La advertencia es tan incómoda como reveladora. El experto en hidrocarburos Carlos Delius planteó que el presidente Rodrigo Paz podría convertirse en el primero en firmar un contrato de compra de gas natural para Bolivia. De concretarse, no sería solo un hecho simbólico, sino la confirmación de un giro histórico: el país que durante décadas abasteció a la región podría convertirse en importador de su principal recurso energético.
Bolivia no llegó a este punto por azar. Durante más de dos décadas vivió de las rentas generadas por un proceso previo de exploración, certificación de reservas y apertura de mercados con Brasil y Argentina. Esa base, construida con visión estratégica, permitió sostener un ciclo de bonanza. Sin embargo, la abundancia no fue administrada con criterio de sostenibilidad. La inversión cayó, la exploración se estancó y el marco normativo terminó desincentivando la llegada de capitales.
El deterioro del sector hidrocarburífero es hoy la expresión más visible de un problema muy profundo: la combinación de decisiones políticas erráticas, inseguridad jurídica y prácticas de corrupción que erosionaron la institucionalidad. Las señales de alerta aparecieron hace tiempo, pero fueron ignoradas. El tránsito de gas argentino por ductos bolivianos hacia Brasil fue un indicio claro de que el país comenzaba a perder su rol estratégico.
Hoy los datos son contundentes. Las reservas alcanzan para pocos años y, de no mediar cambios, Bolivia deberá importar gas a precios de mercado, muy por encima del costo interno. El impacto económico será inevitable. Y lo que ocurre en hidrocarburos es apenas un reflejo de una situación más amplia.
El diagnóstico del Growth Lab de Harvard ha sido igualmente directo: Bolivia necesita estabilizar su economía antes de enfrentar un escenario de mayor deterioro. La recomendación de buscar apoyo en el Fondo Monetario Internacional no responde a una posición ideológica, sino a una lectura técnica de la realidad. Sin embargo, choca con discursos políticos recientes y con resistencias que el país ya no puede darse el lujo de sostener.
A esta advertencia se suma la preocupación del sector productivo. La demanda de acuerdos no es aislada ni coyuntural. Es creciente, transversal y persistente. Incluso se ha planteado, con crudeza, la necesidad de que los actores políticos se encierren en una habitación y no salgan hasta alcanzar consensos. La frase puede parecer exagerada, pero refleja un sentimiento que se extiende más allá de los círculos empresariales.
Bolivia aún tiene opciones, pero el margen de maniobra se reduce. Evitar un desenlace crítico exige decisiones de fondo: reformar la ley de hidrocarburos, modernizar el régimen de inversiones y revisar el marco constitucional que hoy limita la atracción de capitales. Ninguna de estas medidas será posible sin acuerdos políticos amplios y sostenidos.
La experiencia histórica demuestra que, en momentos de crisis, el país ha sido capaz de construir consensos. El Pacto por la Democracia y el Acuerdo Patriótico, con todas sus luces y sombras, respondieron a una necesidad mayor: evitar el colapso. Hoy la exigencia es similar. Gobernar no puede ser un ejercicio de confrontación permanente, sino un esfuerzo por articular voluntades en torno a un objetivo común.
El país enfrenta una disyuntiva clara: resignarse a importar gas en el corto plazo o impulsar un acuerdo nacional que permita revertir el rumbo. No es una decisión técnica. Es, ante todo, política.
El tiempo, esta vez, no está del lado de Bolivia.