Bolivia enfrenta una crisis que va más allá de un conflicto coyuntural entre un gobierno y una organización social. Está en juego si el país seguirá funcionando bajo el principio de que la autoridad emana de la Constitución y del voto ciudadano, o si avanzará hacia un escenario donde la presión de grupos organizados sustituya a las instituciones del Estado.
Durante años, Bolivia ha acumulado una peligrosa debilidad institucional. Los bloqueos de carreteras dejaron de ser mecanismos excepcionales de protesta para convertirse en herramientas capaces de paralizar la economía, afectar el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, e impedir la libre circulación. El narcotráfico y las organizaciones criminales han aprovechado los espacios donde el Estado perdió presencia efectiva, fortaleciendo sus capacidades financieras, logísticas y territoriales.
El conflicto con la Central Obrera Boliviana (COB) debe leerse en ese contexto. En democracia, cualquier organización social tiene derecho a protestar, pero hay una diferencia fundamental entre ejercer ese derecho y usar la movilización para condicionar la continuidad de un gobierno elegido constitucionalmente. El gobierno de Rodrigo Paz mantuvo espacios de diálogo, mientras la COB terminó rechazando la negociación y concentrando su exigencia en la renuncia presidencial: el conflicto dejó de ser una negociación sindical y se transformó en una disputa por el poder político.
Una democracia estable permite discutir salarios, leyes, impuestos o subsidios; eso es parte del debate normal entre Estado y sociedad. Pero ningún gobierno elegido por voto puede negociar su permanencia bajo amenaza de bloqueos indefinidos: la continuidad de un mandato constitucional no puede depender de quién tenga mayor capacidad de paralizar el país. Paz parece intentar demostrar tolerancia democrática —dialogar sin ceder en la legitimidad del mandato—, una estrategia de “diálogo sí, rendición no”. Pero insistir en negociar tras la exigencia de renuncia transmite una señal peligrosa: que la presión callejera funciona y que las organizaciones con capacidad de movilización tienen un poder constituyente paralelo. Cuando un gobierno cede ante esa presión, crea un precedente que cualquier sector puede repetir.
El error principal de la administración Paz no radica en haber agotado las vías del diálogo, sino en no haber demostrado una estrategia institucional clara ni límites firmes frente al avasallamiento de los derechos de las mayorías. Cuando un Estado permite que sus principales ejes viales sean secuestrados durante casi dos meses, transmite un mensaje de desgobierno que ahuyenta de forma duradera la inversión privada —cuyo retraso ya cuesta entre 200 y 400 millones de dólares— y eleva peligrosamente el riesgo país.
Esta inacción no ha sido fortuita; responde a una debilidad de origen. Es legítimo examinar la hipótesis de que el binomio Paz-Lara fue favorecido estratégicamente en el balotaje por sectores del evismo bajo la premisa de que un gobierno carente de estructuras territoriales sólidas y de organizaciones sociales propias sería un adversario predecible, más propenso a ceder que a confrontar, e ideal para ser desgastado desde las carreteras.
La pregunta central no es solo si Paz tiene la capacidad política para enfrentar esta crisis, sino si Bolivia puede permitirse que sus instituciones sigan perdiendo autoridad. Un Estado que no garantiza la libre circulación, la seguridad ciudadana y el acceso a bienes esenciales deja espacios que ocupan grupos con intereses ajenos al bien común, y cuando los bloqueos se prolongan crece el riesgo de que ciudadanos intenten desbloquear por cuenta propia, convirtiendo un conflicto entre el Estado y quienes incumplen la ley en una confrontación entre bolivianos, como mostró 2019. Defender la democracia no significa defender ciegamente a un gobierno, sino defender reglas que deben aplicarse incluso con descontento de por medio.
El desenlace de esta crisis no puede resolverse con un nuevo acuerdo coyuntural y opaco que deje intactas las causas de la inestabilidad. La parálisis actual demuestra que el hiperpresidencialismo boliviano, que hace depender el destino entero de una nación de las virtudes, debilidades o pactos ocultos de un binomio presidencial, está completamente agotado. Un país no puede refundar su estabilidad apostando cíclicamente a la llegada de gobernantes perfectos; debe construir instituciones capaces de sobrevivir y funcionar adecuadamente incluso cuando sus líderes no estén a la altura del desafío.
Por lo tanto, la solución estructural que la sociedad civil y las fuerzas democráticas deben exigir con urgencia al actual gobierno es asumir de manera explícita y formal su carácter de gobierno de transición constitucional. El presidente Rodrigo Paz debe convocar a un gran acuerdo nacional con todas las representaciones políticas de la Asamblea Legislativa con un propósito único e histórico: viabilizar una profunda reforma institucional y constitucional que ponga fin a la concentración absoluta del poder.
Una alternativa a considerar es una transición gradual hacia un sistema semipresidencial moderno, donde exista una separación más clara entre la jefatura del Estado y la conducción diaria del gobierno. En este modelo, el Presidente conservaría funciones esenciales como la representación nacional y la política exterior, mientras que un Primer Ministro, respaldado por una mayoría parlamentaria, asumiría la responsabilidad de la gestión política interna.
La ventaja de este sistema es que permite mayor flexibilidad y estabilidad. Si un gobierno pierde apoyo o capacidad de gestión, puede ser reemplazado mediante mecanismos parlamentarios sin arrastrar al país a una crisis institucional profunda. También reduciría la dependencia absoluta del poder en una sola figura presidencial.
Cualquier propuesta emanada de este consenso histórico legislativo deberá ser refrendada por el voto soberano de la población mediante un referéndum vinculante. Solo transformando la frustración colectiva en un mandato de reforma estructural duradero, Bolivia podrá desmontar el chantaje de los bloqueos periódicos, recuperar la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones y sentar las bases de una democracia moderna y verdaderamente predecible.
(*) Carlos Ibáñez Meier es Ph.D. en Economía