28 de enero de 2024, 3:55 AM
28 de enero de 2024, 3:55 AM

El bloqueo de caminos es, a no dudar, la medida de protesta más antidemocrática que puede existir, y Bolivia puede dar fe, con creces, de las perversas consecuencias que esta medida de presión ha dejado a lo largo de la
historia reciente.

En agosto de 2020, un bloqueo general de caminos, en plena pandemia del Covid 19, impidió la llegada de oxígeno a varios hospitales y provocó la muerte de al menos 30 personas que, literalmente, no pudieron seguir respirando.

En la crisis política de 2019, Evo Morales, fugado a México, dejó instrucciones precisas sobre el bloqueo de caminos articulado desde el Chapare que debía impedir la consolidación del Gobierno de Jeanine Áñez. La instrucción era clara: “que no entre comida a las ciudades”, orden que fue detectada en el teléfono celular de Faustino Yujra, un afín al exmandatario que tenía antecedentes por narcotráfico.

Durante los largos y sucesivos gobiernos de Evo Morales hubo pocos bloqueos. Era lógico, el poder estaba en manos de un político y de un grupo de poder -los cocaleros del Chapare- que conocían perfectamente el daño que provocaron cada vez que pusieron piedras en el camino. Sin embargo, también el presidente Morales tomó de su propia medicina cuando en agosto de 2016 los cooperativistas mineros bloquearon las principales rutas del país y secuestraron, torturaron y asesinaron al entonces viceministro del Interior, Rodolfo Illanes, cuyo cuerpo fue abandonado en plena carretera, cerca a la comunidad de Panduro.

Entre 2003 y 2005, Evo Morales tuvo en jaque al Gobierno de Carlos Mesa y organizó contundentes bloqueos que duraron semanas y provocaron cuantiosas pérdidas económicas; mucho más, forzaron por lo menos una de las renuncias de Mesa a la Presidencia de la República.

Finalmente, es pertinente recordar el famoso “Plan Pulga”, dirigido por el desaparecido Felipe Quispe. En 2002 provocó una profunda crisis en el Gobierno de Hugo Banzer con un bloqueo que marcó el fracaso irreversible de los Estados de Sitio y que se saldó con decenas de decretos que Banzer tuvo que firmar para que se levanten las miles de toneladas de piedras que estaban desperdigadas en los caminos.

Hoy Bolivia enfrenta un nuevo bloqueo. Una vez más, organizaciones sindicales afines a Evo Morales tomaron algunas carreteras del país para exigir
la renuncia de los magistrados auto prorrogados del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la
Magistratura.

Una vez más, Bolivia lamenta las devastadoras consecuencias que deja esta acción: millones de dólares de pérdidas en exportaciones, miles de productores agropecuarios que ven cómo se pudren sus frutos en los caminos, miles de personas afectadas que caminan kilómetros y kilómetros bajo el agobiante sol del trópico cochabambino y un país sometido a la arbitrariedad de políticos
que no tienen límites a la hora de pelear por el poder.

En esta oportunidad, el motivo es la permanencia ilegal e ilegítima en funciones de las altas autoridades del Órgano Judicial. Es cierto que la elección de magistrados no solucionará la crisis de la justicia; no resolverá el hacinamiento carcelario ni erradicará el abuso aberrante de las detenciones preventivas; no aniquilará la corrupción de jueces, fiscales ni policías; pero no es motivo suficiente para que las autoridades gubernamentales hayan tenido una actitud pasiva y hasta sospechosa en todo este desconcierto.

No está demás decir que sin justicia no hay democracia. Por lo tanto, es imperativo que el Presidente y el Vicepresidente del Estado asuman un rol protagónico para encontrar una salida a la crisis, salvo que sufran un grave e irreversible bloqueo político y mental.