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Se produce más coca y los operativos antidroga, siempre exitosos en los reportes oficiales, también se han incrementado. Además, la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, reincorporó a Bolivia en la lista de los países que envía estupefacientes a su territorio, tras haber desarticulado una organización criminal de la que forma parte Maximiliano Dávila, el coronel de la Policía Boliviana que fue el último director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en el gobierno de Evo Morales.

“Es algo que tarde o temprano iba a ocurrir, en un contexto en el que durante los últimos 12 años Estados Unidos decía que Bolivia ya había dejado de ser importante porque apenas el 2% de la cocaína que llegaba a su territorio procedía de Bolivia, pero esto es algo que ha cambiado a la luz de los últimos acontecimientos”, sostuvo Eduardo Gamarra, politólogo y profesor del departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Florida (FIU), en Miami.

El académico consideró que las vinculaciones del poder político con el narcotráfico no son un asunto nuevo en el país. De hecho, en 1994 escribió
Entre la droga y la democracia, un libro que refleja este complejo fenómeno que vuelve a resurgir en el país.

Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de EEUU, oficializó el 1 de febrero el interés de su país en juzgar a Dávila. La Corte del Distrito de Nueva York lo acusa de conspirar para introducir droga en Estados Unidos. Además, a través del programa de Recompensas del Departamento de Estado, ofrecen $us 5 millones por información que permita la condena del policía que en 2019 estuvo al mando de la Felcn.

Se trata de un monto similar al que ofreció en 2015 por el mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, el ex líder del cartel de Sinaloa que fue condenado en 2019 a cadena perpetua, precisamente, por esa corte de Nueva York.

Desde diciembre de 2019, este programa de recompensas también puso un precio de $us 5 millones por la cabeza de los cuatro hijos del ‘El Chapo’, quienes se mantienen activos y con presuntos contactos con Bolivia.

Se trata de Ovidio Guzmán, Iván Archivaldo Guzmán, alias ‘Chapito’, Jesús Alfredo Guzmán y Joaquín Guzmán López. Un comunicado del Departamento de Estado, divulgado a finales de 2021, señala que “los cuatro son miembros de alto rango del cartel de Sinaloa y cada uno está vinculado con una acusación federal por su participación en el tráfico ilícito de drogas”. Uno de ellos estuvo en Bolivia y en 2011 se filtró un informe de inteligencia sobre la visita que pudo incluir contactos con altos mandos de la institución del orden. Óscar Nina, quien fue comandante de la Policía en ese tiempo, negó el extremo. En 2015 fue condenado por legitimación de ganancias ilícitas.

Carlos Romero, el ministro de Gobierno durante el tiempo en el que Dávila fue jefe de la Felcn, insistió en que en el país no existe la presencia de carteles de México o Brasil, en los términos en los que operan esas organizaciones criminales controlando recursos y territorios. Eso sí, admitió la presencia de “emisarios” para el trasiego de cocaína al exterior.

La exautoridad señaló que si la DEA ejecutó alguna operación en Bolivia, estas “son clandestinas”, pues esa agencia fue expulsada en 2008. “En nuestro caso, no van a encontrar pruebas ni buscando debajo de las piedras”, dijo Romero frente a la posibilidad de una pesquisa de “narcovínculos”. Así defendió la gestión de Morales.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) calificó a Bolivia como “un país tránsito” y el núcleo de un puente aéreo que permite la “exportación” de drogas a Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, pero con destino final en otros mercados. El Gobierno informó que en 2021 se destruyeron 46 narcopistas, una de ellas en Tarija y otra que había sido asfaltada en un recóndito paraje amazónico, en tanto que un informe de 2021 de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de Colombia (Dijin) señala que existe evidencia de narcovuelos con aviones de “alta gama” desde territorio boliviano.

Un informe de la DEA, basado en grabaciones “legales” de negociaciones entre proveedores y compradores de cocaína, señala que Dávila ofreció “protección armada” y acceso a aeródromos para embarcar y enviar droga a Estados Unidos, a través del Caribe.

En cuanto a las narco rutas, Gamarra explicó que los carteles mexicanos Jalisco, Nueva Generación y Sinaloa “dominan el mercado y usan a Colombia de proveedora. Esa relación se ha extendido progresivamente con Bolivia y Venezuela, donde se han establecido vínculos de alto nivel para el transporte de cocaína al Caribe”, donde hay un creciente mercado vinculado con los centros turísticos a los que acuden personas de todo el planeta, pero especialmente a Europa, vía África. En esta ruta existen nodos operados por disidentes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

La otra vía por la que Bolivia se vincula actualmente con los mercados internacionales de la droga, apuntó Gamarra, “es por el Pacífico, a través de los carteles mexicanos”, que a su vez mantienen relaciones con proveedores de Perú. En este país existe una zona, la del valle del Vraem, que mueve la producción excedentaria de coca y el tráfico de cocaína.

A mediados de 2020, cuando se cerraba la operación “Andes” que ejecutó la DEA para acusar a Dávila y sus “socios”, la justicia estadounidense anunció cargos contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otras 14 figuras de su gobierno y disidentes de la antigua guerrilla de las Farc.

El fiscal general de Estados Unidos, William Bar, aseguró que desde 1999 Maduro y otros altos cargos, como Diosdado Cabello, forman parte del Cártel de los Soles, cuyo nombre se refiere a las insignias que llevan en los uniformes los generales de las Fuerzas Armadas de Venezuela.Están acusados de enviar 250 toneladas de cocaína a Centroamérica y el Caribe.

Por Maduro, Estados Unidos ofreció una recompensa de $us 15 millones y otros 10 millones por Cabello. En total, se presentaron cargos contra 15 funcionarios o exfuncionarios venezolanos.

En una retahíla de mensajes emitidos desde su cuenta en Twitter, Evo Morales reaccionó una vez más para cuestionar la política antidroga de Estados Unidos.
“Históricamente, EEUU y sus agentes políticos proimperialistas han atentado contra movimiento cocalero del trópico, base de resistencia y símbolo de unidad de la lucha popular”, señaló y se mostró como el objetivo de una “campaña de mentiras y odio” de la que, según dijo, “se impondrá la verdad y la unidad”.

El diputado José Carlos Gutiérrez (Creemos) aseguró que detrás de las acusaciones contra Dávila “hay un gran pez gordo y Estados Unidos aplicó este camino, el de ofrecer una cuantiosa recompensa, porque ha visto que el Gobierno boliviano no tiene la intención de colaborar. Incluso, este tema debería llamar la atención de la Organización de Naciones Unidas (ONU)”.

Según Beto Astorga, diputado de la alianza opositora Comunidad Ciudadana, el precio que Estados Unidos está dispuesto a pagar para condenar al exjefe antidroga “está demostrando que esta vez quiere llegar hasta el fondo de la verdad” y sus conexiones.

Desde 2017, Bolivia permite la producción de hasta 22.000 hectáreas de coca, un límite que no se ha cumplido. El año pasado se confiscaron 19 toneladas de pasta base y casi ocho de cocaína refinada, 21% más que 2020.

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