Invasores llegan hasta el corazón de la Reserva Municipal de San Rafael

Los árboles todavía arden. Están caídos en medio de un panorama terrorífico. La Reserva Municipal de San Rafael, ubicada en el departamento de Santa Cruz, en Bolivia, lamenta la pérdida de su bosque debido a los avasallamientos que, según el alcalde de San Rafael de Velasco, Jorge Vargas, ya se han extendido en al menos el 3% de su área total correspondiente a 69.143 hectáreas. La causa principal de estos asentamientos, en los que participan personas llegadas del occidente boliviano, es el cultivo de maíz y soya, pero también la tala ilegal y la comercialización de maderas preciosas.

Valentín López sabe que está en un área protegida y admite que hace 15 años trabaja la tierra de la Reserva Municipal de San Rafael. Él tiene 63 años y vive con su esposa. Cultivan maíz, pero la tierra que ahora están trabajando es nueva y no de hace 15 años, como dicen. Su vivienda es precaria. Está hecha de madera y su techo es de calamina de metal. La madera todavía está entablonada al lado de su casa. Recientemente la cortaron, aseguran, para venderla a un “intermediario”, quien luego la lleva a la ciudad de Santa Cruz para comercializarla.

López niega ser un avasallador. El campesino, que llegó del occidente boliviano a ese lugar, acusa al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de haberle autorizado el asentamiento en esa reserva natural. Dice tener documentos, pero al pedírselos, no los muestra. Cuenta que siembra maíz para venderlo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra o en el municipio de San Rafael de Velasco, pero también produce para el consumo propio.

Mongabay Latam, en alianza con EL DEBER, llegó a la Reserva Municipal de San Rafael, un área protegida de cuidado municipal, dependiente del municipio de San Rafael de Velasco, en la Chiquitania del departamento de Santa Cruz, para comprobar las 15.119 alertas de deforestación arrojadas por el sistema de monitoreo satelital Global Forest Watch en los últimos dos años.

Asentamientos ilegales

Los hallazgos son contundentes. No solo Valentín López y su esposa están asentados en el área sino al menos unas 100 personas, según información de la Alcaldía de San Rafael de Velasco. “Nosotros trabajamos orgánicamente, acá estamos organizados por subcentrales. Esto no funciona (de manera) individual, todo es con el sindicato”, asegura López. Según él y las demás personas que este equipo periodístico sorprendió junto al bosque recién tumbado, “toda la culpa la tiene el INRA. Nosotros no somos avasalladores, señor. Nosotros legalmente hemos solicitado y el INRA nos autorizó”.

Esa versión, sin embargo, es negada en el INRA, la entidad estatal boliviana que regula la tenencia de tierra. Es más, el director de esta institución, Eulogio Núñez, aseguró que el INRA no autoriza el ingreso de comunidades a áreas protegidas, ya sean de control nacional o subnacional. “Recalco que el INRA no autoriza el ingreso de personas y asentamientos en áreas protegidas. Estas áreas son inviolables por ley y se debe proceder a su retiro en caso de que se confirmen”, dijo.

Para deforestar 14 hectáreas, López pagó 4.900 dólares (350 dólares por hectárea) a personas que operan con maquinaria pesada. En ese espacio pretende cultivar maíz, pero la mayor parte de la madera ya la vendió. “Nosotros necesitamos comer, necesitamos trabajar. Por mí hay que arreglar. Somos humanos y podemos llegar a acuerdos. El INRA nos dice que trabajemos, pero la alcaldía nos quiere sacar. ¿A quién hacemos caso?”, se pregunta.

López llegó a la Chiquitania desde el municipio de Colomi, que está en el departamento de Cochabamba, al centro de Bolivia. Dice que vive en ese lugar desde hace 15 años y asegura tener tierras y una casa en la comunidad Kilómetro 30, que está fuera del área protegida y que también pertenece al municipio de San Rafael de Velasco. El hombre no piensa moverse sin una orden judicial, dice, puesto que invirtió en ese espacio. “Cómo nos podemos ir si acá vivimos, acá tenemos nuestra tierra, nuestra casita hemos hecho. Nosotros no sabemos si es o no un área protegida, no sabemos, no sabíamos. Acá estamos hace mucho tiempo”, dice su esposa mientras agarra un machete que utiliza para cortar la maleza.

Al frente del espacio donde está López, el humo todavía sale del suelo y los troncos todavía arden, evidencia de que el desmonte ha sido reciente y no desde hace 15 años. Solo en ese espacio se deforestaron unas 25 hectáreas más, además de las 14 que están en frente. A través de imágenes satelitales Planet y Sentinel, en esas coordenadas se observa un patrón de deforestación vertical que nació en la segunda mitad del 2017, pero que creció sobre todo un año después, en la segunda mitad del 2018. A partir de allí, el área deforestada se mantuvo relativamente igual, sin nuevas grandes áreas de desmonte.

Sin embargo, este año los chaqueos volvieron a dispararse. Esto se complementa con la información obtenida en la plataforma Global Forest Watch (GFW) donde se registran, sólo en ese patrón vertical, 989 alertas de deforestación entre noviembre de 2021 y noviembre de 2023, pero que se concentran principalmente desde inicios de julio a fines de noviembre de 2023, es decir, en los últimos cinco meses.

Con motorizados

Un vehículo último modelo está estacionado frente a otra casa, también precaria, desde donde aparece una persona, molesta por la presencia de los periodistas, que dice ser solo un peón. “Yo sólo soy un cuidador y estoy acá recién nomás. El dueño ordena el corte de árboles y también el trabajo de cortar la madera. Ese vehículo también es del dueño”, relata el hombre mientras camina en medio de las cenizas. Pero López lo niega. “Él es el dueño”, dice, aunque se apellida igual que él. Es su familiar y también llegó del municipio de Colomi.

El hombre que no quiso dar su nombre, también confirmó que el pago por deforestar una hectárea es de 350 dólares, por lo que 8.750 dólares costó desmontar este espacio de 25 hectáreas que, según él, desconoce están resguardadas por ley. “No sé si es un área protegida”, dijo mientras dejaba en el suelo la madera cortada de tajibo, una pieza muy codiciada en Bolivia que se utiliza para pisos en casas de lujo y la fabricación de muebles que son vendidos a altos costos.

Según Gonzalo Colque, investigador de Fundación Tierra, es usual que en los asentamientos en Bolivia se instalen “cuidadores” mandados por otras personas que están detrás de la deforestación. Sin embargo, precisó que también ocurre que ingresan a los territorios personas que se hacen pasar por campesinos con pequeños capitales cuando, en realidad, tienen el dinero suficiente como para tumbar un bosque.

“Hay varios tipos de avasalladores, no sé el caso de la reserva de San Rafael, pero en la mayoría son interculturales que se muestran como pequeños productores, pero en realidad tienen dinero para invertir en el derribo de árboles. Muchos (avasalladores) también mandan a sus cuidadores y empresarios que buscan ingresar a ciertos predios”.

La Reserva Municipal de San Rafael empezó a sufrir por los asentamientos hace unos ocho años. La Alcaldía del lugar explica que en esa época empezaron las invasiones en los límites de la reserva, pero que a partir de 2022 las tomas empezaron a agravarse llegando al interior del área protegida. La diferencia del panorama de bosque deforestado que se observa entre el 2021 y el 2023, a través de imágenes satelitales Planet y Sentinel es evidencia de esta transformación del territorio, sobre todo en la parte sur del área protegida.

De hecho, el monitoreo de Global Forest Watch muestra que allí, en la parte sur, en los últimos dos años se registraron 10.638 alertas de deforestación, que corresponden a las dos terceras partes de las alertas registradas en toda la reserva en ese mismo periodo de tiempo. Los patrones de cultivos se abrieron, sobre todo, entre mayo y diciembre de 2022 y agosto y noviembre de este año.

En esa reserva los avasalladores se organizaron en sindicatos y fundaron comunidades. Valentín López está en la comunidad 14 de Septiembre. Más allá está la comunidad Munaypata, donde también llegaron avasalladores desde el occidente del país. Además, otras dos comunidades, Bella Vista y La Avispa, tienen un 30% de su territorio dentro de la reserva.

El alcalde de San Rafael de Velasco, Jorge Vargas, está preocupado por la situación que atraviesa el área protegida del municipio. Según cálculos de la oficina de Gestión Forestal de la Alcaldía de San Rafael de Velasco, por lo menos el 3% de esa reserva está ocupada por tomas ilegales, un porcentaje que suma 2.074 hectáreas.

“Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, pero no hay cómo parar esto. De buenas no se puede y vamos a tomar medidas. Ya hicimos la denuncia ante la ABT (la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra), que es la autoridad competente, para que haga una inspección y vea los desmontes ilegales que hay dentro del área protegida. Estamos también haciendo la denuncia ante el Tribunal Agroambiental por atentados contra el medioambiente y comenzaremos a hacer procesos por la vía penal y civil, que es lo que nos aconsejan”, afirma Vargas.

Una imagen aérea muestra cómo los avasalladores afectaron el área protegida de San Rafael.