La demanda salarial de hasta un 20% planteada por la Central Obrera Boliviana (COB) se registra en un momento particularmente delicado para la economía nacional. Bolivia atraviesa una prolongada etapa de desaceleración, marcada por la caída de reservas, la incertidumbre cambiaria y un clima de inversión cada vez más frágil. En este contexto, insistir en incrementos de tal magnitud no solo parece desconectado de la realidad, sino que expone una preocupante falta de lectura sobre las limitaciones estructurales que enfrenta el país.
No se trata de desconocer la legítima aspiración de los trabajadores a mejorar sus ingresos. La pérdida del poder adquisitivo es evidente y golpea con mayor fuerza a los sectores más vulnerables. Sin embargo, la sostenibilidad de cualquier ajuste salarial depende de variables que hoy están lejos de ser favorables. La baja productividad, estrechez fiscal y un aparato empresarial que opera con márgenes cada vez más reducidos representan algunas de esas variables. Pretender aumentos desproporcionados en este escenario complicado puede resultar contraproducente, incluso para aquellos a quienes se busca beneficiar.
El empresariado nacional ha calificado el pliego petitorio como irracional, y aunque el término puede parecer duro, refleja una preocupación concreta. Las empresas -en especial las pequeñas y medianas- enfrentan costos crecientes, restricciones de financiamiento y una demanda interna debilitada. Obligar incrementos salariales elevados podría traducirse en despidos, informalidad o, en el peor de los casos, el cierre de operaciones.
El empleo, lejos de fortalecerse, correría el riesgo de deteriorarse aún más. Más preocupante aún es la aparente incapacidad de los dirigentes cobistas para ponerse en los zapatos de quienes sostienen la actividad productiva. La inversión, tanto nacional como extranjera, requiere certezas, reglas claras y señales de estabilidad. Demandas salariales fuera de lugar, acompañadas de amenazas de movilización, envían el mensaje contrario al generar un entorno volátil donde las decisiones económicas se imponen por presión y no por consenso técnico.
La historia reciente de Bolivia muestra que los conflictos sociales prolongados no generan prosperidad. Las movilizaciones anunciadas por la COB para presionar al Gobierno podrían derivar en mayores tensiones, afectando la ya debilitada confianza en el país. Durante el festejo por el Día del Trabajo, uno de los ejecutivos de la organización laboral advirtió con un paro nacional movilizado e indefinido a partir de este lunes si sus demandas laborales y económicas no se atendidas prontamente. Forzar al Ejecutivo a dar el brazo a torcer, -aún a costa de hacer ‘reventar’ al país con medidas de protesta irracionales-, puede rendir frutos inmediatos para algunos sectores, pero a costa de profundizar desequilibrios que terminaremos pagando todos los bolivianos.
El desafío, por tanto, no pasa por imponer posiciones extremas, sino por construir acuerdos responsables. Un incremento salarial debe ser fruto del diálogo, basado en datos reales y acompañado de políticas que impulsen la productividad y la inversión. Sin crecimiento económico sostenido, cualquier mejora será efímera.
Bolivia no necesita más confrontación, sino visión de largo plazo. Persistir en demandas desalineadas con la realidad económica como lo hace la COB solo prolongará la crisis y alejará la posibilidad de encontrar, finalmente, esa luz al final del túnel que hoy parece tan esquiva para el país.