La violencia criminal en Santa Cruz ha dejado de ser un conjunto de episodios aislados para convertirse en un patrón inquietante que interpela al Estado y a la sociedad en su conjunto. El último fin de semana, con tres asesinatos a bala en plena vía pública y en un campo de fútbol, confirma una deriva peligrosa como resultado de la naturalización de la muerte como lenguaje de disputa entre redes que operan con lógica de mercado, impunidad y demostración de fuerza.
El caso del piloto de automovilismo acribillado en Warnes, poco antes de participar en una competencia, es particularmente elocuente. No solo por el perfil de la víctima -supuestamente vinculada al connotado narco uruguayo Sebastián Marset- y el escenario del crimen -un evento deportivo-, sino por el mensaje que subyace advirtiendo que nadie está fuera de alcance cuando el sicariato se instala como herramienta para saldar cuentas. El copiloto herido, testigo directo de la escena, evidencia además la indiferencia de los agresores frente a daños colaterales.
Hechos similares en San Matías y Puerto Quijarro, puntos sensibles por su condición fronteriza, refuerzan la hipótesis de vínculos con economías ilícitas, especialmente el narcotráfico. Allí, donde convergen rutas, controles débiles y circulación de dinero rápido, las disputas se resuelven con violencia extrema. El territorio deja de ser solo geografía y pasa a ser botín.
Pero reducir el fenómeno a “ajustes de cuentas” sería un error. Esa etiqueta, repetida con ligereza, termina por anestesiar la indignación pública y diluir responsabilidades. La expansión del crimen organizado requiere de condiciones habilitantes tales como fallas en inteligencia e investigación, debilidad institucional, corrupción, y un sistema judicial que no logra cerrar el círculo de la sanción. Sin una respuesta integral, cada asesinato no es un punto final, sino el prólogo de la siguiente escalada.
La seguridad ciudadana no puede limitarse a operativos reactivos ni a conferencias de prensa. Urge reconstruir capacidades implementando unidades especializadas con recursos y autonomía, coordinación efectiva entre policía, fiscalía y aduanas, control real de fronteras y trazabilidad financiera para seguir el rastro del dinero. La protección de testigos y la depuración interna de fuerzas de seguridad contaminadas por la corrupción son igualmente imprescindibles.
Al mismo tiempo, la sociedad cruceña enfrenta un desafío cultural. La tolerancia al dinero fácil, la ‘glamurización’ de ciertas prácticas y la resignación frente a la violencia erosionan el tejido social. Sin participación ciudadana, denuncia oportuna y presión por transparencia, cualquier política pública queda incompleta.
Santa Cruz es el motor económico del país y no puede convertirse en rehén de redes criminales. Lo ocurrido en los días precedentes no debe archivarse como una racha desafortunada, sino asumirse como una señal de alarma. La respuesta exige liderazgo político, instituciones que funcionen y una ciudadanía que no se acostumbre a contar muertos como si fueran cifras inevitables. Porque cuando la violencia se normaliza, lo que está en juego no es solo la seguridad ciudadana, sino la calidad misma de la vida democrática.