Cara a cara

En los últimos años, la intervención del Estado en la economía boliviana ha generado más problemas de los que pretendía resolver. Regulaciones como la fijación de tasas y cupos, tanto para exportadores, como para productores o banca, lejos de brindar soluciones sostenibles, perjudicaron el funcionamiento del mercado. Un ejemplo evidente es el tipo de cambio preferencial para los exportadores. Esta medida, aunque bien intencionada, ha derivado en la creación de un mercado paralelo y en una mayor escasez de divisas.

La fijación de precios y comisiones bancarias por parte del Gobierno también ha demostrado ser contraproducente porque se paralizaron las operaciones. Al establecer precios artificiales, las señales de mercado se distorsionan, afectando la asignación eficiente de recursos. Las entidades financieras, al verse obligadas a operar bajo estas restricciones, no pueden ajustar sus precios según las condiciones reales del mercado. Ojo que esto no justifica las tasas del 28% que llegaron a cobrar.

La intervención estatal debe ser cuidadosamente diseñada y limitada para no interferir con las dinámicas naturales del mercado. Urge la independencia del Banco Central de Bolivia, como sucede en todas las economías del mundo. En lugar de imponer controles rígidos, el Gobierno debería enfocarse en crear un entorno regulatorio que promueva la competencia, la innovación y la inversión. Solo a través de políticas que respeten las leyes del mercado se podrá alcanzar una economía robusta y resiliente.