Un niño gritaba desesperado mientras una multitud avanzaba sobre tres adolescentes acusados de robo. “No lo maten, somos huérfanos”, imploró en medio de la tensión. La escena ocurrió en Viacha y quedó registrada en video. Horas antes, en Pocoata, Potosí, tres jóvenes acusados de un robo fueron sacados de una dependencia policial, sufrieron torturas que se hicieron virales y posteriormente aparecieron muertos. Entre ambos episodios existe un hilo conductor inquietante: la creciente incapacidad del Estado para garantizar que la ley prevalezca sobre la violencia.
Los hechos han generado conmoción nacional y obligan a una reflexión que va más allá de la crónica policial. No estamos únicamente frente a delitos particularmente graves o ante la indignación de comunidades que exigen respuestas. Lo que emerge detrás de estos acontecimientos es una crisis más profunda, vinculada con la confianza en las instituciones encargadas de investigar, juzgar y sancionar conforme a la ley.
Resulta comprensible que una sociedad afectada por la inseguridad, la impunidad y la lentitud de los procesos judiciales experimente frustración. Bolivia arrastra desde hace décadas una profunda desconfianza hacia su sistema de justicia. Sin embargo, ninguna de esas falencias puede convertirse en argumento para tolerar que una multitud asuma funciones que corresponden exclusivamente a las instituciones del Estado.
Es importante ser precisos. Los hechos ocurridos en Pocoata y el intento de linchamiento registrado en Viacha no constituyen formas de justicia. Tampoco pueden confundirse con la jurisdicción indígena originaria campesina reconocida por la Constitución. El orden constitucional boliviano protege la vida, la dignidad humana, el debido proceso, la defensa y la presunción de inocencia. Ninguna norma, costumbre o práctica puede justificar la tortura, la ejecución o el castigo colectivo.
Por ello, utilizar expresiones como “justicia por mano propia” para describir estos hechos resulta equivocado. No existe justicia cuando una persona es golpeada, torturada o asesinada sin juicio previo. Lo que existe es violencia colectiva. Y cuando esa violencia comienza a ser aceptada o incluso celebrada por sectores de la sociedad, el problema deja de ser exclusivamente institucional para convertirse también en un desafío cultural y democrático.
Existe además una paradoja inquietante. Bolivia registra linchamientos desde hace más de dos décadas. Decenas de personas han muerto bajo esta modalidad de violencia y, sin embargo, son escasos los casos plenamente esclarecidos y con responsables sancionados. Las imágenes suelen mostrar a decenas o cientos de participantes, pero la responsabilidad termina diluyéndose en la multitud, en los pactos de silencio. El resultado es una doble impunidad: la desconfianza en la justicia y la impunidad de quienes deciden actuar al margen de ella.
A ello se suma otro hecho todavía más grave. Existen antecedentes en los que investigaciones posteriores demostraron que las víctimas de linchamientos no habían cometido los delitos que se les atribuían. Cuando eso ocurre, el daño es irreversible. No existe sentencia capaz de devolver la vida ni reparación posible para corregir el error de una ejecución colectiva. El debido proceso no existe para proteger delincuentes; existe para proteger inocentes.
¿Qué ocurre cuando grupos de personas pueden ingresar a una dependencia policial y retirar a detenidos que se encuentran bajo custodia estatal? La respuesta es evidente: el Estado pierde capacidad para ejercer una de sus funciones esenciales. Cuando la autoridad pública no puede proteger ni siquiera a quienes están bajo su resguardo, la ley comienza a ceder espacio frente a la fuerza.
Cada linchamiento representa una derrota para la justicia, para las instituciones y para la convivencia democrática. Los hechos de Pocoata y Viacha deben ser una señal de alarma nacional. Porque cuando la multitud decide quién merece vivir o morir, no se impone la justicia. Se impone la ley del más fuerte. Y allí donde la ley retrocede, también retroceden la democracia, los derechos y la civilización misma.