La captura del prófugo brasileño Gerson Palermo, ocurrida el pasado martes en Cotoca, permitió reforzar la versión que circula entre las autoridades y medios de comunicación de Brasil, en sentido de que Bolivia se ha convertido en refugio seguro para miembros del Primer Comando de la Capital (PCC) y del Comando Vermelho, los dos principales grupos criminales que operan en el vecino país y que en las últimas horas fueron declarados organizaciones terroristas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Palermo es considerado un “peso pesado” en la estructura criminal del PCC. En Brasil enfrenta una condena acumulada de casi 126 años y permanecía prófugo de la justicia desde abril de 2020, cuando un juez de Mato Grosso do Sul le concedió libertad condicional. Se presume que se estableció en Bolivia desde el mismo día que salió de una cárcel de máxima seguridad y se deshizo de la tobillera electrónica para escapar de la justicia de Brasil sin dejar rastros.
El delincuente brasileño no necesitó ocultarse en Bolivia. Transitaba libremente por las calles del país, como lo hacía Kléber Nóbrega Pereira (Kekeu), otro narcotraficante brasileño miembro del PCC que también cayó en Cotoca el pasado 11 de mayo, es decir, dos semanas antes de que Palermo fuera apresado en un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Bolivia y la Policía Federal de Brasil.
Hace poco más de un mes, el ciudadano colombiano Jorge Isaac Campaz, apodado Mapaya, sindicado de liderar el grupo criminal “Los Espartanos”, fue apresado en Paurito acusado por su presunta participación en los delitos de tráfico de armas, homicidios y asociación delictuosa. Mapaya se encontraba en Bolivia en condición de migrante irregular, pero ingresó al país a pesar de que sobre él pesaba una alerta roja de la Interpol por delitos de homicidio, extorsión, tráfico de armas y narcotráfico. Era uno de los delincuentes más buscados en Colombia.
Sin embargo, la mayor muestra de que Bolivia fue convertida en una especie de “santuario” para los narcotraficantes y miembros de organizaciones criminales internacionales se produjo el 13 de marzo de este año en Santa Cruz con la captura de Sebastián Marset, quien también mantenía vínculos con el PCC. El uruguayo, que contaba con múltiples documentos de identidad bolivianos, se encontraba prófugo desde finales de julio de 2023, cuando escapó de un operativo policial ejecutado en su domicilio. La última batida policial, donde se logró su captura, se realizó bajo estrictas medidas de confidencialidad para evitar una “fuga de información” que alertara al hombre que presuntamente gozaba de protección. Tras su captura, Marset fue expulsado a Estados Unidos, donde está detenido esperando una condena de la justicia estadounidense por lavado de activos.
Una investigación realizada el año pasado por el medio de comunicación brasileño O Estado de Sao Paulo y el Ministerio Público de Brasil llegó a la conclusión de que Bolivia es el tercer país con mayor número de miembros del PCC. De acuerdo con las pesquisas, en el territorio nacional se encuentran 146 de sus integrantes, de los cuales 75 se encontraban presos y otros 71 se encontraban libres.
Por su lado, el Comando Vermelho opera en Bolivia principalmente como una facción transnacional de narcotráfico enfocada en el control de rutas de provisión de cocaína hacia Brasil, usando territorio boliviano como base logística y refugio estratégico.
Sobre la presencia de grupos del crimen organizado internacional en Bolivia, el periodista brasileño y actual director ejecutivo del Center for a Secure Free Society con sede en Washington, Leonardo Coutinho, afirmó que “en ciertos países, el crimen organizado dejó de ser una actividad clandestina que corrompe el Estado desde afuera. Pasó a ser parte del propio Estado y de sus políticas. Muy diferente del concepto del narcoestado, donde los criminales ejercen influencia exógena sobre el sistema, en Bolivia las instituciones del Estado pasaron a ejercer las funciones del capo criminal”.