Informe técnico establece que reserva de Bajo Paraguá es tierra fiscal no disponible
Especialistas del INRA coinciden en que el área no puede ser ocupada porque es espacio protegido. La entidad rechazó 54 solicitudes de dotación, pese a esto hay 12 comunidades asentadas. El documento conmina a la ABT a sacar a los invasores
Es oficial. Un informe técnico del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) declaró tierra fiscal no disponible a la Reserva Forestal de Bajo Paraguá y ordenó a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) desalojar a los invasores del espacio natural. Esta área está ubicada en el municipio de San Ignacio de Velasco y tiene una extensión de casi un millón de hectáreas.
En los últimos meses, varias comunidades indígenas y autoridades de ese municipio denunciaron la ocupación ilegal de la reserva por parte de varias comunidades interculturales, simpatizantes de forma abierta del actual partido de Gobierno.
Las denuncias no solo se quedaron en palabras, sino también que hubo fricciones entre ese sector que alegaba tener el aval estatal para su asentamiento y los nativos, que exigen respetar el hábitat del lugar.
Un reciente reportaje realizado por EL DEBER junto con Mongabay Latam, dejó al descubierto cómo los traficantes de tierra invadieron esa zona y desmontaron varias hectáreas de bosques a su paso. Pese a que, por ley el área no puede tocarse, la deforestación continúa.
¿Qué dice el informe?
Emitido el 18 de julio, el informe del INRA sostiene que incluso la institución recibió 54 solicitudes para la dotación de tierra fiscal, pero que fueron rechazadas por sobreponerse a la reserva natural, que está registrada como ‘tierra fiscal no disponible’.
Esta declaratoria, según este informe, tiene su sustento legal en el artículo 2 del Decreto Supremo N.º 22024 que crea esa reserva.
Este apartado establece que “queda terminantemente prohibida la ocupación de tierras mediante asentamientos o dotaciones, así como toda actividad de caza y pesca dentro de la reserva forestal”.
Es más, el documento precisa que por este motivo el INRA no inició ni iniciará procesos de dotación Ordinaria de Tierra Fiscales.
En ese contexto, el informe conmina a la Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierra (ABT) a coadyuvar en la defensa y protección del Área Protegida Bajo Paraguá, según lo establecido en el artículo 14, parágrafo III de la Ley N.º 1700. Esta norma dispone que cualquier persona que ocupe tierras de protección, áreas protegidas o reservas naturales, debe ser notificada por la autoridad competente para que desaloje las mismas.
Por último, los especialistas que elaboraron el informe recomendaron al INRA remitir el mismo a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la institución. Este documento fue elaborado a solicitud del Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco, que denunció el ingreso ilegal a ese espacio natural.
La comuna también solicitó al INRA que se realicen acciones para desalojar de forma inmediata a las personas que se asentaron de forma ilegal en ese espacio.
Desforestación no cesa
Pese que el informe se entregó hace un mes, la invasión ilegal continúa en la reserva. Así lo denunció Aurelio Vaca El Hage, subgobernador de San Ignacio de Velasco.
La autoridad señaló que en la reserva de Bajo Paraguá existen cinco comunidades indígenas: Florida, Porvenir, Picaflor, Piso Firme y Cachuela, que por años han habitado sus bosques. Todas conforman la Central Indígena del Bajo Paraguá (Cibapa).
“Son una TCO (Tierra Comunitaria de Origen) en la cual los indígenas aprovechan el bosque para poder vivir. Ellos desmontan media hectárea, no como la gente que está llegando y desmontan cientos”, dijo.
Sin embargo, desde hace varios meses, unas 12 comunidades interculturales se han asentado en ese territorio pese a que la normativa prohíbe que lo hagan.
“Hay información, vía satelital, donde se evidencia que la deforestación continúa en la reserva”, denunció la autoridad.
La reserva de Bajo Paraguá no es la única en peligro, Vaca aseguró que incluso comunidades interculturales deforestaron 67 hectáreas de bosque del parque Nacional Noel Kempff Mercado.
La autoridad denunció que existen versiones sobre la presencia del narcotráfico en la zona, por lo que pidió un informe a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).
Lázaro Tacoó, presidente la Coordinadora de la Nación Chiquitana, explicó que se conformó un ‘comité de gestión’ para analizar las acciones que se deben realizar frente al asentamiento ilegal en esa área.
El comité está conformado por dirigentes indígenas y representantes de la ABT.
“Si hay asentamientos humanos irregulares que el INRA emitió, el comité de gestión trabajará para resguardar el área y si hay desmontes ilegales, la ABT debe tomar cartas en el asunto”, dijo.
Al igual que Vaca, el dirigente indígena dijo que la actividad turística en el parque Noel Kempff Mercado, se vio afectada por la supuesta presencia del narcotráfico en el interior del bosque.
“No hay posibilidad de hacer estas actividades por la sospecha de narcotráfico. Son comentarios extraoficiales que nos preocupan demasiado”, dijo el dirigente.
Afirmó también que, desde el punto de vista económico, mucha gente del interior del país no quiere tierras precisamente para cultivar, sino para traficarlas.
“Al tener títulos, sus parcelas las ofrecen a grandes empresarios para que sean éstos los que metan máquina y tumben nuestros bosques”, denunció.
Agregó que el Gobierno priorizó al sector intercultural por encima del sector indígena de tierras bajas. “Para el Gobierno somos ciudadanos de segunda”, cuestionó.
El experto forestal, José Tarima, aseguró que la ABT debería de actuar de oficio al existir un informe técnico que establece que el asentamiento es ilegal. Por ende, indicó que es competencia de esa institución desalojar a esas personas del área protegida.
“Pero hasta ahora la ABT no se mueve. No hace nada. El informe responde a una denuncia que hizo el municipio ante el INRA sobre los asentamientos ilegales, que respondió con un informe donde rechazan los asentamientos en el Bajo Paraguá”, explicó.
Tarima teme que esta área natural corra el mismo destino de la reserva del Choré, ubicada en el norte de Santa Cruz, que actualmente está ocupada por varias comunidades interculturales, que deforestaron el lugar.
Se llamó a Saúl Morón, director nacional de Manejos de Bosques de la ABT, pero hasta el cierre de edición no contestó.
Desde la Gobernación, el secretario de Desarrollo Económico, Luis Fernando Menacho, dijo que de momento no conocía el informe técnico emitido por el INRA.
Desde hace varios meses en Santa Cruz, autoridades y comunidades indígenas, en especial de la zona de la Chiquitania denunciaron el asentamiento ilegal de decenas de comunidades interculturales en diversas zonas que tienen apoyo estatal.
