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En la Alcaldía de San Rafael está el informe de 160 nuevas comunidades a las que el INRA les concedió resolución de asentamiento, aunque otros manejan una lista de 83, pero tras dos inspecciones recientes, el alcalde Jorge Vargas dijo que no llegan a media docena las comunidades en el lugar.

Entre los indígenas y cívicos de San Miguel circula una lista de 52 nuevas poblaciones, de las cuales una tiene presencia física, aseguró el cívico Jorge Toledo.

La lista que entregó la Alcaldía de Roboré a los cívicos es de 40 nuevas comunidades, y según el cívico Rubén Darío Arias, solo hay una en la vida real, Villa San Lorenzo, a la que desalojaron ya cuatro veces, y a la que el INRA insiste en respaldar.

En Pailón, en la gestión pasada se hizo una auditoría desde el INRA, que detectó que por lo menos el 40% eran comunidades fantasmas.

El denominador común es que la información fue obtenida por vías no oficiales, o por las oficiales solo en el Gobierno de Jeanine Áñez. “El MAS nunca nos ha dado información, solo se la entrega a su propia gente. Usan la bandera indígena, pero no toman en cuenta a los dueños del territorio, por eso estamos llegando a niveles de enfrentamiento”, reclamó Fernando Rojas, presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (Acisiv).

Rojas apuntó al extitular departamental del INRA, pero también aludió al actual, interino, César Córdova. “Anteriormente ya fue director departamental del INRA, a él hay que reclamarle, sabiendo que en su gestión algunas propiedades están a punto de titularse, no sabemos cómo, fueron declaradas fiscales, y ahora aparecen con documentos”, apuntó.

Ante las denuncias sobre recientes ocupaciones ilegales de tierras, sobre todo en San José de Chiquitos, y aseveraciones de los interculturales de que el INRA los instruyó a asentarse en esos lugares, Córdova aseguró que no autorizaron asentamientos desde que se decretó la pausa en 2019.

Sin embargo, según las autoridades denunciantes de estas comunidades “fantasmas”, la mayoría de las resoluciones se entregaron entre 2015 y 2018, los colonos nunca ocuparon esos territorios. Dicen que la ola actual de avasallamientos y de asentamientos se disparó tras un instructivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), a través de su regional Gran Chiquitania, con fecha 21 de mayo.

En el documento se anunció inspecciones del INRA para verificar el cumplimiento de la Función Económica y Social (FES) de la tierra. “Los que no hubieran cumplido con la FES deben entrar de manera urgente a sus parcelas, para el trámite de título ejecutorial. Comunidad que no demuestre su FES, se desestimará su resolución de asentamiento”, est ablece el instructivo.

Para Roni Ribera, de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (Cidob Orgánica), estas resoluciones tienen que liquidarse, ya sea anularse o consolidarse. En el caso de los avasallamientos de predios privados de San José, Ribera dice que los colonos quieren demostrar con fotos, archivos, que cumplieron con las resoluciones y la FES. “Estamos llenos de comunidades que solo existen en papeles, y otras solo tienen un par de familias. Es urgente una auditoría al INRA, cuántos años ya que los directores del INRA son interinos, sin méritos”, cuestionó.

El cívico de San Miguel de Velasco, Jorge Toledo, dijo que la desesperación por meterse es porque el INRA ya tiene el compromiso de hacer una revisión de las resoluciones. “Se pide que se anulen porque han sido viciadas, se han dado hace mucho tiempo y esas comunidades no existen, no cumplen la FES. El movimiento generado para ocupar tierras se dio tras la carta de la Csutcb”, apuntó.

El alcalde de San Rafael fue más duro. “Esto es tráfico de tierras porque el monte no está habitado. Hemos hecho inspecciones georreferenciadas, incluso en el área protegida y no había nadie”, dijo.

Precisamente, un monitoreo satelital y de datos mostró una autorización de desmonte PDM20 dentro del área protegida de San Rafael, a una comunidad inexistente, de parte de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT); sin embargo, poco después fue revocada, según los registros.

Vargas, el edil de San Rafael, lamentó que encima de que les quieren meter gente, sin consulta previa con el municipio, les han reducido el presupuesto municipal a la mitad, de Bs 14 millones a 7 millones. “Tenemos 21 comunidades originarias y no hay plata ni para ellas, cómo pues para 163 nuevas comunidades, es absurdo, ridículo. Si llegamos a reconocerlas debemos darles saneamiento, servicios, caminos, productivo, colegios, etc”, arremetió.

Alcides Vadillo, director de la Regional Oriente de la Fundación Tierra, dijo que se está evidenciando que estas comunidades son fantasmas, que todavía no existen en término reales y se ha generado una oposición muy fuerte a que se asienten, aun teniendo una resolución. “Los que no se han asentado ven peligrar esta conquista económica, visto que más allá de que algunos han usado la tierra para sacar madera de forma ilegal con los permisos de PDM20, no se ha hecho trabajo real”, aludió.

Para Vadillo, ante la oposición a su presencia, adoptaron la vieja consigna del MAS del “ahora es cuándo”, presionando más allá del costo político que puede ocasionar al Gobierno, y que además deja en evidencia nuevas corrientes dentro del MAS.

El titular regional de Fundación Tierra dice que hay una corriente que busca generar enemigos externos para mantener la unidad, o de lo contrario la pelea será entre ellos. “Al director del INRA no le interesan ni le convienen este tipo de conflictos, pero se lo están generando, y no importa si esto le cuesta el puesto, quizás hasta necesitan generar ese tipo de conflictos y debilitar a esas autoridades porque eso les permite avanzar en la línea de fuerza. A menor institucionalidad, se consolida el que tiene más fuerza, a eso se está apostando”, indicó.

Lo que corresponde, según Vadillo, es revertir todo ese proceso, y lamentó que nunca se hubiera hecho una auditoría técnico-jurídica al INRA.

En el caso de la ABT, lamentó su ausencia institucional. Citó como ejemplo la reserva de Choré, que fue saneada y entregada a la ABT desde el año 2004 y que ahora está totalmente parcelada y titulada. “La ABT, del 2004 al 2021, no ha dicho una sola palabra, menos hizo algo”, atacó.

También mencionó la reserva forestal de Guarayos, a la que, dice, “han convertido en un chicle, en un elástico”, que de acuerdo a los intereses, la mueven de un lado para el otro.

“Hay una resolución del Tribunal Agroambiental que dice que el INRA mueve los límites, igual que el Instituto Geográfico Militar (IGM), y que la ABT. Siempre sigue siendo la misma extensión, pero mueven los límites para facilitar una u otra propiedad.

En Guarayos lo que plantean es reducir la reserva forestal a alrededor de 200.000 a 300.000 ha”, dijo.

El exviceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, dijo que desde la época en que fue autoridad (2006-2009) hasta la fecha, la situación no ha cambiado mucho. Reconoció que no hay una demanda real para ocupar la tierra.

“La situación en ese periodo era de frecuentes pedidos de personas individuales en el ejercicio de la dirigencia, que decían ‘mi sector quiere, mi sector necesita’. Y cuando les pedíamos hablar con las personas concretas que querían trabajar la tierra, estas no habían”, dijo.

Según Almaraz, en ese mismo periodo las oportunidades de ingreso que dan otras actividades, como el comercio - en su caso el ilegal-, que se expresa en el contrabando, fueron importantes. Explicó que había demandas efectivas, ligadas a determinadas actividades específicas como el narcotráfico, es decir el cultivo de coca vinculado al narcotráfico.

“¿Se estará extendiendo esto a la Chiquitania? Tiene características adversas para la coca, pero tampoco puede descartarse”, aseveró.

Para Almaraz, los que sí tienen una demanda importante de tierras y para trabajos lícitos son los menonitas, “ante las cuales el Estado boliviano, en una enorme irresponsabilidad, no tiene política alguna”, criticó.

En este momento, en San José de Chiquitos la colonia menonita Valle Verde es una de las que atraviesa por problemas de tomas. Para Córdova, esta situación no se enmarca en una dotación ni en un avasallamiento. “Más bien, la colonia menonita de Valle Verde avasalló dichas tierras cuando los comunarios abandonaron la zona en tiempo de pandemia”, afirmó.

Para Almaraz, los menonitas se han convertido en una mina de oro de estafarlos y para extracción.

Heber Justiniano, secretario ejecutivo de la Regional Gran Chiquitania de la Csutcb, respondió a las acusaciones que no hay fundamentos para las denuncias porque ellos no están asentados ayer, sino desde 2015. “Les cuesta entender que antes la tierra estaba en pocas manos y que hoy se está distribuyendo entre todos los bolivianos, ahora somos miles los que tenemos de a 50 ha para poder progresar”, dijo.

Sobre el riesgo de enfrentamientos, sostuvo que lo único que exigen es que el INRA haga cumplir las resoluciones, y aseguró que no apoyarán avasallamientos. “Si no tenemos resolución no nos entramos a los predios”, indicó.

Desde el INRA señalaron que a esa repartición no ha llegado ninguna denuncia, pero que no hay asentamientos ilegales ni ningún aval para ello. A su vez consideran que se están tergiversando las cosas y se está politizando el tema.

Desmontes

Un reporte del Observatorio de la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC) mostró que después de la inspección que hizo la ABT al área protegida Bajo Paraguá, y a pesar de la notificación a dirigentes interculturales y a la orden de paralización de los desmontes ilegales en el área, el 24 de junio, una semana después, se reportaron dos nuevos asentamientos, que indican posibles cambios en la cobertura, es decir deforestación.

Más cerca de la TCO Bajo Paraguá, en la zona denominada Marco Falso, también se registraron desmontes importantes en dos propiedades, en una, Santa Rosa, el área deforestada es de 1.582 ha, en 2020, y en la otra, Laguna Redonda, el desmonte abarcó 3.700 ha, 66 de ellas dentro del parque nacional Noel Kempff Mercado. Para esto, en septiembre de 2019 se autorizó el cambio de uso a SP(n), o sistemas silvopastoriles naturales.

Al sur del nuevo aeropuerto internacional de San Ignacio, entre 2020 y 2021, ocho propiedades han desmontado, juntas, 4.408 hectáreas. De los ocho predios, de nombre Copacabana, La Estrella, Reina Selva, El Encanto, San José de Sinima, Comanche, San Josema y la Trinidad, los últimos tres no tienen autorización de la ABT, es decir que son ilegales. Las otras autorizaciones fueron entregadas entre febrero y mayo de 2020.

Según la FCBC, solo en 2021  en San Ignacio, se desmontaron 47.191 ha, de las cuales, 65% son propiedades privadas medianas y empresariales y el 30% a las comunidades.

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