La muerte de un adolescente de apenas 15 años, víctima de un brutal linchamiento a manos de una turba enardecida, constituye uno de los episodios más dolorosos y alarmantes que puede enfrentar una sociedad. Ninguna sospecha, por grave que sea, justifica que un grupo de personas decida sustituir a la justicia y se convierta en juez, jurado y verdugo. La denominada ‘justicia por mano propia’ no es justicia; es un crimen que destruye el Estado de derecho y abre las puertas a la barbarie.
El muchacho, único hijo de un estibador, fue golpeado sin piedad hasta sufrir lesiones que terminaron provocándole la muerte cuatro días después en un centro de salud. Su familia no solo enfrenta la irreparable pérdida de un ser querido, sino también el dolor de ver cómo la violencia colectiva arrebató una vida sin que existiera un juicio ni una sentencia que estableciera responsabilidades.
Igualmente preocupante resulta que el principal implicado haya obtenido arresto domiciliario tras el pago de una fianza de Bs. 30 mil. Si bien toda persona goza de la presunción de inocencia y tiene derecho al debido proceso, las autoridades judiciales deben actuar con absoluto rigor cuando se investigan hechos de extrema violencia que conmocionan a la sociedad. La identificación de otros dos sospechosos por la Felcc y la Fiscalía debe traducirse en una investigación seria, transparente y oportuna.
La impunidad solo alimenta la repetición de estos hechos. El mensaje debe ser claro: nadie puede arrogarse la facultad de quitar la vida a otro bajo el pretexto de castigar un supuesto delito. La única respuesta compatible con una sociedad democrática es una justicia firme, imparcial y respetuosa de la ley, que sancione a los responsables de un hecho punible y reafirme que la violencia jamás puede reemplazar a los tribunales.
(*) Pedro Rivero Jordán es presidente del Consejo Editorial