El sábado 9 de mayo, Cochabamba fue el escenario de un gran desfile retórico. Más de 600 autoridades —gobernadores, alcaldes, legisladores, líderes sociales y empresariales— se reunieron bajo el rótulo de "Acuerdo Nacional para la Estabilidad y las Reformas", convocados por el presidente Rodrigo Paz con la promesa de sentar las bases del futuro del país.
El presidente dijo que "la patria es el futuro, no el pasado". Bien dicho. El problema es que tampoco fue el presente —ese que está escrito en la Ley— porque fue ignorado con elegancia quirúrgica. Empecemos con lo que nadie dijo en el estrado: existe un mecanismo legal de coordinación intergubernamental que lleva más de quince años vigente y fue sistemáticamente ignorado.
El artículo 121 de la Ley N° 031 – Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" establece los mecanismos de coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas. El primero y más importante: el Consejo Nacional de Autonomías (CNA), diseñado específicamente para coordinar políticamente al gobierno central con gobernadores, alcaldes y autoridades indígenas.
A ese consejo se suman: La coordinación técnica del Servicio Estatal de Autonomías (SEA), El Sistema de Planificación Integral del Estado, Los Consejos de Coordinación Sectorial, La coordinación financiera intergubernativa y los acuerdos y convenios intergubernativos.¿Alguien mencionó alguno de estos instrumentos en la cumbre? No. Nadie.
El artículo 124 de la Ley 031 es más preciso aún: el CNA debe reunirse ordinariamente al menos dos veces al año, puede sesionar extraordinariamente a solicitud de un tercio de sus miembros, sus acuerdos se toman por consenso y se traducen en convenios intergubernativos vinculantes. Tiene Secretaría Técnica, reglamento interno, estructura y procedimiento. Lo que no tiene, al parecer, es quien lo active.
Lo que ocurrió en Cochabamba no fue una sesión del CNA. Fue una cumbre convocada discrecionalmente por el Ejecutivo, sin invocar el mecanismo legal, sin actas de convenio intergubernativo, sin compromisos vinculantes, y con resultados que —hasta ahora— se reducen a una lista de anuncios y la conformación de comisiones.
A propósito de esto, el tratadista Max Weber distinguió tres tipos de autoridad legítima: tradicional, carismática y racional-legal. En los Estados modernos, la que da sostenibilidad a la dominación política es precisamente la racional-legal: aquella fundada en la norma, el procedimiento y la institucionalidad. El gobernante manda porque la ley lo habilita, y en esa misma medida, gobierna dentro de los cauces que ella traza.
Cuando el presidente Paz convoca una cumbre nacional de coordinación intergubernamental —sin activar los mecanismos legales previstos para ese fin— no comete un error administrativo menor. Está deslizándose desde la legitimidad racional-legal hacia una legitimidad carismática o coyuntural: "yo convoco porque tengo voluntad política y el momento lo exige".
Ese tipo de autoridad advertía Weber, se desgasta rápido porque no descansa en instituciones sino en personas. Y las personas pasan. Las instituciones permanecen.
Aquí aparece la paradoja más reveladora: el mismo presidente que anuncia una demanda ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra varios artículos de la Ley de Autonomías por ser "candados que limitan la gestión", incumple simultáneamente los artículos de esa misma ley que facilitan la coordinación. La lógica es simple: si la norma le incomoda, que la reforme. Si no la ha reformado, que la cumpla. No se puede denunciar la ley a la mañana y esquivarla a la tarde.
Lo que Bolivia presenció el sábado fue una expresión refinada de lo que el politólogo Albert Hirschman llamaría la trampa del discurso de la intransigencia: la tendencia de los actores políticos a reciclar diagnósticos dramáticos —"el país está quebrado", "hay fractura social, política y moral", "las instituciones están erosionadas"— como sustituto del trabajo técnico de formular políticas concretas, medibles y con plazos definidos.
El presidente Paz llegó a Cochabamba con 10 proyectos de ley anunciados. Pero proyectos de ley no son políticas públicas en ejecución. Son intenciones legislativas que deben pasar por la Asamblea, comisiones, debate, promulgación y reglamentación. Mientras tanto, las preguntas concretas quedan sin respuesta: ¿Cuáles son las medidas de corto plazo para el municipio que no puede pagar sueldos?; ¿Cuál es el cronograma para la gobernación con proyectos paralizados?; ¿Cuándo y cómo se incrementarán los 2.200 millones de bolivianos prometidos a los gobiernos subnacionales?
Una cumbre sin actas vinculantes, sin indicadores de seguimiento, sin plazos comprometidos y sin mecanismos de rendición de cuentas no es un instrumento de gobernanza. Es un acto simbólico. Los actos simbólicos son necesarios en política, pero no pueden reemplazar a la gestión.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció "mayor libertad presupuestaria" y que las gobernaciones y municipios no tendrán que "peregrinar a La Paz por un trámite presupuestario". Bienvenido el anuncio. Pero si el diagnóstico es que la Ley de Autonomías "cercenó" competencias regionales durante años, la pregunta es inevitable: ¿por qué esperaron una cumbre política y no activaron el CNA desde el primer día de gestión?
La crítica técnica no es negación del diálogo. Es la exigencia de que ese diálogo sea institucional, sostenible y con consecuencias jurídicas reales. La Ley 031 ya tiene los instrumentos: a) Convocar formalmente al CNA (arts. 122-124 Ley 031) con agenda pública, actas y acuerdos vinculantes; b) Activar los Consejos de Coordinación Sectorial en las áreas críticas: salud, energía, inversión, justicia; c) Suscribir convenios intergubernativos con compromisos medibles entre el nivel central y los gobiernos subnacionales; d) Fortalecer el SEA como instancia técnica de monitoreo y coordinación; e) Establecer un tablero de indicadores de cumplimiento de los anuncios de la cumbre, con responsables y fechas.
Si el Gobierno quiere que Cochabamba sea un hito histórico y no una fotografía más del archivo de las promesas, la hoja de ruta está escrita desde 2010. Solo hace falta leer la ley. Bolivia no necesita más diagnósticos. El país sabe que está en crisis. Lo que necesita es que quienes gobiernan construyan —aunque sea a tropiezos— la arquitectura institucional que haga sostenible la salida. Weber lo resume mejor que nadie: el Estado moderno no es el que tiene el gobernante más carismático o el discurso más encendido. Es el que logra que la legalidad se convierta en el hábito cotidiano del poder.
Cochabamba fue un gran encuentro. Ahora falta lo más difícil: que lo acordado se convierta en acta, el acta en decreto, el decreto en ejecución, y la ejecución en un boliviano que recibe un servicio mejor mañana que ayer. Mientras eso no ocurra, la cumbre habrá sido —como tantas otras— un espejo en el que Bolivia se vio, pero no se reconoció.
(*) Delmar Apaza es abogado y politólogo