La palabra consenso volvió al centro de la escena política. El Gobierno convocó finalmente a una cumbre nacional para intentar construir acuerdos urgentes en medio de tensiones económicas y desgaste institucional. Era necesario. Pero una reunión de ese tamaño no puede convertirse en otra fotografía protocolar. Bolivia ya no tiene tiempo para reuniones decorativas ni discursos que solo administren la coyuntura.
En ese contexto aparece el retroceso oficial respecto a la Ley 1720. Revisar artículos y abrir espacios de diálogo puede ser razonable. Lo que no resulta razonable es promulgar una norma con aplausos y celebración política para después trasladar el costo del conflicto a la Asamblea Legislativa. Gobernar implica asumir decisiones y sostenerlas cuando aparecen los costos políticos y las primeras resistencias sectoriales.
Y mientras el Gobierno habla de consensos y responsabilidad fiscal, emerge otro dato obsceno: Bs 47 millones destinados a salarios de dirigentes sindicales declarados en comisión. Cobran sin trabajar. Y algunos incluso tramitan certificados de invalidez para ampliar beneficios. Los sindicatos ya no producen liderazgo social; producen cajas, viáticos y estructuras funcionales al poder político de turno.
Hoy el gobierno de Rodrigo Paz cumple medio año. No es poco. ¿Cuánto se avanzó? Al menos en las famosas leyes estructurales para cambiar el país, poco y casi nada. Pero todavía quedan nueve semestres. Y quizá ahí está la verdadera discusión: decidir si Bolivia seguirá administrando parches y reuniones eternas o si finalmente comenzará a gobernarse con rumbo, prioridades claras y verdadero coraje político.