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Unos 80 exguerrilleros de las FARC serán evacuados de la zona donde llevan a cabo su reincorporación a la vida civil ante crecientes amenazas y homicidios contra excombatientes y familiares en ese sector del noroeste de Colombia, informó este viernes el gobierno.

El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, anunció que 74 antiguos rebeldes y 19 miembros de la comunidad que residen en ese sector del municipio de Ituango, Antioquia, serán trasladados hacia Mutatá, en el mismo departamento, debido a problemas de seguridad.

Los firmantes del histórico pacto de paz de 2016 saldrán del llamado Espacio de Reincorporación Territorial (ETCR) Santa Lucía el 15 de julio "tras el asesinato de 11 reincorporados en Ituango y dos de sus familiares -entre ellos un menor de edad- y las amenazas continuas", indicó el ahora partido de izquierda FARC en un comunicado. 

La alcaldesa de Mutatá, María Exilda Palacios, aseguró que su municipio también "ha sido golpeado por la violencia", pero que ahora "es un territorio que cree en la reconciliación" y "el regreso de los excombatientes a la legalidad".

De acuerdo con la estatal Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), los exguerrilleros serán reubicados en dos predios en arriendo, que suman unas 137 hectáreas y que se encuentran a 352 km de su residencia actual.

"El traslado se realizará cumpliendo con todos los protocolos de seguridad y de salud para evitar posibles contagios por Covid-19", dijo Andrés Stapper, director de la ARN en una rueda de prensa conjunta con Archila. 

Corredor para el tránsito de cocaína, en esa región confluyen grupos de origen paramilitar y disidencias de la exguerrilla que no se acogieron al acuerdo de paz. Ambos grupos son señalados por las autoridades como responsables de los ataques contra los excombatientes.

Las FARC denuncian el asesinato de 214 de sus miembros desde que firmaron la paz con el gobierno del expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos en noviembre de 2016. 

Apoyado por Naciones Unidas, el acuerdo condujo a la desmovilización de 13.000 rebeldes entre combatientes, presos y militantes.

Según el gobierno, 2.946 excombatientes se encuentran en 24 espacios de reintegración en todo el país. El resto lleva a cabo procesos individuales de reincorporación y otro puñado engrosa las filas de las llamadas disidencias, que se dedican principalmente al narcotráfico y la minería ilegal.