Casi 50 días de conflictividad en el país no pueden quedar en el olvido, como tampoco podemos normalizar que una minoría secuestró a todo un país. Lo que empezó con demandas legítimas fue mutando a un intransigente y antidemocrático pedido: la renuncia de un presidente que fue elegido hace siete meses por voto popular. La pregunta que todos nos hacemos ahora es: ¿Qué pasará con los que impulsaron estas medidas inhumanas que cerraron el paso a los bolivianos y que arrebataron la vida de 14 personas? ¿quién pagará la cuenta de los exportadores, los manufactureros, los gremiales, los transportistas, los avicultores, los agropecuarios, etc.?
No se trata de revanchismo, sino de garantizar que nunca más en la historia pueda volver a suceder lo que nos ha pasado a los bolivianos desde mayo pasado. La cultura de la violencia no es ni será parte de nuestra naturaleza. La violencia no puede ganar ni convertirse en el método para imponer una forma de pensar. Que el que grita más fuerte y quiere imponerse con sangre sepa que no tendrá cabida, no es bienvenido y no va a lograr su cometido. Y que cuando quiera intentar volver a secuestrar el país lo deba pensar dos veces.
Sepan de una vez, la cultura de la violencia tiene valores y creencias que no comulgan con el pensamiento del boliviano, que no estará dispuesto nunca más a normalizar y menos a legitimar el uso de la agresión para resolver conflictos. Nunca más la violencia se va a percibir como una respuesta natural o incluso necesaria ante los problemas. Y que los que pensaron que se iban a imponer ejerciendo el terror, no se salgan con la suya, por lo tanto, esperamos una reacción firme del Gobierno, uno por el que más del 54,5% de los bolivianos votó.
(*) Gina Justiniano es editora