La elección de magistrados costará unos Bs 250 millones. Si coinciden con los tiempos, podría unirse al referéndum por la reforma judicial. Los Juristas Independientes, impulsores de la consulta, no están de acuerdo con que se junten ambos procesos

23 de diciembre de 2022, 7:27 AM
23 de diciembre de 2022, 7:27 AM


Las elecciones judiciales de 2023 costarán Bs 205 millones. Están previstas para el último cuatrimestre del próximo año y si los tiempos coinciden, pueden celebrarse junto al referéndum de cambio parcial de la Constitución Política del Estado por iniciativa ciudadana, para impulsar una reforma en la justicia. Sin embargo, para los Juristas Independientes, la consulta debería realizarse antes de la elección de los miembros de los máximos tribunales del país, para, precisamente, introducir las modificaciones.

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dina Chuquimia, afirmó que para las elecciones judiciales se deben cumplir varios pasos. “Hacemos el cálculo presupuestario y, hasta el momento, estimamos que pueden costar Bs 205 millones. La remisión de los recursos económicos al TSE se realizará después de que lancemos oficialmente la convocatoria”, señaló.

Chuquimia recordó que en una primera fase, la Asamblea Legislativa debería hacer una convocatoria para la presentación de candidatos. “El TSE interviene una vez que el Legislativo nos remita la lista oficial de postulantes”, afirmó la vocal.

Confirmó que la cita para elegir jueces y magistrados se realizará en el último cuatrimestre del 2023. 

Referéndum

En el Grupo de Juristas Independientes aseguran que no encuentran lógica de que el TSE pretenda celebrar el referéndum de la consulta para impulsar la reforma judicial el mismo día de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.

El exmagistrado del Tribunal Constitucional José Antonio Rivera, integrante del grupo promotor de la iniciativa ciudadana, aseguró que el principal obstáculo fue superado, ahora se debe luchar por la fecha del referéndum para que no coincida con la elección de las altas autoridades del Órgano Judicial. Señaló que la recolección de firmas comenzará el 10 de enero y se espera que el referéndum popular para viabilizar la reclamada reforma en la justicia, se efectúe en agosto de 2023.

Los juristas independientes iniciaron los trámites para impulsar el referéndum por la reforma constitucional en el TSE desde el 28 de junio. Deben recabar 1,5 millones de firmas ciudadanas, para lo que se requieren 15.000 libros. 

A mediados de octubre el TSE cambió el reglamento. En el artículo 17 de la nueva norma se dispuso que “los promotores deberán prever que las Actas de Apertura y Cierre se encuentren llenadas y suscritas por un Notario de Fe Pública” lo que implicaría un costo de Bs 1 millón.

La vocal Chuquimia manifestó que “en la apertura y cierre de los libros de adherentes debían participar notarios de fe pública. El Grupo de Juristas Independientes manifestó su preocupación y en una nota nos indicaron que eso iba a demandar un costo adicional (Bs 1 millón).

 La Sala Plena tomó conocimiento de esto y ha decidido ampliar, no solamente a notarios, sino que el secretario de cámara del TSE y los de los tribunales departamentales podrán dar fe de la apertura y cierre de los libros de registro de adherentes”.

Aclaró que será un servicio sin ningún costo “para que se pueda incentivar el ejercicio de la democracia participativa”, aseveró.

Chuquimia señaló que el posible referéndum debe cumplir varios pasos. Primero, la verificación y aprobación de las preguntas y autorización de los libros de adherentes. “Hasta ahí hemos llegado. Desde que tengan los libros impresos se procederá al llenado, tienen un plazo de 90 días”.

Los libros serán revisados con el padrón electoral, el padrón actual es de 7, 3 millones, así que necesitarán 1,5 millones de firmas. “Luego se envía todos los antecedentes al Tribunal Constitucional, que deberá verificar las preguntas. Cuando las tengan, pasará a la Asamblea Legislativa.