Por primera vez han sido elegidos los Legislativos y Ejecutivos de las autonomías sin que el gobierno nacional esté controlado por el MAS. Es una gran oportunidad para que avancemos hacia una verdadera descentralización, condición indispensable para el desarrollo de Bolivia.
Y, como bien lo demuestra la teoría de la descentralización (ver una síntesis en Finot I. 2001 CEPAL) -y estamos de acuerdo los especialistas del país en el tema- para que ésta coadyuve efectivamente al desarrollo, debe primar el principio de subsidiariedad.
¿Qué es el principio de subsidiariedad? – Que las organizaciones políticas territoriales –las autonomías y los Estados- sólo se ocupen de proveer los bienes y servicios de los que los ciudadanos no pueden proveerse privadamente o a través de organizaciones sociales territoriales, y aplicar este principio también a los distintos niveles.
Que las autonomías municipales sólo provean aquello que no puede ser mejor provisto por las juntas de vecinos y las comunidades campesinas; las autonomías departamentales, lo que no puede ser mejor suministrado por las municipales, y el gobierno nacional sólo aquello que no puede ser mejor provisto por las autonomías departamentales.
Las competencias de cada nivel del Estado deben ser definidas bajo este principio. En esto la Constitución en vigencia y la Ley Marco de Autonomías (2010) ya han avanzado bastante, pero hay que mejorar.
Y también terminar de definir cómo se financiará en cada nivel la provisión de bienes y servicios que le corresponda. Bajo el principio de subsidiariedad, es indispensable que sean los ciudadanos los que decidan, directamente o a través de sus representantes, con cuánto contribuirán a la provisión de bienes públicos en cada nivel subnacional.
En las juntas de vecinos y comunidades campesinas cada miembro ya contribuye con trabajo, materiales y dinero proporcionalmente al beneficio que recibirá. Y las autonomías municipales, también cuentan con ingresos propios desde la Ley de Participación Popular (1994): impuestos sobre la propiedad de inmuebles y vehículos, y contribuciones especiales. Falta que tengan la facultad de definir autónomamente las alícuotas -o porcentajes sobre las bases de esos impuestos y moneticen las contribuciones.
Pero las autonomías departamentales -ya lo he mencionado en otras ocasiones- no cuentan con impuestos adecuados, y ésta es la oportunidad para que cuenten con ellos: el impuesto más conveniente es uno que tenga como base los ingresos de las personas.
Bolivia es el único país de América Latina que aún no cuenta con un verdadero impuesto sobre ingresos personales, el más importante para promover la equidad social, y ahora podríamos tenerlo haciendo que el nivel nacional comparta esta base tributaria con las autonomías departamentales y creando un impuesto para este nivel, en el que cada una de ellas pueda establecer con plena libertad las respectivas alícuotas y lo cobre directamente.
Cumplida la condición de que los ciudadanos aporten a sus autonomías, las transferencias territoriales deben ser subsidiarias respecto a esos aportes: proporcionales a las respectivas recaudaciones, pero, a fin de garantizar igualdad de oportunidades, medidas en función del respectivo ingreso promedio de los habitantes. El gran estímulo para que los ciudadanos aporten a sus autonomías será que, cuanto más contribuyan, mayores serán las transferencias que recibirán para su desarrollo regional.
¿Y qué hacer con salud y educación? - En este caso, bajo el principio de subsidiariedad el bien público consiste en garantizar un acceso mínimo similar a todas las personas, independientemente de donde vivan, a través de subsidios, a la oferta y a la demanda. Las autonomías deben destinar a estos sectores porcentajes fijos de sus ingresos y, además, contar con transferencias adicionales destinadas a lograr el objetivo señalado.
Actualmente las transferencias no son ni subsidiarias ni equitativas, particularmente las que provienen del Impuesto Directo sobre Hidrocarburos que, además, desestimula la inversión en exploración. Este impuesto debe ser modificado y todas las transferencias provenir de porcentajes iguales de todos los impuestos nacionales.
Según un trabajo que realicé con un enfoque más conservador que el aquí propuesto (publicado por FES-PLURAL en 2016), el gobierno nacional sólo ejecutaría el 51% de gasto público, muy próximo al 50/50 que propone el presidente Rodrigo Paz.
(*) El autor se desempeñó en la CEPAL como experto en Descentralización de 1993 a 2007.