El mercado informal abarca un 90% de la economía y observan trabas para ser legal
Situación. La formalización de la actividad económica en Bolivia se ve obstaculizada por problemas como la falta de empleo formal, la inseguridad jurídica, la complejidad tributaria y la falta de incentivos del Gobierno
Carolina Galarza
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La informalidad en Bolivia evoluciona en un problema persistente y sistémico, especialmente en los sectores de comercio y servicios. La pandemia agravó esta tendencia, resultando en casi la totalidad de los nuevos negocios emergiendo en la informalidad debido a la urgencia de generar ingresos. La falta de avances en trámites digitales y la escasa presencia de incentivos gubernamentales son factores significativos que contribuyen a esta situación.
El Centro Boliviano de Economía (Cebec) indicó que la informalidad laboral alcanzó un alarmante 90% en 2022, planteando serios desafíos para el desarrollo económico y social del país. Esta problemática no es novedosa, ya que desde 2014, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advertía sobre una informalidad del 62,3%, evidenciando un incremento constante a lo largo de los años.
A pesar de una tasa oficial de desempleo del 3,6% según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el tercer trimestre de 2023, el Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad) y la Central Obrera Departamental (COD) revelan que solo el 15% de los empleados cuenta con trabajo formal, dejando al 85% restante inmerso en la economía informal.
El impacto negativo de esta tendencia se extiende a nivel nacional, afectando no solo la inversión privada nacional y extranjera, sino también la calidad del empleo, el acceso al crédito y los beneficios fiscales. Además, la recaudación fiscal del Estado se ve disminuida, generando un círculo vicioso que afecta directamente al desarrollo sostenible.
Análisis de la situación
Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, señaló que el comercio informal, al eludir la emisión de facturas y el pago de impuestos, reduce costos, generando desigualdades en el mercado. Esta competencia desleal distorsiona la economía al favorecer productos más baratos sin tener en cuenta la calidad, siendo uno de los principales problemas asociados a la informalidad.
En Bolivia, los indicadores macroeconómicos reflejan contradicciones en relación con la informalidad. Aunque el PIB no incorpora completamente la contribución de negocios formales que realizan actividades informales, la reducción del desempleo anunciada por el Gobierno a menudo corresponde a un crecimiento del empleo informal.
El economista Ruddy Sanguino Suárez analizó la paradoja de comerciantes en La Ramada, donde, a pesar de mostrar formalidad en registros, operan mayormente en la informalidad. Estos negocios declaran ingresos modestos debido a beneficios fiscales especiales, destacando las complejidades y contradicciones en la relación entre formalidad, informalidad y aspectos fiscales en la economía boliviana.
A pesar de los esfuerzos gubernamentales, como los programas “Formaliza tu negocio” de la OIT y “Compro hecho en Bolivia”, y la asistencia técnica proporcionada por el Banco de Desarrollo Productivo, estos no son suficientes frente al crecimiento constante de la informalidad. Se destaca la necesidad imperante de nuevas estrategias y políticas gubernamentales para abordar esta problemática de manera integral.
El rechazo a la formalización de negocios se atribuye a diversas barreras: trámites presenciales, la complejidad de la normativa tributaria y el temor a multas significativas que desmotivan a los emprendedores. La rigidez del régimen tributario boliviano, político y demandante, impulsa a muchos a operar de manera híbrida, con una parte formal y la mayoría en la informalidad.
Sergio Pantoja, director del Colegio de Economistas de Santa Cruz, destacó las restricciones estatales que complican la supervivencia de los negocios formales, como permisos y trámites. La carga laboral y tributaria también representa un desafío. Pantoja señala que las empresas formales enfrentan obstáculos financieros y burocráticos, llevando a muchos comerciantes a preferir la informalidad.
Entre los posibles incentivos a la formalización, Sanguino destaca la necesidad de una política que garantice la seguridad de la inversión, proponiendo medidas como exenciones tributarias y periodos de gracia en el pago de créditos para facilitar el establecimiento y la sostenibilidad de nuevos emprendimientos.
Por otro lado, Rodríguez señala que un escenario optimista hacia la formalización de negocios en Bolivia, de concretarse, significaría no solo la universalización del pago de tributos y mayores recaudaciones, sino también una mayor capacidad de inversión del Estado en sectores clave como salud y educación. Mientras que, Pantoja, sugiere que la clave está en achicar el Estado.
Este proceso auspicioso abriría paso a una sociedad más sólida, transitando hacia un camino de mayor legalidad, menos corrupción y competencia más justa. Además, se espera que esta transformación fomente la generación de empleos dignos y formales, contribuyendo así a una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos.
