El debate sobre el cierre o la fusión de empresas públicas deficitarias en Bolivia ha dejado de ser ideológico para convertirse en una urgencia fiscal. Tras casi dos décadas de expansión estatal durante los gobiernos del MAS, el país enfrenta hoy el costo acumulado de un modelo que privilegió la creación de empresas como instrumento de política económica, muchas veces sin sostenibilidad financiera.
Los datos recientes son elocuentes habida cuenta que al menos 15 empresas estatales se encuentran en quiebra técnica y acumulan pérdidas por alrededor de 2.655 millones de bolivianos. En un universo de 67 firmas creadas en gran parte durante las gestiones de Evo Morales y Luis Arce, la mayoría opera con números en rojo, lo que evidencia problemas estructurales más allá de coyunturas específicas.
Entre las empresas más deficitarias aparecen nombres emblemáticos del modelo estatal tales como Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Mi Teleférico, Boliviana de Aviación (BoA) y la propia YPFB. Solo en 2025, la estatal petrolera registró pérdidas por más de 250 millones de bolivianos, seguida por YLB y Mi Teleférico con déficits también significativos. A ellas se suman otras como la Empresa Pública Quipus, Yacana, B-Agro o la metalúrgica Karachipampa, que arrastran pérdidas acumuladas y altos niveles de endeudamiento.
El problema no se limita a la operación porque también está el costo de implementación. Proyectos como Mi Teleférico demandaron inversiones cercanas a los 1.022 millones de dólares, mientras que YLB superó los 1.344 millones de dólares sin alcanzar aún retornos proporcionales. En conjunto, el Estado llegó a invertir decenas de miles de millones de bolivianos en plantas industriales y empresas públicas, con resultados dispares y, en muchos casos, deficitarios.
En este contexto, la decisión gubernamental de acelerar el cierre o la fusión de estas empresas -reduciendo el plazo político y técnico de 90 a 30 días- refleja más una presión fiscal que una planificación estratégica. El ajuste del cronograma sugiere urgencia, pero también abre interrogantes sobre la calidad del diagnóstico y la viabilidad de las soluciones. Reestructurar, liquidar o fusionar empresas públicas no es un trámite administrativo puesto que implica auditorías, evaluación de activos, análisis de impacto social y negociación laboral.
El riesgo de un proceso apresurado es doble. Por un lado, se puede caer en decisiones políticamente rentables pero técnicamente débiles, como cierres sin reconversión productiva. Por otro, se puede perder la oportunidad de distinguir entre empresas inviables y aquellas que, pese a pérdidas actuales, cumplen funciones estratégicas o sociales.
El desafío de fondo no es solo reducir el déficit, sino redefinir el rol del Estado empresario. Expertos coinciden en la necesidad de evaluaciones técnicas integrales que determinen qué empresas deben cerrarse, cuáles reestructurarse y cuáles mantenerse con subsidios explícitos. Sin esa diferenciación, el ajuste corre el riesgo de ser indiscriminado.
Bolivia enfrenta así un punto de inflexión. El cierre o fusión de empresas deficitarias puede aliviar las cuentas públicas en el corto plazo, pero también marcará el fin de una etapa del modelo económico. La clave estará en si esta transición se hace con criterios técnicos y transparencia, o bajo la presión de una crisis que no admite más dilaciones.