Cuarenta y seis días después del inicio de la crisis política y social que mantuvo al país al borde del colapso, los puntos de bloqueo se redujeron de más de 90 a 70. ¿Es motivo de celebración? Difícilmente. Tampoco de alivio. La disminución de los cortes de ruta no modifica el balance de una crisis que ha dejado pérdidas económicas millonarias, desabastecimiento, deterioro institucional y una sociedad profundamente tensionada.
Todo indica que el cerco que durante semanas aisló ciudades enteras está llegando a su fin. Pero conviene evitar interpretaciones complacientes. Lo que parece estar ocurriendo no es el resultado de una exitosa estrategia de diálogo ni de una construcción política basada en consensos. Más bien, el conflicto parece agotarse por desgaste, cansancio y falta de capacidad de sostener una confrontación que terminó golpeando a todos. La narrativa oficial podrá insistir en otra explicación, pero los hechos muestran una realidad distinta.
Ahora la pregunta relevante ya no es qué ocurrió durante estas semanas. La verdadera interrogante es qué ocurrirá a partir de ahora. Porque en esta crisis no hubo vencedores. Perdió la economía. Perdieron miles de familias que vieron interrumpidas sus actividades. Perdieron las instituciones, incapaces de prevenir o contener oportunamente el conflicto. Y perdió la democracia, sometida nuevamente a la lógica de la presión, la confrontación y la imposición.
El Gobierno realizó acusaciones de enorme gravedad que ahora está obligado a respaldar con pruebas. El presidente, su vocero y varios ministros afirmaron de manera reiterada que detrás de las movilizaciones existía financiamiento vinculado al narcotráfico. Si esas denuncias son ciertas, corresponde identificar, procesar y sancionar a autores, cómplices y encubridores. Si no lo son, el país merece una explicación.
La misma exigencia alcanza a las declaraciones realizadas por el canciller del Estado sobre una presunta participación de organizaciones no gubernamentales en acciones orientadas a desestabilizar al Gobierno.
Otro aspecto que no puede quedar impune es la aparición de grupos armados durante el conflicto. Las imágenes difundidas desde distintos puntos del país, particularmente en San Julián, mostraron a individuos portando armas de grueso calibre e incluso respondiendo con disparos a las fuerzas policiales.
Corresponde identificar a esos grupos, desarticular cualquier estructura organizada y poner a sus responsables a disposición de la justicia.
Del mismo modo, debe esclarecerse la participación de civiles en tareas que corresponden exclusivamente a las fuerzas del orden. No se trata de simples irregularidades administrativas. Son conductas que, de comprobarse, podrían constituir faltas graves o delitos que afectan principios esenciales del Estado democrático.
Por otro lado, el presidente Rodrigo Paz tiene la obligación de evaluar sus aciertos y sus errores. Resulta legítimo preguntarse por qué se buscó respaldo político para aprobar una Ley de Estados de Excepción que luego no fue aplicada con la firmeza anunciada. O por qué se difundieron mensajes convocando a la ciudadanía a actuar frente a los bloqueos para después retirarlos.
La crisis dejó además otra evidencia difícil de ignorar: no todos los miembros del gabinete han estado a la altura de las circunstancias. Algunos demostraron capacidad de gestión y liderazgo. Otros exhibieron limitaciones preocupantes en uno de los momentos más complejos que ha enfrentado la actual administración.
Si las lecciones de estos 46 días, o más, son ignoradas; si las responsabilidades no se esclarecen y si la política vuelve a refugiarse en la autocomplacencia, entonces el sufrimiento colectivo que acaba de vivir Bolivia no habrá sido una excepción. Habrá sido apenas una antesala de algo peor.