Bolivia nunca fue un país resignado a la escasez.
Hace poco más de dos décadas, en ciudades como El Alto, miles de pequeños talleres textiles trabajaban día y noche para exportar al mundo. Familias humildes habían logrado prosperar gracias al esfuerzo propio, al comercio y a la apertura de mercados. En el Chapare, productores agrícolas exportaban piña, banana y otros productos. El país contaba con reservas de gas importantes, baja deuda externa y la esperanza —quizás imperfecta, pero real— de convertirse en un centro energético regional.
No era un paraíso. Existían profundas desigualdades, errores políticos y sectores históricamente olvidados. Pero también existían movilidad social, trabajo y expectativas de crecimiento.
Entonces comenzó a instalarse otro relato: el desarrollo pasó a ser presentado como traición, la inversión extranjera como entrega de la patria y la exportación como una forma de sometimiento. Bajo banderas indígenas y discursos revolucionarios, se convenció a millones de bolivianos de que producir, comerciar y abrirse al mundo era sospechoso.
La tragedia boliviana no fue solamente económica. Fue también moral e intelectual.
El indígena boliviano —trabajador, comerciante, agricultor, transportista, artesano— terminó convertido en símbolo político antes que en ciudadano libre. Se habló en su nombre mientras se destruían lentamente las condiciones que le permitían prosperar por sí mismo. En lugar de fortalecer educación, institucionalidad, seguridad jurídica y productividad, se construyó dependencia del Estado y obediencia política.
También se utilizó, de manera profundamente emocional, la palabra “socialismo”. Para muchos sectores humildes, socialismo significaba justicia, igualdad y dignidad. Era una aspiración humana comprensible. Pero históricamente, los sistemas comunistas y los modelos estatistas extremos han fracasado allí donde reemplazaron libertad económica, instituciones sólidas y meritocracia por control político y concentración de poder.
Bolivia tampoco construyó un verdadero socialismo moderno. Lo que surgió fue algo más confuso y más peligroso: una mezcla de populismo, clientelismo, corrupción y creciente penetración de economías ilegales en estructuras de poder. El problema ya no es ideológico; es institucional y criminal.
Hoy el país vive las consecuencias: caída de producción energética, escasez de dólares, debilitamiento institucional, pérdida de confianza, informalidad creciente, y una peligrosa normalización de economías ilegales.
Sin embargo, Bolivia todavía posee enormes oportunidades. Tiene recursos naturales, ubicación estratégica, capacidad agrícola, juventud trabajadora y una diversidad cultural extraordinaria.
La salida no pasa por odio ni revancha. Tampoco por repetir consignas vacías de izquierda o derecha. La salida exige reconstruir una cultura nacional basada en: trabajo, seguridad jurídica, educación técnica, institucionalidad REPUBLICANA, independencia judicial, y apertura inteligente al mundo.
Bolivia necesita volver a premiar al que produce, exporta, estudia y emprende. Necesita recuperar la confianza internacional sin entregar soberanía. Necesita separar definitivamente política y criminalidad organizada. Y necesita volver a ver al indígena no como instrumento político ni víctima eterna, sino como ciudadano pleno, capaz de competir, crear riqueza y liderar el desarrollo nacional.
Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo. Pero primero debemos atrevernos a decir una verdad incómoda: ningún país progresa destruyendo a quienes trabajan y producen, en nombre de una revolución eterna.
(*) Martha Jenny Hollweg es periodista