“Magnifica humanitas” es el título de la encíclica del papa León XIV y puede traducirse interpretativamente como la grandeza de lo humano. Aunque el documento se refiere a esta dignidad frente a la inteligencia artificial, el título sirve también para recordarnos al país una verdad más amplia: la grandeza del ser humano independientemente de su condición.
Es decir, ninguna persona vale menos que otra por su origen, apellido, color de piel, región, idioma, condición social, nacionalidad o posición política. Es una de las ideas más profundas de la civilización moderna y de las líneas de pensamiento asociadas.
Por ejemplo, la tradición católica lo ha dicho varias veces. Juan XXIII vinculó la paz con derechos y deberes que nacen de la dignidad de cada persona. Juan Pablo II insistió en que el ser humano nunca puede ser reducido a instrumento. Benedicto XVI recordó que no hay verdadero desarrollo si no alcanza a toda la persona y a todas las personas. Y Francisco denunció la cultura del descarte o tratar como sobrantes a pobres, ancianos, migrantes, enfermos o adversarios.
Esa intuición no es solo católica. Desmond Tutu, arzobispo anglicano sudafricano, lo expresó desde el Ubuntu: la humanidad propia está inseparablemente unida a la del otro. Es decir, si rebajo al otro, también rebajo mi propia humanidad; y, si niego su dignidad, empobrezco la mía.
También existe una formulación civil y laica muy poderosa: toda persona debe ser tratada siempre como un fin y nunca solo como un medio. Ese viejo principio ilustrado pasó al lenguaje moderno de los derechos humanos: todos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
Bolivia tiene esta idea escrita en sus constituciones. La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. El problema es que muchas veces ambas se quedan en el papel. En la vida diaria, a unos se los atiende primero y a otros se los sospecha primero. Unos son tratados como ciudadanos completos; otros no.
Tenemos normas que proclaman igualdad, pero prácticas que distribuyen respeto de forma desigual. A veces por color de piel, acento, apellido, posesiones, lugar de origen o por pensar distinto.
Comparto esta reflexión porque una pariente mía que vive en La Paz me contó que una campesina le dijo que las provincias paceñas valían más que el resto del país porque ellos eran los verdaderos dueños del país, no aquellos que vivían en ciudades y tenían apellidos de colonizadores. Me pareció un verdadero atentado a la igualdad de la dignidad humana.
No obstante, se debe reconocer que campesinos e indígenas han sido excluidos históricamente. Viene a mi mente el documento que presenta los resultados del censo de 1900, donde la población fue clasificada en razas, se usaron categorías como “salvajes”, y se proyectó la reducción de la población indígena como si fuera un desenlace natural. Esa mirada formaba parte de un clima intelectual que muchas veces asociaba lo indígena con atraso, ignorancia o resistencia al progreso. Otro atentado.
Hoy, la dignidad humana exige mirar de frente las heridas históricas, el racismo y las desigualdades reales. Pero también exige no responder con nuevas humillaciones colectivas como la descrita. Nadie debe ser tratado como menos por pertenecer a un grupo, ni como culpable por su origen, ni como inferior por su historia.
Bolivia necesita unir dos verdades que demasiadas veces se presentan como enemigas. La primera: hay exclusiones históricas que deben ser reparadas. La segunda: toda reparación debe respetar la igualdad de cada persona ante la ley, sin revancha, sin privilegios arbitrarios y sin denigrar a otros.
La dignidad no niega las diferencias. Las ordena. Nos recuerda que el otro puede venir de otra región, hablar distinto, votar distinto, tener otra historia o haber nacido fuera del país. Pero no vale menos.
Una sociedad empieza a sanar cuando deja de preguntarse quién merece ser tratado como persona y acepta, de una vez, que nadie está fuera de esa respuesta.
Esa es, de veras, la magnífica humanidad.
(*) Pablo Mendieta es economista