Frente a la situación de conflictividad en el país, la Defensoría del Pueblo de Bolivia y 97 instituciones expresaron su profunda preocupación por los hechos recientes. A través de un pronunciamiento conjunto, las instituciones reafirmaron que la democracia constituye el pilar de la convivencia entre bolivianas y bolivianos, y que ningún interés político, económico o sectorial puede justificar acciones que vulneren derechos humanos o debiliten el estado de derecho.
Entre las principales preocupaciones identificadas se encuentran los bloqueos de carreteras que afectan el abastecimiento de alimentos, combustibles y el acceso oportuno a servicios de salud, situación que pone en riesgo derechos fundamentales como la vida, la salud y la integridad personal, particularmente de poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, el pronunciamiento advierte sobre hechos de violencia registrados en marchas y movilizaciones, entre ellos daños a instituciones, agresiones contra periodistas y efectivos policiales, así como el uso de explosivos, situaciones que ponen en riesgo la seguridad e integridad de la población y contravienen los estándares internacionales del ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no violenta. Estos hechos afectan, además, derechos como la libertad de prensa, el acceso a la información y la seguridad ciudadana, afirman.
La Defensoría del Pueblo y las instituciones firmantes también expresaron preocupación por los llamados públicos a desbloqueos violentos y por discursos que promueven odio, discriminación y confrontación, así como por actos de estigmatización y amedrentamiento dirigidos contra organizaciones de la sociedad civil que acompañan las reivindicaciones de pueblos indígenas de Beni y Pando.
El documento también alerta sobre la circulación de desinformación, noticias falsas, amenazas, prejuicios y estereotipos que vulneran el derecho a la información y profundizan la polarización social.
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo y las instituciones exhortaron a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como a los actores políticos y sociales, a preservar el Estado de Derecho y asumir con responsabilidad el respeto irrestricto de la dignidad humana, los principios democráticos y los derechos humanos.
“La violencia y la confrontación sólo profundizan las heridas sociales. El camino debe ser el diálogo plural e inclusivo, la negociación informada y colaborativa y el respeto mutuo”, señala el documento.