Ven incremento de litigios fiscales por el impuesto a las grandes fortunas

Después de que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) notificara que investiga a los propietarios de más de 10 inmuebles, para detectar a aquellos que tengan un patrimonio neto superior a Bs 30 millones que no se registraron para el pago del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), el especialista en derecho tributario Pablo Ordóñez, cree que este proceso llevará a un incremento de la ‘litigiosidad tributaria’.

A su criterio, el recabar información de Derechos Reales, por parte del SIN está en el marco de lo establecido por el Código Tributario, en el artículo 73, que establece obligaciones de información a los servidores públicos.

“Es bueno tener presente que en la actualidad están en curso varios reclamos ante el Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad del IGF”, señaló, al anotar que algunas de las observaciones tratan precisamente del ‘solapamiento’ que existe entre el IGF (de recaudación nacional) y los Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles (de recaudación municipal).

Teniendo en cuenta lo anterior, Ordóñez infiere que, en caso de iniciarse procesos de fiscalización sobre IGF, es previsible que en paralelo, se inicien procesos y litigios de reclamación - ordinaria y constitucional - en contra del impuesto, por parte de los fiscalizados. “Este incremento en la ‘litigiosidad tributaria’ por el IGF, no será una novedad, pues similares efectos se han visto en Argentina por equivalente argentino del IGF”, agregó.

El experto tributario Jorge Zogbi considera que lo importante es que la discrecionalidad de la administración sea mínima. “Hay mucha gente dentro de los informales que tienen 10 y más casas y no pagan nada de tributos. Hay que ver las cosas de los dos lados”, puntualizó.

Menos inversión y empleo

Para el presidente de Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc), Jean Pierre Antelo, en momentos de incertidumbre y de crisis en la economía, cuando Bolivia vive aún el embate de una crisis sanitaria que no permite la reactivación económica, a la que se suma la competencia desleal de la informalidad y el contrabando, pretender incrementar la presión fiscal y la multas al sector formal, lo único que traerá será menos inversión, menos fuentes de empleo y mayor burocracia.

En opinión del gerente general de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Gustavo Jaúregui, la administración tributaria debe hacer los esfuerzos para controlar y formalizar a ciudadanos que realizan actividades económicas en la informalidad y que no tributan impuestos como el IVA, el IT o el IUE, gravámenes mucho más relevantes en términos de recaudación para el Estado que el IGF y que compiten en desigualdad de condiciones con el sector formal que cumple con el pago de sus impuestos y demás obligaciones.

A nombre de la CNC, Jaúregui ratificó la necesidad de una modificación integral del Sistema Tributario Boliviano que actualmente está vigente.