En tiempos de frustración, la democracia suele ser acusada de lenta, ruidosa e incapaz de resolver problemas. Pero la evidencia muestra que debilitarla suele salir más caro que tolerar sus imperfecciones.
Un estudio muy reciente del FMI señala que romper el orden democrático rompe confianza, inversión y previsibilidad, con un efecto de 5% menos en la producción acumulada a cinco años de la ruptura.
Cuando la política deja de procesarse con reglas y pasa a resolverse por la fuerza, los países pierden vidas, capital humano y capacidad estatal. Paul Collier estimó que una guerra civil puede reducir el PIB en torno a 15% durante una guerra promedio de siete años.
La alternativa a la democracia rara vez es el orden. Con frecuencia es más arbitrariedad, más violencia y menos desarrollo. Giovanni Sartori lo planteaba con claridad: el valor de la democracia está en limitar el poder arbitrario. Su promesa no es producir gobernantes perfectos, sino permitir que la ciudadanía los elija, los controle y los reemplace en paz.
También hay una razón económica para defenderla. Los premios Nobel de economía Acemoglu y Robinson (2019) encuentran que una transición democrática puede elevar el ingreso por habitante alrededor de 20% en 25 años frente a permanecer en no democracia. La explicación es institucional: las democracias tienden a ampliar educación, bienes públicos, rendición de cuentas y previsibilidad.
El problema es que la democracia atraviesa un momento difícil y la autocratización contemporánea no siempre llega con tanques en las calles. A veces avanza por vías más silenciosas: justicia debilitada, prensa presionada, contrapesos erosionados, instituciones colonizadas y competencia electoral vaciada desde adentro.
América Latina sigue siendo la región en desarrollo más democrática. Pero, el reporte reciente 2026 de PNUD advierte que esa fortaleza convive con insatisfacción ciudadana, polarización, crimen organizado, desinformación, desigualdad y capacidades estatales limitadas.
Bolivia expresa bien esa tensión. Según la base de datos V-Dem, el país conserva una democracia electoral, con sufragio amplio, autoridades electas, participación social y gobiernos subnacionales. Pero una mirada más profunda sugiere que Bolivia vota, pero controla débilmente al poder.
La base de datos DPI del BID confirma el mismo problema desde otro ángulo: hay competencia electoral formal, pero pocos contrapesos efectivos. Otra fuente, LAPOP 2023 de la Universidad de Vanderbilt, añade la mirada ciudadana: 89% de los bolivianos reportó haber votado y 53% participa en reuniones comunitarias, pero apenas 28% dijo estar satisfecho con la democracia. La sociedad participa; las instituciones no convencen.
La coyuntura actual vuelve ese diagnóstico menos abstracto. Bolivia enfrenta una combinación delicada de escasez, bloqueos, paralización generalizada, inflación, incertidumbre económica y disputa política. Cuando un conflicto social se vuelve al mismo tiempo económico, territorial, logístico e institucional, la democracia no se rompe necesariamente, pero se desgasta mucho.
El riesgo más serio no siempre es el colapso inmediato. Es la acumulación de fatiga social, bloqueos prolongados y pérdida de confianza en que las instituciones puedan ordenar la crisis. En ese punto, la democracia pierde oxígeno: la ciudadanía deja de verla como el espacio para resolver problemas y empieza a verla como parte del problema.
Por eso, la respuesta no puede ser menos democracia. Debe ser mejor democracia: independencia electoral, justicia confiable, partidos programáticos, financiamiento político transparente, órganos de control efectivos y un Estado capaz de proteger derechos en todo el territorio.
También hacen falta resultados. Una democracia que no ofrece seguridad, empleo, servicios públicos, abastecimiento y oportunidades pierde legitimidad cotidiana. Pero un país que abandona la democracia pierde algo todavía más profundo: libertad, previsibilidad y la capacidad de corregir errores sin romperse.
(*) Pablo Mendieta es economista