas que generen entre ellos, indica Aramayo, a tiempo de señalar que los agentes necesitan certidumbre y las peleas dirigidas en contra del presidente del Comité pro Santa Cruz (Rómulo Calvo) solo agravan la situación en un contexto en el que ya hay demasiada incertidumbre de por medio.