Cara a cara
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El reciente decreto emitido por el Gobierno que permite la importación directa de combustibles y reduce los permisos de un año a solo diez días representa un cambio significativo en la política energética del país. Esta decisión responde a la creciente crisis de abastecimiento y a la necesidad urgente de estabilizar los precios de los combustibles, que han afectado tanto a consumidores como a sectores productivos.
La medida busca facilitar un acceso más rápido y eficiente a los combustibles. Y es esencial que el Gobierno garantice una mayor apertura que beneficie a los ciudadanos porque la excesiva regulación solo provoca mercados paralelos y contrabando. Además, la importación directa de combustibles podría abrir la puerta a la diversificación de fuentes y proveedores, lo que a largo plazo fortalecería la seguridad energética del país. Sin embargo, es vital que se establezcan mecanismos de control que aseguren la calidad de los productos importados y que se priorice la sostenibilidad en la elección de proveedores.
En conclusión, aunque la medida puede ser un paso positivo hacia la resolución de la crisis de combustibles, su éxito dependerá de una implementación cuidadosa y de la capacidad del Gobierno para acompañar como facilitador un mercado que, en el pasado, ha enfrentado desafíos significativos. Además del alivio que significa para las arcas del Estado en momentos de escasez de dólares.
