Hace casi 25 años fui asistente de Felipe Larraín y Andrés Velasco, exprofesores en la Universidad de Harvard y luego ministros de Hacienda en Chile. Los colaboré en los últimos detalles de su artículo “Política cambiaria en países emergentes”, publicado en una serie de la universidad de Princeton. De ese trabajo rescato una idea vigente para países como el nuestro: la pregunta no siempre es si flotar o no, sino cómo flotar.
Un tipo de cambio fijo puede funcionar. Pero requiere reservas suficientes, disciplina fiscal y confianza en que la autoridad sostendrá la regla. Cuando esas condiciones se pierden, deja de ser ancla y se convierte en promesa difícil de cumplir.
Jeffrey Frankel lo resumió con una frase útil para evitar dogmas: ningún régimen cambiario sirve ni para todos los países ni para todo momento. Es decir, no hay receta universal; hay circunstancias y costos.
La experiencia internacional da pistas. Tailandia, Indonesia, Corea, Brasil, Rusia, Ecuador y Turquía enfrentaron crisis cuando sus regímenes fijos dejaron de ser creíbles. Defender el tipo de cambio costó reservas, elevó tasas de interés y terminó en depreciaciones. En cambio, Chile, México y Brasil absorbieron mejor los shocks externos cuando avanzaron hacia mayor flexibilidad con política seria.
El Premio Nobel de economía 1976 Milton Friedman explicaba la ventaja de la flexibilidad con una analogía sencilla. En varios países se cambia el horario dos veces al año: en verano se adelanta el reloj para aprovechar mejor la luz del día y luego se vuelve al horario previo. Sería absurdo pedir a cada colegio, empresa, banco, comercio y familia que modifique una por una sus rutinas. Es más simple mover el reloj común.
En economía pasa algo parecido. Si el tipo de cambio real necesita ajustarse, puede ser menos costoso mover el tipo de cambio nominal que forzar el ajuste mediante escasez de dólares, pérdida de reservas, caída de actividad, desempleo o baja de precios y salarios.
Ahora vayamos a Bolivia. Durante años confundimos estabilidad con inmovilidad. Pensamos que mientras el dólar oficial no cambiara, la economía estaba estable. Pero una empresa no necesita solo una cotización. Necesita acceder a divisas para importar insumos, pagar deuda, reponer inventarios y cumplir contratos. Si el precio oficial existe, pero los dólares no están disponibles a ese precio, la estabilidad es aparente.
Eso fue lo que ocurrió. Desde febrero de 2023, el tipo de cambio oficial anterior perdió vigencia operativa. Aparecieron restricciones, brechas, referencias alternativas y mercados paralelos. Muchas operaciones ya se hacían con otro precio. En los hechos, la economía se flexibilizó antes que la norma.
Por eso, la flotación administrada no debe leerse como una devaluación nueva, sino como un sinceramiento. Reconoce legalmente una referencia que el mercado ya usaba. Su efecto adicional sobre precios y comercio será menor al de una devaluación clásica, porque parte de esos costos ya estaba incorporada. El impacto será acotado a la parte financiera, contable y operativa.
Defender el tipo fijo anterior ya no era una alternativa realista. Habría requerido reservas no disponibles o más restricciones al acceso de divisas. En términos simples: era defender lo indefendible.
Además, el costo de pasar de una flexibilidad de facto a una flexibilidad de jure es menor. No se cambia desde cero el sistema de precios. Se alinea el tipo de cambio legal, operativo y contable. Eso permite medir de mejor forma los riesgos.
El nuevo régimen no resolverá por sí solo los desequilibrios. Su éxito dependerá de un programa integral: consolidación fiscal, financiamiento externo, generación de divisas e institucionalidad monetaria creíble. Sin eso, con el nuevo régimen o con el anterior, los desequilibrios seguirán apareciendo.
La discusión que falta en Bolivia no es cómo volver a fijar artificialmente un precio que ya no ordenaba la economía. Es cómo construir un régimen cambiario creíble dentro de una macroeconomía ordenada.
(*) Pablo Mendieta es economista