Escucha esta nota aquí

Nada es casual en política. Esta percepción, planteada en su momento por el presidente estadounidense Franklin Roosevelt (1933-1945), golpeó las puertas del Movimiento Al Socialismo (MAS). La marcha que lideró Evo Morales llegó a La Paz tras siete jornadas de caminata el mismo día en el que Gabriela Zapata dejó la cárcel y así el enfoque de esa historia tuvo un elemento adicional.

Eso ha sido raro; raro que justo en ese día hayan dado su libertad. Hay que preguntarle a la justicia, porque nosotros estamos enfocados en el desarrollo del pueblo boliviano, pero raro, el comportamiento de la justicia, que justo ese día (salga en libertad Zapata) como una respuesta a esa concentración”, señaló el senador Leonardo Loza (MAS), uno de los políticos más cercanos a Morales.

Loza afirmó que su bancada no planteará ninguna petición de informe ni acción legal de fiscalización sobre este caso a las autoridades del Órgano Judicial, pues consideró que “es un tema que ya forma parte del pasado”.

Condenada en mayo de 2017 por legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa y otros cuatro delitos, la expareja del Evo Morales solicitó en septiembre la libertad condicional.

Zapata alegó para ello buena conducta y el hecho de haber cumplido con las dos terceras partes de una condena de diez años.

La Ley de Ejecución Penal y Supervisión de 20 de diciembre de 2001, en su artículo 174, dice que la libertad condicional es el último periodo del Sistema Progresivo. Consiste en el cumplimiento del resto de la condena en libertad. El juez de Ejecución Penal, mediante resolución motivada, previo informe de la dirección del establecimiento penitenciario, podrá conceder libertad condicional por una sola vez al condenado a pena privativa de libertad.

De este modo, la resolución fue emitida el 24 de noviembre por el juez Abraham Aguirre y la orden de “libertad inmediata” se libró cinco días después, mientras Morales y decenas de miles de personas descendían al centro de La Paz para protagonizar el acto político de respaldo al gobierno del presidente Luis Arce.

“También ahí me atrevería a esgrimir la siguiente hipótesis: probablemente alguien, de manera interna en el MAS, ha podido influir o ha podido trabajar para que el día en el que Evo Morales llegase a La Paz, con esa marcha multitudinaria, eso hubiera opacado con la liberación de la señora Zapata”, consideró el politólogo Marcelo Arequipa.

El experto acotó, en todo caso, que en esta ocasión “hubo sintonía” de Arce con la agenda política del partido que se alineó con Evo Morales, quien no ha ocultado el deseo de buscar la presidencia en las elecciones de 2025, aunque sin lograr un acercamiento efectivo con el vicepresidente David Choquehuanca. En el MAS aseguran que desde el congreso orgánico de agosto se han desplegado varias iniciativas para “mantener la unidad”. Una de esas acciones es el respaldo al gobierno de Luis Arce.

Ahora bien. El caso Zapata es un tema incómodo en el MAS, pues ha servido para que la oposición recobre puntos, luego del traspié que implica la anulación de leyes.

Recuento de daños

Desde que se produjo la liberación de Zapata, el líder del MAS no emitió ningún criterio, pero “volvió a sus bases” para evaluar los resultados de la multitudinaria movilización. El jueves llamó al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, y ayer pidió una reunión con Arce y Choquehuanca para evaluar la marcha.

La semana pasada hubo una evaluación en Sacaba. Ahí, Morales se quejó por las resoluciones emitidas respecto al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. “¿Cómo la Justicia va a detener la detención de un alcalde que tiene sentencia? Se preguntan las organizaciones”, afirmó Morales.

También reclamó por las postergaciones de la toma de declaraciones del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, además del presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien está siendo investigado por los presuntos daños que se dieron por efecto del paro de los nueve días contra la Ley 1386.

El MAS entiende que en 2019 hubo un “golpe de Estado”, mientras que la oposición considera que lo que ocurrió hace dos años es consecuencia del desconocimiento de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, que le ordenaron no repostularse a la Presidencia por efecto de las limitaciones constitucionales.

Evo Morales no fue convocado por la justicia en este caso, en tanto, la expresidenta Jeanine Áñez está siendo procesada por haber asumido el cargo sin un supuesto aval legal, además existe una propuesta acusatoria para enjuiciarla por la muerte de una veintena de ciudadanos en las masacres de Sacaba y Senkata en 2019.

El exmandatario sugirió procesar a Áñez por la vía ordinaria y, hace una semana, la Fiscalía presentó la acusación formal por la vía penal sin requerir un juicio de responsabilidades al Legislativo, donde se requiere un acuerdo con los opositores para lograr los dos tercios que no tiene el MAS.

Durante el mitin que cerró la movilización del oficialismo, Morales había exhibido la abrogación de los decretos económicos que firmó Áñez y que implicaban, según dijo, un cambio de modelo. Esta acción inscrita en los resultados de gestión de Arce no fue destacada por el Presidente. Un aspecto, según varios actores políticos del oficialismo, que muestra la influencia de Morales en el Ejecutivo. “Nosotros vamos a defender el Estado Plurinacional y la Constitución que nos integra”, afirmó el líder del MAS.

La llamada Marcha por la Patria fue convocada en respuesta a los opositores y líderes regionales que promovieron la protesta contra la Ley 1386. Esta norma fue abrogada tras el paro multisectorial de los nueve días.

Arequipa considera que en 2020 se superó, con el voto, la crisis del 2019, pero “la clase política intenta devolver esa agenda” cuando los desafíos están marcados, especialmente, por la gestión del desarrollo económico.

Comentarios