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En abril, luego de años de no tener presencia en el país, el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó una línea de crédito para Bolivia. Según el Gobierno y el mismo organismo, el préstamo llegó sin condiciones. 

A cinco meses de la operación Bolivia aún no puede usar los recursos. ¿El motivo?, la Asamblea Legislativa realizó una serie de observaciones que supuestamente no fueron subsanadas por el Ejecutivo, un parlamentario del MAS, con mayoría congresal, anticipó que el Parlamento no autorizará el uso de los fondos. Sin embargo, pese a no usar estos recursos el Estado ya pagó $us 1,7 millones de intereses y comisiones.

En este panorama, expertos consultados por EL DEBER coinciden en que más allá de factores técnicos, la Asamblea Legislativa, con mayoría opositora al Gobierno, no aprueba el uso de estos recursos por cuestiones políticas e ideológicas.

Desde el 22 de marzo, Bolivia vive en estado de emergencia por la presencia del coronavirus. Para contrarrestar el avance de la pandemia, el Gobierno de Jeanine Añez estableció una cuarentena rígida, la misma que se fue flexibilizando entre agosto y septiembre.

Pero más allá de los efectos económicos nefastos, la pandemia dejó al desnudo las falencias del sistema de salud. Justamente en medio de las calamidades médicas generadas por la enfermedad, el FMI aprobó una línea de crédito de 327 millones de dólares para fortalecer la maltrecha estructura sanitaria.

Desembolso y tasas

Estos recursos ya fueron registrados en el estado de la deuda del Tesoro General de la Nación (TGN). Para ser más precisos los fondos fueron desembolsados en abril. 

Incluso el informe sobre el estado de los compromisos asumidos por el TGN, hasta el mes de junio, señala que el Estado realizó el abono de $us 1,7 millones por concepto de pagos de intereses y comisiones.

Hasta ese mes, por las variaciones cambiarias, la deuda con el FMI llegó a $us 331,3 millones.

Mediante una carta dirigida al Gobierno, Alejandro Werner, director del departamento del hemisferio occidental del FMI explicó que Bolivia accedía al financiamiento sin ningún tipo de condiciones, ante las dudas surgidas en el Legislativo.

En la misiva, el alto ejecutivo del FMI detalla que el país accedió al Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), que establece una compra de DEG 240,1 millones ($us 327 millones).

Los Derechos Especiales de Giro (DEG) son un activo de reserva que se asigna a los miembros del FMI; de acuerdo a la cuota de acciones que cada uno tiene en la organización internacional.

Es decir, los países miembros del organismo como Bolivia, pueden cambiarlos por divisas mediante el intercambio voluntario entre los países miembros, o cuando el Fondo designa a un país con grandes reservas de DEG.

Por otro lado, el IFR, es una herramienta que brinda a los países miembros recursos para hacer frente a necesidades urgentes.

Hasta la fecha, según Werner, por la pandemia 72 países han usado el IFR para acceder a estos fondos, entre ellos Bolivia.

La operación “fue aprobada con el entendimiento de que Bolivia adoptaría políticas macroeconómicas sostenibles que le permitirían al país cumplir con la recompra (pago del crédito), y de que Bolivia aceptaría someter las operaciones del Banco Central a una evaluación de salvaguardias”.

“En resumen, contemplan un plazo de cinco años para la recompra del IFR, incluido un período de gracia de tres años y tres meses para la amortización, y una tasa de interés variable, que actualmente es del 1,077%”, detalló el ejecutivo.

En esa línea, el alto funcionario del Fondo aclaró que “el financiamiento proporcionado por el FMI a un país miembro como Bolivia no está enmarcado en un contrato, pero está sujeto a las políticas de la entidad, incluidas las condiciones de reembolso o recompra”.

El FMI está comprometido a ayudar a Bolivia y a todos los países miembros a enfrentar la pandemia y a proteger a la población más vulnerable de la sociedad que se encuentra más expuesta al contagio”, señaló.

Por la pandemia, el Fondo canalizó líneas de crédito a 72 países

Análisis

Jaime Dunn, especialista en finanzas, explicó que, a diferencia de otros préstamos, los recursos del FMI no están sujetos a ningún tipo de condición.

El experto aseguró “que el problema para la no aprobación de estos recursos es netamente político”. Explicó que “si el dinero no se usa se tiene que revertir, porque el país no puede pagar intereses por algo que no se usa”.

“Bolivia debe ser el único país en el mundo que cuestiona estos recursos. Las tasas y plazos son los mejores, simplemente se volvió un tema político por la visión del congreso, que es de izquierda, y considera como un enemigo al FMI”, señaló Dunn.

Lo mismo opina, el economista Germán Molina, quien agregó que incluso existe una llave legal que puede usar el Gobierno para acceder a estos recursos, pero que hasta la fecha no lo hizo.

Este recurso es la Ley Safco que en el artículo 33 establece que “no existirá responsabilidad administrativa, ejecutiva, ni civil; cuando se pruebe que la decisión hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad”.

No entiendo por qué el Gobierno no hace uso de estos recursos, si tiene un respaldo legal para hacerlo”, señaló Molina.

El economista observó que se cuestione el préstamo por dos motivos: el primero porque el monto desembolsado por el FMI es inferior con relación a otros créditos externos que tiene el Estado con otros organismos.

Pero el diputado del MAS, Édgar Montaño, dijo que el Gobierno no cumplió con tres requisitos necesarios que exigen las leyes cuando el Estado adquiere un crédito externo. En primer lugar, según el parlamentario, el Ejecutivo no presentó el contrato del crédito, que, a criterio de él, es esencial para saber el destino que tendrán estos recursos.

Dice que el segundo error fue no presentar el decreto que reglamente el uso de estos fondos “y por último, no trajeron ninguna ley”.

“El ministro Ortiz fue senador y conoce nuestro reglamento no puede decir que nos oponemos por factores políticos”, señaló.

Por su parte, el ministro de Economía, Óscar Ortiz, señaló que es de conocimiento público que los fondos fueron transferidos, pero no se los puede utilizar hasta que se apruebe la ley en la Asamblea.

En más de una oportunidad la autoridad dijo que la aprobación es de carácter político, en un tono conciliador llamó al Congreso a autorizar el uso de los recursos.

Si bien Montaño negó que hubiera un móvil político para no aprobar el uso del dinero, observó que el crédito llegó condicionado a que el país acceda a devaluar la moneda. “No podemos permitir eso, sería catastrófico”, dijo.

Sin embargo, el documento del FMI no condiciona el tipo de cambio establecido en Bolivia.

Por último, el parlamentario sostuvo que el Congreso no volverá a tratar ese préstamo y que será una nueva Asamblea; con nuevos legisladores los que defina el futuro del crédito. “Nosotros ya no vamos a tratar este crédito. Tiene que hacerlo el próximo congreso”, dijo.

Por su parte, el economista José Luis Alberti, lamentó que la política dificulte el uso de recursos que llegan sin ningún tipo de condicionamiento. Señaló que lo más imperioso es reactivar, con financiamiento y créditos a las pequeñas empresas que por la emergencia sanitaria no tuvieron ningún tipo de ingreso.