Cara a cara

La decisión del Gobierno de suspender la exportación de aceite por la escasez y altos precios refleja una reacción que parece ignorar la complejidad del panorama económico y social del país. Si bien es esencial atender las preocupaciones de la población, esta medida no considera los compromisos internacionales que Bolivia ha asumido, ni las alertas previas de los productores sobre la caída a principios de este año en la producción debido a factores climáticos.

Además, la problemática del contrabando a la inversa no puede ser subestimada. Las acciones de las fuerzas militares, que han logrado decomisar vehículos cargados con mercancía de contrabando, como azúcar y aceite, evidencian la gravedad de este fenómeno que afecta tanto a la producción local, como a la economía nacional. Sin embargo, estas intervenciones parecen ser tomadas en cuenta solo cuando la situación se vuelve insostenible, lo que plantea dudas sobre su efectividad.

Es imperativo que el Gobierno adopte un enfoque más integral y proactivo para enfrentar el contrabando, estableciendo medidas que no solo protejan a los consumidores, sino que también fortalezcan a los productores locales. La suspensión de exportaciones, sin un análisis profundo y sin considerar las consecuencias, puede resultar en un círculo vicioso que agrave la crisis económica en el sector agrícola y exacerbe el desabastecimiento. La transparencia y la cooperación entre las autoridades y los empresarios agrícolas e industriales, son esenciales para construir un futuro más sostenible y equitativo para todos.