Bolivia está llegando a un punto de quiebre, la leve humareda que hoy cubre nuestros cielos ya no puede verse solo como algo propio de la temporada seca; podría ser el inicio de una negligencia institucional que se viene acumulando desde hace años. ¿Estamos a las puertas de una nueva temporada de quemas?, mientras el país todavía intenta recuperarse de un conflicto social y político que se prolongó por 53 días. Si no se cierran de inmediato los vacíos legales y operativos, la respuesta volverá a ser la de siempre: tardía, insuficiente y, lamentablemente, inútil.
Lo más preocupante es que este desastre ocurre, principalmente, en la “casa grande” de los pueblos indígenas. Nueve de cada diez hectáreas desmontadas en territorios amazónicos fueron intervenidas fuera del marco legal. Y el dato es todavía más alarmante: por cada hectárea autorizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), más de nueve fueron desmontadas ilegalmente, según el reportaje ¨Amazonía traficada¨. Esa proporción deja poco espacio para las excusas.
Este escenario difícilmente puede atribuirse únicamente al cambio climático. También responde a decisiones políticas. El denominado “paquete incendiario” sigue siendo objeto de fuertes cuestionamientos porque varias de sus normas facilitaron el avance del desmonte. La Ley 741, por ejemplo, permite desmontes de hasta 20 hectáreas sin exigir planes de ordenamiento predial, abriendo una puerta que muchos han aprovechado.
A esto se suman las sucesivas ampliaciones de la Ley 337 y otros “perdonazos”, que en teoría buscaban fortalecer la seguridad alimentaria, pero que, según numerosas organizaciones ambientales, terminaron incentivando la expansión indiscriminada de la frontera agrícola y la especulación con la tierra. Esto, ya lo sabíamos.
La Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de revisar seriamente este marco normativo antes de que el próximo ciclo de incendios vuelva a dejar un saldo irreversible. Pero, ¿y qué esperan?
El Gobierno, al igual que ocurrió en anteriores gestiones, no difunde de manera clara las cifras oficiales sobre la deforestación registrada en los últimos años. Y cuando no existen datos públicos, tampoco existe un verdadero control ciudadano.
La preocupación aumenta si se consideran las proyecciones climáticas. Diversos especialistas advierten sobre una alta probabilidad de que las condiciones asociadas al fenómeno El Niño vuelvan a incrementar el riesgo de incendios hacia finales de 2026. Si eso ocurre y el país llega con las mismas normas, los mismos vacíos institucionales y la misma falta de coordinación, el escenario podría ser aún más devastador.
Existen planes de prevención y protocolos de respuesta, es cierto, pero ninguno será suficiente si las leyes continúan favoreciendo el desmonte o si no existe una pausa ecológica real que permita recuperar los ecosistemas más vulnerables.
Porque los incendios forestales no empiezan cuando aparece la primera chispa. Empiezan mucho antes, cuando el Estado aun duerme y permite vacíos legales. Y, lamentablemente, ese incendio ya comenzó hace varios años.
* Miroslava Fernández Guevara, periodista y politóloga