Bolivia ha llegado a un punto en el que ya no basta con administrar crisis: es necesario resolverlas. Desde hace más de un mes, los bloqueos de carreteras dejaron de ser mecanismos ocasionales de protesta para convertirse en instrumentos capaces de paralizar la economía nacional e interrumpir el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos. Más de ochenta puntos de bloqueo han aislado regiones enteras, provocando pérdidas que superan los 2.100 millones de dólares, a un ritmo de más de 50 millones diarios. Pero reducir esta crisis a cifras sería ignorar el drama humano detrás de cada carretera bloqueada: al menos trece bolivianos han fallecido vinculados directa o indirectamente a los bloqueos, pacientes no pudieron recibir atención médica oportuna y miles de ciudadanos quedaron sometidos a incertidumbre, miedo y agotamiento psicológico.
El riesgo más grave no es únicamente humanitario o económico. El verdadero peligro radica en la progresiva erosión de la autoridad estatal. Cada día sin respuesta efectiva fortalece la percepción de que quien controla los caminos tiene más poder que quien ocupa el Palacio de Gobierno. Esa pérdida de confianza alimenta una dinámica peligrosa: la aparición de grupos ciudadanos dispuestos a asumir tareas que corresponden exclusivamente a las instituciones públicas. La crisis de 2019 es una advertencia suficientemente clara sobre adónde conduce ese camino.
La situación se agrava con denuncias sobre la presencia de grupos armados dentro de algunos sectores movilizados. Imágenes en redes sociales muestran individuos encapuchados portando armas de fuego. Durante los enfrentamientos en San Julián, varios efectivos policiales y civiles resultaron heridos por impactos de bala. La Defensoría del Pueblo informó sobre indicios de actores paraestatales, armas y explosivos. Las estructuras que sostienen estos bloqueos no operan como movimientos de protesta convencionales: en regiones vinculadas a la economía de la coca excedentaria existe una capacidad de movilización, financiamiento y control territorial que supera ampliamente la de una organización sindical ordinaria.
Las declaraciones del presidente Rodrigo Paz, al denunciar intereses narcoterroristas que buscan desestabilizar la democracia, elevan el conflicto a una dimensión de seguridad nacional. Esa afirmación exige pruebas e investigaciones rigurosas, pero también obliga a reconocer una realidad incómoda: durante años el narcotráfico ha fortalecido su capacidad financiera, logística y territorial, aprovechando debilidades institucionales y limitaciones operativas de las fuerzas de seguridad. La historia latinoamericana ofrece ejemplos alarmantes de lo que ocurre cuando estas organizaciones logran desafiar exitosamente a las instituciones democráticas. Bolivia no puede permitirse recorrer ese camino.
El Gobierno debe actuar con firmeza dentro del marco constitucional. La Constitución prevé mecanismos extraordinarios, como el Estado de Sitio, para situaciones que amenacen gravemente el orden público. Su aplicación debe realizarse bajo control judicial y supervisión legislativa, y debe ir acompañada de una ofensiva judicial contundente: los responsables políticos, operativos y financieros de la paralización nacional deben responder ante la ley. Pero las medidas de emergencia no resolverán el problema de fondo. Bolivia necesita una reforma institucional que coordine eficazmente a la Policía, la FELCN, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y los organismos de inteligencia bajo una estrategia nacional integrada, eliminando la fragmentación que hoy reduce su eficacia.
El deterioro material del Estado es igualmente preocupante. De aproximadamente 35 helicópteros de las Fuerzas Armadas, apenas dos estarían operativos; más del noventa por ciento de la flota permanece inmovilizada por falta de mantenimiento, limitando la vigilancia en el Chapare, la Amazonía y las fronteras. Recuperar esas capacidades —helicópteros, drones, radares móviles, inteligencia electrónica y entrenamiento especializado— podría requerir entre 500 y 1.000 millones de dólares en los próximos cinco años, parcialmente financiables mediante el programa estadounidense de Foreign Military Financing (FMF). La cifra parece elevada, pero es modesta frente a las pérdidas provocadas por bloqueos recurrentes, contrabando y narcotráfico.
La cooperación internacional debe dejar de ser una cuestión ideológica y convertirse en una herramienta pragmática. Estados Unidos, Brasil y Colombia son socios estratégicos indispensables. La DEA aporta inteligencia y análisis financiero. Brasil, por la extensión de la frontera compartida, y Colombia, por sus décadas de experiencia, pueden acelerar la transferencia de capacidades operativas. La lucha moderna contra el narcotráfico depende menos de la fuerza física y más de la información y de la capacidad de seguir el rastro del dinero.
Bolivia enfrenta una decisión histórica. Puede reafirmar el principio de que la Constitución, las leyes y las instituciones están por encima de cualquier organización política o sindical, o puede aceptar que el control de carreteras y la capacidad de paralizar el país constituyen una fuente legítima de poder. La primera opción exige liderazgo, firmeza y determinación. La segunda conduce inexorablemente a un debilitamiento estatal cuyos costos pagarán las generaciones futuras. Los bolivianos tienen derecho a protestar, pero también tienen derecho a vivir en un país donde las ambulancias circulen libremente, los alimentos lleguen a los mercados y el Estado conserve el monopolio legítimo de la autoridad. Cuando el miedo, la coerción y el control territorial sustituyen a las instituciones, el país deja de enfrentar una crisis pasajera y comienza a enfrentar una amenaza existencial.