En tiempos de crisis, la expresión “Estado de Excepción” suele generar incertidumbre, y es comprensible. Cuando escuchamos que determinadas libertades pueden verse restringidas temporalmente o que el Estado asume facultades extraordinarias, la primera reacción es preguntarnos si la democracia está siendo debilitada.
Sin embargo, un análisis constitucional exige ir más allá de las emociones y comprender la finalidad de esta institución jurídica. La Constitución no fue creada únicamente para organizar el poder, también fue diseñada para enfrentar situaciones extraordinarias que amenacen el orden democrático, la seguridad colectiva o los derechos fundamentales de la población. Precisamente por ello, el Estado de Excepción existe dentro de la propia Constitución.
Pero, ¿qué significa realmente defender la Constitución?
Significa proteger las reglas democráticas, los derechos fundamentales y las instituciones que hacen posible la convivencia en libertad.
Significa garantizar que las diferencias políticas se resuelvan dentro del marco legal, mediante el diálogo y no mediante la fuerza, la violencia o mecanismos ajenos al orden constitucional.
Y, cuando grupos o sectores pretenden alterar el funcionamiento regular de las instituciones democráticas mediante acciones que ponen en riesgo la estabilidad del Estado, corresponde preguntarnos si realmente nos encontramos frente a una amenaza al orden constitucional y si los mecanismos previstos por la ley justifican una respuesta excepcional.
Ahora bien, la historia también nos ha enseñado que muchos abusos se han cometido bajo el argumento de “proteger la democracia”. Por ello, en un Estado Constitucional de Derecho, el Estado de Excepción jamás puede convertirse en un cheque en blanco, y debe tener reglas claras con una aplicación con requisitos estrictos: responder a una amenaza real y extraordinaria, ser temporal, ser proporcional a la situación que se enfrenta, estar sometido a controles constitucionales y respetar el núcleo esencial de los derechos fundamentales.
Entendiendo que la democracia no se mide únicamente por nuestra capacidad de elegir gobernantes, también se mide por nuestra capacidad de preservar las instituciones, exigir el respeto a la Constitución y controlar el ejercicio del poder.
“La fortaleza de una democracia no se mide por la ausencia de crisis, sino por su capacidad de enfrentarlas sin renunciar a la Constitución”.
(*) Carla Stephanie Díaz Villarroel es abogada