Bolivia atraviesa una crisis que dejó de ser únicamente social o política. Lo que ocurre en las calles, en los bloqueos y en los cercos ya tiene características mucho más profundas y peligrosas. El presidente Rodrigo Paz Pereira anunció la creación de un “consejo económico y social” para atender demandas legítimas de distintos sectores, pero trazó también una línea clara: no dialogará con vándalos ni con quienes buscan imponer el miedo mediante la violencia y el caos.
La precisión importa. Protestar es un derecho democrático. Saquear, atacar policías, destruir bienes públicos y privados, amedrentar vecinos y forzar bloqueos mediante amenazas no lo es. En los últimos días, diversas agrupaciones ultrarradicales han convertido calles y carreteras en espacios de coerción donde muchas personas son obligadas a participar bajo chantajes y presiones. Esa lógica no responde a una movilización democrática, sino a mecanismos de desestabilización que erosionan la convivencia y el Estado de derecho.
El propio Gobierno, junto a representantes de países amigos, ha denunciado que Bolivia enfrenta un intento de golpe de Estado. La afirmación puede parecer dura, pero merece una reflexión seria. Los métodos cambian con el tiempo. Las tanquetas militares del siglo pasado han sido reemplazadas por piedras en las carreteras, cercos a ciudades, violencia callejera y grupos organizados que buscan paralizar el país hasta provocar la caída de un gobierno legal y legítimamente elegido. El objetivo, sin embargo, es el mismo: quebrar el orden constitucional mediante la presión y el caos.
También resulta preocupante la naturalización de ciertas conductas violentas bajo el argumento de la “lucha social”. Ninguna causa democrática puede sostenerse sobre el miedo de vecinos encerrados, comerciantes amenazados o ciudadanos impedidos de circular libremente. Cuando el derecho a la protesta aplasta los derechos de los demás, deja de ser una expresión legítima de participación y comienza a transformarse en un mecanismo de imposición.
Eso no significa negar la existencia de demandas reales ni desconocer el desgaste que enfrenta el Gobierno. Los conflictos acumulados, la prolongación de las protestas y los daños económicos ya son demasiado graves. La paralización golpea al transporte, al comercio, a la producción y a miles de familias que viven del trabajo diario. En política, los errores se pagan caro, y el Ejecutivo deberá hacer una autocrítica seria sobre decisiones tardías, falta de anticipación y señales ambiguas frente a una crisis que requería respuestas más firmes y oportunas.
Por eso resulta importante la posición asumida por sectores institucionales como Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, que diferenciaron con claridad entre quienes construyen país y quienes lo bloquean. Nadie sensato pide represión indiscriminada. Pero la tibieza y la ausencia de autoridad también terminan debilitando la democracia. Gobernar implica dialogar, sí, pero también garantizar el orden público y proteger a la ciudadanía.
En ese contexto, el respaldo expresado por la Organización de los Estados Americanos a la preservación del régimen democrático y al respeto del Estado de derecho adquiere relevancia. Bolivia necesita desactivar la espiral de confrontación antes de que las heridas institucionales sean más profundas.
La historia enseña que las democracias no solo caen por golpes militares. También pueden desgastarse lentamente cuando el miedo, la violencia y la intimidación sustituyen al debate y la legalidad. Y frente a ese riesgo, la firmeza democrática deja de ser una opción para convertirse en una obligación histórica.