El Congreso aprobó cinco contratos exploratorios a cargo de dos empresas extranjeras. La inversión será de $us 582,2 millones. Analistas observan la falta de consultas a la población de las zonas productoras.

3 de octubre de 2022, 4:05 AM
3 de octubre de 2022, 4:05 AM

Se exigía a la estatal petrolera poner en marcha el taladro y buscar nuevos reservorios de gas natural y líquidos para reponer el consumo constante y en alza de hidrocarburos. En este contexto la Asamblea Legislativa, por unanimidad, aprobó cinco contratos petroleros exploratorios bajo el paraguas de la Ley de Hidrocarburos, una norma de hace 17 años, promulgada en 2005.

En ese sentido, desde la Fundación Jubileo destacan que, luego de varios años de incertidumbre, se dé alguna señal en lo que se refiere a un programa de exploración y explotación que de alguna manera ayude a reforzar las reservas de gas natural que en la actualidad se encuentran en franca declinación.

Raúl Velásquez, analista en temas de hidrocarburos de la Fundación Jubileo, remarcó que Bolivia necesita de exploración, pues desde hace unos 15 años el único campo que se descubrió fue Incahuasi.

Sin embargo, Velásquez observa que la aprobación de los cinco contratos petroleros con las empresas Vintage Petroleum, subsidiaria de la multinacional Occidental Petroleum Corporation (OXY) con sede en Estados Unidos y Canacol Energy Colombia, que realizarán una inversión de $us 582,2 millones, tiene como punto flaco el apoyarse legalmente en la actual Ley de Hidrocarburos, una norma que a su criterio es obsoleta y que no responde a las actuales necesidades del mercado energético fósil y alternativo.

El analista hizo notar que era la oportunidad para mejorar el sistema de los contratos de trabajadores, pues si bien se indica de forma general que solo un 15% de los empleados pueden ser extranjeros y el 85% nacionales, no se específica si se dará prioridad a las personas de las zonas productoras por encima de las del resto del país.

A su vez, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas, remarcó que otra de las observaciones son que estos contratos de exploración y explotación se aplican a áreas que han sido reservadas a favor de YPFB sin consulta previa a los departamentos donde se ubican las reservas, violando la competencia al ordenamiento territorial, según establece el art. 300 de la Carta Magna.

Esta situación, según Velásquez, no hace otra cosa que generar dudas en los inversionistas, ya que cuando están a punto de realizar trabajos de perforación, resulta que los pobladores de localidades productoras aducen que no fueron consultados y realizan medidas de protesta que no hacen otra cosa que atrasar los trabajos técnicos ya programados.

Otro aspecto que critica Pedrazas es que se continúan aprobando contratos de exploración sin una Ley de Hidrocarburos consistente con la Constitución del 2009 y en medio de un marco legal disperso y desordenado.

Ya que estos cinco contratos son similares (casi idénticos) a los contratos de operación suscritos en 2006, sería importante pedir que se establezcan plazos precisos para la suscripción de los Procedimientos de Pago establecidos en la cláusula 14.3”, observó Pedrazas.

La lectura del Gobierno

Franklin Molina, ministro de Hidrocarburos y Energía, se mostró satisfecho por los nuevos contratos e indicó que eso es lo que necesita el país.

En lo que respecta a la razón por la que no se actualizó la actual Ley de Hidrocarburos, la autoridad señaló que se han emitido normas y decretos que permiten establecer mecanismos de incentivo para la producción de crudo, incluso para gas y condensados en campos menores. Como resultado de ello se fueron firmando distintos contratos, enfatizó el ministro.

Sobre las observaciones de las consultas, Molina explicó que los trabajos serán en áreas tradicionales, que no son zonas protegidas.

Hay Tierras Comunitarias de Origen, pero no hubo problemas ambientales ni sociales. Ellos ya conocen la forma de trabajar. Es una ventaja y esperan los proyectos. Hay una tradición en términos de relaciones”, sostuvo.

Ante el cálculo de que por estos proyectos de exploración se puede generar en renta unos $us 1.700 millones, Molina precisó que cada contrato tiene su característica y la idea es mantener un régimen de producción que evite una caída en el mercado interno. “Estamos hoy en 43 MMm3/d y queremos evitar una caída”, dijo.