San Carlos: área protegida de anidamiento de cigüeñas se convierte en botín de avasalladores

La reserva municipal Curichi Las Garzas pareciera ‘tierra de nadie’. En esta área protegida de Bolivia donde no existe presencia del Estado ni acciones de control, como confirmaron testimonios recogidos en territorio, las puertas están abiertas para quienes quieran ingresar maquinaria, cultivar o invadir este ecosistema que abarca 1.247 hectáreas destinadas a la protección de vida silvestre.

—Mire, han arrasado con todo, dice el concejal Adrián Cardona, tras concluir una inspección ocular a esta área protegida. 

El panorama es crítico. De hecho, si alguien que no conoce llega a esta reserva, ubicada en el distrito Antofagasta del municipio de San Carlos, al lado norte del departamento de Santa Cruz, podría creer que se trata de una zona agrícola y no de una reserva natural.

Ahora mismo, hay cultivos de soya listos para la cosecha y sembradíos de arroz naciendo. También es posible ver innumerables huellas de tractores que evidencian cómo el terreno está siendo preparado o ‘romplaneado’ para sembrar más arroz.

​La presión de los avasalladores

Adrián Cardona es uno los siete concejales de San Carlos que el último jueves de noviembre ingresaron a la reserva con representantes de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), expertos de Fundación Natura, líderes locales y comunarios.

Sin embargo, antes de que la delegación partiera, los concejales que habitualmente deliberan en su edificio central, ubicado en la ciudad capital de San Carlos, de manera extraordinaria instalaron una sesión en la Subalcaldía de Antofagasta para atender las denuncias de avasallamientos en el área protegida.

Hasta allí llegaron también los que impulsan que los bosques de El Curichi Las Garzas se conviertan en cultivos agrícolas. Uno de ellos fue el exconcejal Antonio Condo, quien justificó la iniciativa diciendo que, ante el incumplimiento de la norma y para “evitar un problema social”, porque esto “va a estallar”; que “se decida públicamente” que la gente “entre”.

Lo que no dijo Condo es que a dónde quiere que la gente “entre” es un importante sitio de anidamiento de cigüeñas de la especie Mycteria americana, que cada año, entre julio y agosto y cuando las aguas del curichi están bajas, arriban después de un largo viaje y en las copas de los árboles de Ochoos construyen sus nidos, se reproducen y crían a sus polluelos.

El biólogo Huáscar Castillo explica que allí permanecen hasta que sus crías están listas para emprender vuelo y al año siguiente, vuelven para repetir el ciclo.

Este curichi no solo da cobijo a la Mycteria americana, sino que también es el hogar de 92 especies de aves entre las que se encuentran las parabas azules (Anodorhynchus hyacinthinus), las parabachis verdes (Ara severa), especies vulnerables, según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Imágenes captadas en 2021 muestran a decenas de cigüeñas de la especie Mycteria americana posadas en la copa de árboles de Ochoos | Foto: Roly Mamani 

​“Usted tendría que haber visto esa belleza”, dice Marco Antonio Añez, exalcalde de San Carlos, vía telefónica, aludiendo a la población de garzas que con su plumaje vestían de blanco las copas de los Ochoos, árboles que lucen en esos días sin hojas después del paso del otoño y del invierno.

Añez fue el impulsor de la Ley Municipal 63/2015 con la que se creó la Reserva Municipal El Curichi Las Garzas. Recuerda, en medio de la nostalgia y tristeza al ser testigo de la depredación de la reserva, que el problema no es reciente. Solo ha ido en ascenso.

En 2015, narra la exautoridad, la presión social para que Curichi Las Garzas se convirtiera en cultivos de arroz y soya ya era fuerte y por ello se logró declarar la zona como una reserva natural. “La pelea fue dura. No faltó quien llegó hasta mi oficina para amenazar con golpearme”.

Ocho años después, el paisaje devastado solo confirma la falta de control en esta reserva y el irrespeto a las leyes.

Un daño progresivo

Al llegar al área de anidamiento de las cigüeñas dentro de El Curichi Las Garzas para verificar que esta se había convertido en campos de cultivo, la comitiva de autoridades se encontró con un grupo de más de treinta personas - que aseguraba representar a sindicatos agrarios como el 2 de agosto, Patujusal y Urkupiña. 

Al principio su actitud fue hostil y desafiante. Estaban molestos. Argumentaban que el escenario no debía sorprender porque todos los años, según decían, la reserva Curichi Las Garzas se quema y se prepara el terreno para cultivar soya y arroz. “¿Por qué ahora tanto escándalo?, ¿Acaso se trata de una campaña de desprestigio en contra de nuestro alcalde?...Tenemos permiso del INRA, hasta un mapa para trabajar aquí”, decían.

Pero, ¿en qué momento se empezó a talar el bosque de la reserva? Un análisis satelital realizado por un equipo de Mongabay Latam y EL DEBER revela la magnitud del problema. Las imágenes muestran cómo la deforestación se concentra sobre todo en el norte y centro de la reserva entre 2019 y lo que va del 2023, y recientemente se puede observar también un nuevo frente de desbosque en la zona noreste de Curichi Las Garzas. 

En 2019 empieza a registrarse la pérdida de bosque en el área protegida, en la temporada seca de 2021 (agosto-noviembre) los picos de deforestación se disparan y en los últimos tres meses del 2023 la devastación se mantiene en ascenso.

A pesar de lo que muestran las imágenes satelitales, los pobladores que han instalado ilegalmente sus cultivos dentro del área protegida le dijeron a la comitiva que “cuidan el Curichi”. Cuando se les pregunta cómo, responden que cultivando de hasta tres parcelas de arroz por cada integrante del sindicato. Mientras dicen eso, al fondo de los cultivos se puede ver una hilera de árboles.

La sorpresa de las autoridades fue cuando se acercaron a ver esa zona y se encontraron que detrás de los árboles sólo había más sembradíos. Todo trabajado con maquinaria agrícola.

Si no fuera porque un puente fue quemado, se hubiera podido atravesar en vehículo, de un extremo a otro, la Reserva Municipal Curichi Las Garzas.

​La pérdida de bosque también se puede confirmar en la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch (GFW). Las imágenes muestran cómo entre agosto de 2022 y noviembre de 2023 se registraron 5.005 alertas de deforestación. Un dato importante: solo entre octubre y noviembre de este año se generaron 4.558 de ese total. Cada alerta de deforestación significa una pérdida de espacios de 30x30 metros en un bosque tropical, equivalente a una cancha de básquetbol.

Estas cifras desbaratan los argumentos de los miembros del sindicato agrario, quienes les dijeron a las autoridades que “eso estaba así [desde] hace 20 años”.

Las alertas de incendios activos VIIRS, tecnología de monitoreo de la NASA, también revelan que entre septiembre y noviembre de 2023 se registraron 42 focos de calor, la cifra más alta en los últimos diez años. En el caso de las VIIRS, cada punto o alerta en el mapa representa el centro de un área de 375 metros que ha sido captado por el algoritmo.

El fuego suele ser utilizado para despejar la tierra y prepararla para sembrar.

La concejal Mónica Vaca Gil, una de las integrantes de la comitiva, no salía del asombro ante la magnitud del daño. Dijo que intentó en el 2021 inspeccionar la reserva, pero que no logró concluir la misión porque los avasalladores tomaron al guía local de rehén y lo agredieron hasta romperle la nariz. Narró que en aquella oportunidad, junto a otros cuatro concejales y la Fundación Natura, lograron llegar a los nidos de las cigüeñas y que en ese momento todavía había monte virgen y las denuncias eran por avasallamiento y deforestación, sólo hacían referencia a un chaco o parcela de cultivo.

Conocedores de las leyes

Cuando se les preguntó a los representantes del sindicato si sabían que sus cultivos se encontraban en una reserva municipal y si tenían documentos para demostrar propiedad del predio ocupado, reconocieron que sabían que se trataba de un área protegida pero que contaban con el permiso del INRA y el conocimiento del alcalde Óscar Zinko, que llegó al sillón municipal de la mano del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Sobre los incendios recurrentes, no dudaron en decir que ellos se encargan de que los fuegos no se salgan de control. “Evitamos que el fuego llegue más allá. Nos enfrentamos al incendio con nuestras vidas”, se apura a justificar una mujer.

​En octubre de este año, el fuego arrasó con alrededor de 300 hectáreas de la reserva, según cálculos de Blanca Nieves Suárez, profesional ambiental de la Fundación Natura. El análisis satelital realizado por esta alianza periodística confirma también que la afectación reciente sería de al menos 300 hectáreas, incluso podría llegar a 400.

Pero, ¿qué pasa después de que se apaga el fuego? Se infiere, por las respuestas a medias que dieron los avasalladores, que ingresan las maquinarias y luego viene la siembra. Y así, explica Blanca Nieves, cada año va avanzando más y más la actividad agrícola en el área.

“Vemos ahora que son 300 hectáreas nuevas que se están destinando para la agricultura y es preocupante porque, por lo que hemos visto en esta inspección, están quemando y quieren habilitar nuevas hectáreas más. Quieren hasta dividir y repartir la reserva”, dice la monitora experta de la Fundación Natura.

Suárez alerta que de continuar este patrón, no sólo el distrito de Antofagasta sino, todo el municipio de San Carlos, se va a quedar sin agua. “Se podrá cultivar, pero luego no va haber agua para producir ni para el consumo de la gente”, precisa.

​Walter Menacho, asesor jurídico de la ABT que acompañó a la comitiva de concejales, indicó que esa institución inició un proceso sancionatorio por el incendio del pasado octubre y que las investigaciones dieron con cuatro personas como responsables, quienes se sometieron a un procedimiento abreviado y recibieron una sanción administrativa, consistente en el pago de una multa. Menacho no especificó el monto de la sanción pecuniaria.

En Bolivia, las multas a las infracciones por faltas ambientales y forestales ascienden a 20 centavos de dólar por hectárea afectada. En octubre de este 2023, el Gobierno, a través del Ministerio de Medioambiente y Agua, anunció que estaba preparando un decreto supremo para incrementar este monto a 20 dólares americanos.

"Aquí no solo hay aves"

Ambrosio Orellana es un dirigente del distrito de Antofagasta y un férreo defensor del medioambiente, en especial de El Curichi Las Garzas. Ha acompañado a la comisión de concejales en silencio. Las expresiones de su rostro han ido pasando del asombro a la tristeza al observar cómo las plantaciones de patujúes y juncos han desaparecido, para convertirse en parcelas de arroz.

Prácticamente, en el lado oeste del curichi, de las garzas y cigüeñas solo queda el recuerdo. Solo en los pocos árboles de gran estatura que han sobrevivido al fuego y la deforestación, se observan nidos de pájaros.

Ambrosio que ha sido uno de los impulsores para que el curichi sea declarado reserva dice con amargura: "Aquí no solo hay aves, hay flora y fauna, por eso es la necesidad de protegerlo".

Critica la inacción de las autoridades municipales y advierte con acudir al Gobierno nacional para hacer respetar las leyes que protegen El Curichi Las Garzas.

En esa misma línea, Roly Mamani, subalcalde de Antofaga, ve que no solo se trata de ponerle un alto a los invasores sino de hacer seguimiento a los recursos que el Gobierno nacional ha designado para reforestar los bosques del curichi y exigir que la Alcaldía de San Carlos incluya en su presupuesto el cuidado de esta área protegida.

¿De quién es la responsabilidad?

¿Cómo se permitió que esta reserva destinada a la protección de la vida silvestre, reguladora del clima y proveedora de agua llegará a este punto? La comisión de concejales que visitó la zona apunta al ejecutivo municipal de San Carlos, al INRA y a la ABT.

Eulogio Núñez, director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), responde que la “Reserva municipal de vida silvestre Curichi Las Garzas es Tierra Fiscal No Disponible”, y que la institución que preside “no autorizó ningún asentamiento. Si alguien dice lo contrario, que muestre la resolución administrativa de autorización (ya que el ) INRA concluyó el saneamiento de dichos predios el año 2014”.

El funcionario le pasa la responsabilidad a la Alcaldía de San Carlos. “Si hay asentamientos ilegales, el gobierno municipal debe denunciar ante un juez agroambiental. Si hay desmonte ilegal, el gobierno municipal debe denunciar ante la ABT”, precisa el director del INRA.

Luego, menciona que la ley 477, que establece sanciones de 3 a 8 años de cárcel para los avasalladores y traficantes de tierras. “Y si alguna autoridad pública (de los 4 órganos de poder público) está involucrada, la pena se agrava en un 30%”, subraya Núñez.

​“Pero qué quieren saber”, respondió por teléfono el alcalde Óscar Sinko, y continuó: “Yo pienso que aquí tiene que ver la autoridad competente al caso”.

Para el alcalde de San Carlos, en los comunarios recae la responsabilidad de “denunciar con nombre y apellido” a los avasalladores porque “nosotros, (Alcaldía de San Carlos) no vamos a ir a buscarlos o a corretearlos. No somos ente para hacer eso”.

Al ser cuestionado por qué se permitió que la actividad agrícola arrase con los patujusales, juncos y cuanto árbol había en esta reserva, siendo que existe una ley y proyectos ecoturísticos para atraer a los visitantes que peregrinan a Buen Retiro (un distrito vecino de Antofagasta), respondió: “Escúcheme, pasa que esas historias son simplemente historias. ¿Que los que van a Buen Retiro vayan allá?. No, eso no va a suceder nunca”.

Y sobre el ‘visto bueno’ que, presuntamente, dio para que los avasalladores ingresen con maquinaria -antes de cortar abruptamente la llamada-, dijo que que no era guardaparque “para estar pendiente de todo” y que “aquellas personas que se han entrado, lamentablemente, saben ellos cómo son las normativas. Así que, simplemente, tienen que atenerse a las consecuencias”.

Sin embargo, Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra, explica que el INRA ni la Alcaldía de San Carlos pueden evadir su responsabilidad y lo que acontece en El Curichi Las Garzas no es exclusivo de este municipio ni tampoco es la única área protegida de Bolivia que está avasallada.

Colque observa que el saneamiento sin desalojo es lo que está generando este problema en el país. “La obligación del INRA es, al momento de titular y terminar un proceso de saneamiento, proceder al desalojo de todos los asentamientos ilegales. Es su atribución e incluso, puede hacer uso de la fuerza pública para hacer cumplir eso y resguardar estas zonas de propiedad fiscal”, sostiene.

En el caso de la Alcaldía de San Carlos, al declarar un área como reserva “no se compra solo derechos, sino obligaciones de preservar esa zona”. Y esas obligaciones, implican un presupuesto municipal para el manejo, conservación y mejora de estas zonas, apunta.

Mientras las autoridades pasan la responsabilidad de hacer cumplir las leyes de un lado a otro, los avasalladores -como explicó uno de ellos- han “convertido en cedazo” el refugio natural al que cada año miles de cigüeñas llegan para anidar.

Ahora, los polluelos cuyas madres fueron las últimas en arribar al curichi y que no fueron alcanzados por el descomunal incendio de octubre, se preparan para partir. “Qué se encontrarán para el próximo año cuando retornen?”, se pregunta el biólogo Huáscar Castillo y reflexiona que la población de San Carlos debería tomar conciencia de que este curichi no solo es el refugio para la biodiversidad y núcleo reproductivo de las cigüeñas, sino que funciona como unidad ecológica reguladora del clima, temperatura y agua que ellos mismos consumen.

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